Uno de los anuncios que resaltó de la Cuenta Pública efectuada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, fue una sustantiva modificación al Código de Aguas, normativa que regula el uso hídrico en el territorio nacional y que data de 1981. 

Durante la ceremonia en el Congreso, la mandataria explicó que "no se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino (por) la sobreexplotación de las cuencas y el mal uso de los derechos de agua", agregando que "es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustativamente el Código de Aguas".

El cambio afecta a los sectores productivos que dependen estrechamente del recurso hídrico como la agricultura, la generación de hidroelectricidad, las sanitarias y las mineras.

El gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, René Muga, precisa que se debe diferenciar el uso no consuntivo del agua que hacen las plantas hidrolétricas respecto del resto de los sectores.    

"Habrá que ver cuál es la iniciativa que el gobierno promueve, pero hoy día lo que es claro es que el agua, de acuerdo al Código de Aguas, es un bien de uso público. Lo que existen son derechos de aprovechamiento, pero estos no son una propiedad privada respecto del recurso, es simplemente tener la posibilidad de tener un derecho que permita su utilización", señala. 

"Aún cuando todos ocupan agua para sus actividades productivas. En el caso de la hidroelectricidad, el agua no se consume, el agua se devuelve. Y por lo tanto, hay una lógica distinta para entender como se utiliza el agua en esta industria que en el resto. Esta es una industria que tiene derechos no consuntivos de agua, a diferencia del resto de las actividades productivas que tiene derechos consuntivos", agrega.

En este contexto, Muga recuerda que en el último cambio que se hizo al Código de Aguas se establecieron multas para aquellas patentes de uso no utilizadas que van aumentando proporcionalmente, duplicándose en la medida que no se ocupan."Eso genera un desincentivo a acciones especulativas de comprar derechos de agua para no utilizarlos y perjudicar al desarrollo de proyectos. Eso ya se legisló", apunta.

El representante de las generadoras señala que algunas de las materias que una modificación al Código de Aguas debería incorporar serían: mejorar la institucionalidad respecto a la definición de políticas y fiscalización de como funciona el mercado del agua, porque hay más 30 instituciones que tienen que ver con los recursos hídricos en el país; mejorar la información que existe, porque hay una desactualización muy grande en términos de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados; y mejorar las actividades de los organismos que administran las cuencas, que son las organizaciones de usuarios o las juntas de vigilancias.

Sin embargo, Muga advierte que bajo la lógica con la cual está estructurado el Código de Aguas, que es entregar derechos para el aprovechamiento, se podría ver afectada la inversión si es que de alguna forma esos derechos pierden vigencia.  

Pese a ello, Muga se muestra tranquilo, porque considera que cualquier tipo de modificación al Código de Aguas debería darse en la misma línea de las propuestas contenidas en la agenda de energía presentada la semana pasada. 

"En la agenda de energía se habla de una apuesta importante por el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país. Incluso se señala que el país tiene el Sistema Interconectado Central 10.000 megawatts potencialmente aprovechable para la inversión hidroeléctrica que tiene que hacerse sobre señales claras de fomento a la inversión", agrega. 
    
En cambio, la visión del sector agrícola es de mayor preocupación. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo manifestó su inquietud por las modificaciones anunciadas al marco institucional de los recursos hídricos. 

"En ese sentido, esperamos conocer pronto los cambios que ella propone al Código de Aguas, y esperamos que se tenga en cuenta el importante y valioso rol que juegan a diario las organizaciones de usuarios en la gestión del recurso, que ha sido fundamental en estos años de escasez y son pieza clave en el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva", señala Crespo.

Luego que ayer la Presidenta Michelle Bachelet confirmara que se modificará el Código de Aguas el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, señaló este jueves que “es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje de como se administra el agua en nuestro país”.

“Hoy las aguas tienen un sistema de derecho privado, y residualmente el Estado tiene un rol muy pequeño y queremos cambiar esa relación de manera tal que el agua sea un bien nacional de uso público, que le permita al Estado garantizar primero el uso del consumo humano y para la pequeña agricultura, y luego para el resto de las actividades. Por ejemplo en aquellos lugares en que hay sequía, como en las Regiones de Atacama, Coquimbo o Valparaíso, el Estado tendrá las herramientas para limitar e intervenir su uso”, explicó el titular del MOP.

Agregó que “estamos trabajando en paralelo en este momento, en la Cámara de Diputados la reforma constitucional, que fue presentada durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, y de la misma forma, ya estamos revisando en la comisión respectiva articulo por articulo el Código de Aguas”.

En esta misma línea de trabajo, por la tarde el Ministro de Obras Públicas, recibió a la Presidenta del Senado, Senadora Isabel Allende, y al Intendente de Tarapacá  Mitchel Cartes, para sostener abordar el estado actual de los recursos hídricos y la situación que enfrentan particularmente los habitantes de la zona norte de nuestro país.