El gobierno salió a precisar el anuncio del discurso del 21 de mayo respecto a la nueva política hídrica. ¿Qué se busca? Que el Estado pueda intervenir cuencas, establecer usos prioritarios y limitar el uso de los derechos adquiridos bajo determinadas circunstancias. Entre los privados creció la preocupación e incluso se habla de expropiación encubierta.

Fue el anuncio más aplaudido del discurso de 21 de mayo el miércoles, pero uno de los más cuestionados el día después.

La intención del Gobierno de reformar el  Código de Aguas -cuerpo legal vigente desde 1981 y modificado en 2005- y de elevar a categoría constitucional el carácter de bien de uso público del agua, fue precisada ayer por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien asumió la vocería de este tema.

De paso, se intentó acallar las críticas que ya comenzaban a surgir desde la mañana.

El ex alcalde expuso cuáles son los objetivos tras este plan: limitar el uso de los derechos de agua bajo determinadas circunstancias -como una sequía- y establecer un orden de prioridad para el consumo.

Detrás de esto está la necesidad de corregir un error histórico sobre todo en cuencas como Copiapó y en menor medida en Limarí y Petorca: el sobre otorgamiento de derechos de agua que genera un problema grave cuando los niveles de los acuíferos bajan fuertemente, como ocurre en casos de sequía.

Si bien no ha sido definido del todo, el ministro adelantó que lo que se privilegiará será en primer lugar el consumo humano. Y en segundo, la pequeña agricultura.

“¿Qué significa que sea primero un bien de uso público? Que se garanticen los consumos humanos y que haya uso prioritario para la pequeña agricultura y después para el resto de las actividades.  Por lo tanto parte de lo que podría hacer el Estado con este esquema es limitar el ejercicio de los derechos cuando se está especulando con ellos”, comentó ayer Undurraga.

En el sector privado se levantó de inmediato un punto. ¿Se está buscando una especie de expropiación de los derechos de agua? El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, señaló que aunque le parece necesario modernizar el sistema, ven un riesgo.

“En cuanto al agua, si bien no vemos inconvenientes con que se declare constitucionalmente que es un bien nacional de uso público, sí causa preocupación que al mismo tiempo se introduzcan en la Constitución medidas que puedan afectar el derecho de propiedad de los recursos hídricos o su ejercicio”, dice el representante de la minería.

Una visión más radical tuvo el presidente de Fedefruta, Juan Carolus Brown, quien sostuvo que un cambio constitucional podría ser muy perjudicial, incluso si lo que se busca es proteger a los propios agricultores.

“Si hay un cambio constitucional sería sumamente grave porque afectaría el derecho de propiedad. Reconozco que hay mal uso de derechos de agua que puede haber motivado la molestia no sólo de este gobierno. Nosotros como agricultores somos usuarios primarios. Nosotros si hacemos alguna acumulación del agua es para matizar nuestro riego. No guardamos el agua para especular. Por lo tanto creo que hay que diferenciar a los usuarios del agua. No es el mismo uso que le damos nosotros que el de una hidroeléctrica”, dice el líder gremial.

A su juicio, el debate que debe instalarse es el de acumular agua, mediante la construcción de nuevos embalses de regadío que permitan enfrentar las épocas de sequía. Esa petición también fue abordada en el discurso presidencial.

Un motivo de preocupación es que los derechos de agua podrían ser caducados, en caso de que no se utilicen o de acuerdo con los parámetros que defina la autoridad.

Pero el ministro Undurraga salió ayer a aclarar esas dudas, pese a lo cual no lo descartó tajantemente.

“Mas bien lo que estamos haciendo es limitar el ejercicio de derechos. Jurídicamente es la solución más fácil de implementar de manera de no generarle al Estado un costo por una expropiación.  Por lo tanto, se plantea la limitación de los derechos en función del bien común”.

A juicio del ministro, uno de los principales problemas que se observan es el hecho de que el criterio de uso que se da se relaciona más bien con el punto de captación que con otro criterio. Esto, porque dado el estado de agotamiento de los acuíferos -sumado al sobre otorgamiento de derechos y a la sequía- quien primero extrae el agua -ejerciendo legitimamente su derecho- deja sin agua a aquellos cuyo punto de captación se encuentra más abajo.

¿Y quiénes están en la alta cordillera? Las mineras.

“Fundamentalmente la minería y las actividades que se realizan mas arriba en el río son los que extraen el agua. Por lo tanto lo que nos parece es que en aquellas cuencas donde haya mayor cantidad de derechos que agua disponible, evidentemente que hay que limitar esos derechos y con criterios de uso prioritarios”, añadió.

El gobierno cree, y así lo dijo Bachelet, que la sequía actual puede prolongarse y convertirse en un estado más bien permanente, lo que justificaría que las prerrogativas que tiene el Estado en épocas excepcionales, como lo es una sequía, queden de manera permanente.

Privilegios para el agro
Algunos expertos que se reunieron ayer en un taller organizado por Libertad y Desarrollo -ver recuadro- manifestaron sus dudas acerca de esa premisa. ¿Por qué privilegiar a la pequeña agricultura y no a otras actividades industriales?

Desde el gobierno no ha habido explicación para ello, pero el ministro Undurraga aclaró que se buscará en el Congreso un consenso para definir las prioridades, aunque a priori, la visión del gobierno es fortalecer a los agricultores.

Según el secretario de Estado, limitar los derechos significa que el costo de la escasez no lo paguen los usuarios ni tampoco la pequeña agricultura, sino que se pague en función de los usos prioritarios que definamos en el Congreso o a lo sumo proporcionalmente. “Pero no puede ser que hoy lo pague la pequeña agricultura”, dijo.

Otro comentario emanado desde el mundo académico y privado es el hecho de que una medida de este tipo debilitará los derechos de aprovechamiento de agua, lo que invariablemente tendrá efectos.

Susana Jiménez, investigadora de LyD, explicó que lo que se dio a conocer en el discurso es sólo el titular, porque lo que se busca es un cambio más de fondo, que se asemejan a los proyectos de ley que están actualmente en el Congreso, y que se estarían reflotando. “Ellos buscan derogar normas constitucionales que garantizan la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento del agua otorgados por el Estado a los particulares (...) Lo anterior puede ser una señal alarmante para todos los agricultores, prestadores de servicios básicos como la luz y el agua y desarrolladores de actividades económicas, como la minería, que verían debilitados sus derechos de aprovechamiento de agua”, comentó.

Precisamente, lo que se hará es levantar un proyecto de ley que fue ingresado durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet al Parlamento, pero que fue bloqueado por el gobierno del ex presidente Piñera, y que buscaba reformar el Código de Aguas.