Colocado a la vanguardia en la producción de oro y plata en Latinoamérica, Perú intenta equilibrar el crecimiento del sector minero con la exigencia de mayores estándares de protección ambiental y una mejor redistribución de la riqueza para fortalecer la inclusión social.

El tema es uno de los ejes principales del Gobierno del presidente Ollanta Humala, quien asegura que se ha cambiado la forma en que la industria extractiva se relaciona con la población, que en años anteriores ha generado graves conflictos sociales.

Datos oficiales difundidos la semana pasada, indicaron que Perú es el tercer productor mundial de plata, cobre, zinc y estaño; el cuarto de plomo y molibdeno y el quinto de oro.

En 2013, Perú se mantuvo como el primer productor de oro de Latinoamérica y el quinto del mundo, al registrar 151 toneladas del mineral, mientras que la producción de plata fue de 3.674 toneladas, con lo cual se ubicó como el tercer productor a nivel internacional.

El Gobierno destaca que el país cuenta actualmente con una cartera de proyectos "diversificada" por 60.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones se destinarán a proyectos auríferos y argentíferos.

Estos proyectos, que en gran parte se desarrollarán en regiones sureñas como Puno, Arequipa y Cuzco, se harán con una responsabilidad social y ambiental de alto estándar, según enfatizó el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, durante el 11 Simposium Internacional del Oro y de la Plata, que se celebra esta semana en Lima.

Los proyectos de exploración y ampliación deben desarrollarse en los próximos diez años y se espera que permitirán equilibrar la disminución en los ingresos fiscales, generada por la caída de los precios de los minerales.

Entre los principales proyectos aparecen el de cobre de Toromocho, a cargo de Chinalco, que comprende una inversión de 4.800 millones de dólares en la región centro andina de Junín, así como la también explotación de cobre de Las Bambas, en la región Apurímac, que también requerirá de 5.200 millones de dólares.

Se espera también la ampliación de la mina de molibdeno y cobre de Cerro Verde, en la sureña Arequipa, con una inversión de 4.400 millones de dólares, y de la cuprífera de Toquepala, en Tacna, con un inversión de 800 millones de dólares.

Sin embargo, uno de los proyectos pendientes más ambiciosos es el aurífero y cuprífero de Conga, que debió comenzar a operar en 2011 con una inversión de 4.800 millones de dólares, pero que se paralizó por las protestas de los pobladores de la región norteña de Cajamarca.

El proyecto, a cargo de la norteamericana Newmont, también explotadora de Yanacocha, la mayor mina de oro de Sudamérica, es rechazado por los pobladores, que consideran que afectará las reservas de agua de Cajamarca.

Este caso ha sido emblemático para el desarrollo de la minería en el país, ya que simboliza la lucha de organizaciones sociales y ambientalistas por preservar el entorno natural y lograr que las empresas extractivas mejoren sus programas de desarrollo social y los aportes económicos que entregan al Estado.

Sin embargo, también ha implicado un serio perjuicio económico para Cajamarca, que se ha convertido en la región más pobre del país, afectada por las graves protestas que han propiciado la retirada de las inversiones y la disminución del turismo.

En medio de estos contrastes, el Gobierno peruano reconoce que la riqueza minera va de la mano del crecimiento económico del país, pero también considera que para completar el proceso es necesario desarrollar una política social.

Mayorga ha remarcado que si bien la minería es el gran motor de la economía peruana, las industrias extractivas deben devolver a las comunidades donde se desarrollan una parte sustantiva de su productividad.

Esta semana, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias, dejó claro que la inversión en minería continuará en ascenso, pero también acotó que será "siempre y cuando se den las condiciones de un clima de paz social y se continúe garantizando la estabilidad jurídica".

EFE