La reciente ratificación de la Cámara Federal porteña que establece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del decreto 929/13, publicado un día antes de que se rubricara el acuerdo entre YPF y Chevron, vuelve a poner en la arena pública la manera en que la petrolera norteamericana llegó a explotar Vaca Muerta. En la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, el abuso de autoridad y referíamos al daño ambiental en grado de tentativa que supone la utilización del fracking.
El fallo de la Cámara habilita la investigación de un hecho que ha sido denunciado desde antes de la firma del acuerdo: Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen de promoción hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que inviertan más de mil millones de dólares. Allí se establece que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto, el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste no se encuentra debidamente abastecido. En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero y en ambos se permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas, violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley de Soberanía Energética y retrotraen la política petrolera a la de la infame década del 90, al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional.
El pasado jueves, a través de una solicitada, el titular de YPF Miguel Galuccio alegó en favor del accionar presidencial esgrimiendo dos argumentaciones centrales. Por una parte, el texto señaló que los beneficios del decreto son generales y aplicables a cualquier proyecto hidrocarburífero que cumpla el mínimo de inversión estipulado. Si bien es cierto que cualquier petrolera puede acogerse a este régimen, el 929 fue publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron. Lo que se dice "un traje a medida" que respondió a exigencias de la empresa norteamericana. El otro eje desarrollado por el titular de la parcialmente estatizada es la oportunidad: "Argentina es el segundo país que logra escala en la puesta en producción de no convencionales", sostiene. Sin embargo, Galuccio oculta que ese empuje productivo se ha dado a través de la cuestionada técnica de la fractura hidráulica, prohibida en varios países y cuestionada en todo el mundo, incluso en Estados Unidos (el principal productor de no convencionales y verdadero motor de su extracción), donde un reciente fallo judicial en el Estado de Texas obligó a la petrolera Aruba a indemnizar a una familia que vivía en las inmediaciones de sus pozos, debido a los problemas de salud ocasionados por la explotación.
También oculta YPF quién es su verdadero socio. Ya que este acuerdo no sólo introdujo una técnica altamente contaminante, sino que ese desarrollo es llevado adelante por una de las empresas con peores antecedentes ambientales del mundo. Chevron causó el mayor desastre petrolero de la historia en Ecuador y posteriormente negó la remediación, transformándose en prófuga de la Justicia de ese país.
La demanda de justicia llegó a nuestro país a través de un juicio por homologación de sentencia por el que se trabó un embargo sobre los activos de la empresa argentina. A través de un voto político, a comienzos de junio del 2013, la Corte Suprema revocó el embargo y 40 días después se publicó el cuestionado decreto 929. Al otro día de conocida esta nueva norma, ya cumplidos todos los requisitos exigidos por Chevron, se firmó el acuerdo, que dejó tras de sí a dos poderes del Estado que operaron en favor de la empresa y no del bien común nacional.
Este accionar, sin embargo, no es extraño para Chevron que, además de cargar con la mayor condena ambiental de la historia, ha dejado un legado de graves afectaciones ambientales y de permanentes violaciones a los derechos de las personas en los países donde ha operado. Es por eso que los afectados en todo el mundo han convocado al Día Internacional Anti Chevron hoy 21 de mayo. Durante esta jornada se realizarán acciones en más de 20 países para denunciar globalmente los impactos que ha generado esta compañía, producto de su manejo meramente economicista y falto de respeto por los derechos de los pueblos donde opera. Aquí en la Argentina, distintas organizaciones están convocando acciones en las oficinas de Chevron tanto en Neuquén como en Buenos Aires. Será una buena instancia para que todo el pueblo se pronuncie en contra de la impunidad con la que la llamada "peor empresa del mundo" opera en nuestro país.
(*) Investigadora del Conicet y escritora.
(**) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y promotor de la denuncia penal por la firma del decreto 929/13
