En los últimos días comenzó a hablarse de una nueva legislación para los hidrocarburos en Argentina. La realidad es que existe una diferencia sustancial entre las provincias petroleras y la Nación respecto a cómo organizar la crónica y decadente producción de hidrocarburos nacional -acompañada de una formidable caída del stock de reservas comprobadas- que al fin y al cabo es la principal causa por la cual Argentina perdió la apreciada condición de país autosuficiente que exhibió nuestro país a partir de 1989 y mantuvo hasta 2010. Las importaciones energéticas en 2014 rondarán los 14.000 millones de US$ en 2014 y esto constituye una piedra en el zapato fenomenal para este y para el próximo gobierno.

Las posiciones parecen estar organizándose en torno a YPF -lo que podríamos llamar la posición nacionalista- y en torno al gobernador de Neuquén la posición provincial.

No es casualidad: Neuquén es el titular del dominio de los hidrocarburos que yacen en el subsuelo provincial que pertenecen al dominio público provincial, y ello incluye a los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Esto quiere decir que la provincia tiene el poder concedente, tiene el poder de policía y debe ejercer las funciones de fiscalización sobre las empresas productoras; y entre ellas está YPF.

Argentina está hoy de rodillas ante una realidad energética que aprieta a la economía. El drenaje de divisas por las importaciones energéticas y la dilapidación de pesos en subsidios innecesarios nos llevan al cepo y a la inflación. En este contexto no debe extrañar que la única tabla de salvación para estos últimos dos años de gestión haya sido apostar todo a la solución mágica: el shale gas y el shale oil Vaca Muerta.

La superficie que abarca esta formación de roca generadora alcanza a unos 30.000 km2. De ellos, 13.000 km2 se encuentran en la provincia de Mendoza y 17.000 Km2 se encuentran en Neuquén. YPF posee, dentro de esos 17.000 km2, una superficie de aproximadamente 12.000 km2, cuyo plazo vence en forma improrrogable en el año 2027. Esos permisos fueron dados en función de lo dispuesto en la ley 17319, son improrrogables y a su término las áreas deben ser revertidas a la provincia.

La reversión es incompatible con el deseo de YPF y del gobierno nacional de generar en esa área una explotación intensiva –y de larga duración- de esos recursos que le permitan a Argentina superar definitivamente la penuria energética. Paradójicamente esa era la única carta que tenía Repsol y, a mi criterio, la principal causa que impulsó la estatización del 51% de las acciones de YPF.

Es a partir de esta descripción que podemos entender que lo que se confronta son dos modelos organizativos y dos modelos institucionales para la explotación de los hidrocarburos en Argentina. Como están las cosas, ninguno tiene asegurado el éxito.

La provincia de Neuquén ha adoptado un modelo abierto, transparente y basado en la licitación pública. Promueve las rondas licitatorias abiertas y las empresas petroleras son convocadas sin discriminación para invertir mediante concursos públicos. El modelo jurídico es el contrato de asociación, un marco usual en el mundo. Las formas asemejan al Plan Houston del gobierno de Raúl Alfonsín que fue la más amplia convocatoria al capital privado nacional e internacional que se haya realizado en Argentina para explorar en más de un siglo de historia petrolera.

YPF por su parte enfoca la cuestión con un modelo cerrado y sin transparencia: busca socios para compartir el desarrollo de un área sobre la cual tiene un permiso. Sin embargo, los permisos que posee YPF en esas áreas caducan en 12 años (2027); es muy poco tiempo para desarrollar un campo no convencional. El caso piloto fue el contrato con Chevron: un traje a medida con cláusulas no públicas que no despierta demasiada confianza y que requiere la aprobación de la Legislatura neuquina.

Mantener el estatus quo actual no soluciona el problema.

La provincia, a pesar de tener el mejor modelo, no logrará grandes avances. Ninguna provincia puede hoy responder a las principales incógnitas empresarias: precio del gas; precio del crudo en boca de pozo; retenciones a las exportaciones; remisión de utilidades; etc.

En ese contexto las empresas se posicionarán en los campos y harán inversiones con cuentagotas. Eso no nos sirve.

YPF, por su parte, estará siempre con la espada de Damocles en cada joint venture que decida llevar adelante en las áreas provinciales. Estará permanentemente a “tiro de decreto del gobierno provincial”.

Hay una única solución. La misma es indudablemente transaccional; el ámbito de transacción será el Congreso Nacional; el artículo 124 de la CN debe ser cumplido mediante una moderna ley de hidrocarburos -única en todo el territorio nacional- que lo reglamente y que reemplace a la obsoleta ley 17319. La aplicación corresponderá a la Nación en la zona económica exclusiva de la Plataforma Continental -más de 400.000 km2- y a las provincias en sus respectivos territorios. No caben en esto tampoco gobernadores díscolos e imprevisibles: tendrán que cumplir y hacer cumplir la ley cada uno en su provincia y en beneficio de la Nación toda con políticas de largo plazo.

Una Agencia Nacional de Hidrocarburos a crearse deberá desarrollar normativa; llevar el inventario de las reservas comprobadas; transparentar mercados y fiscalizar la actividad. Es el momento de pensar en grande y acordar una política de Estado.