Durante la semana pasada, varias interdicciones se llevaron a cabo en aquella tierra donde hasta hace poco, nadie fuera del círculo ilegal podía ingresar. Un ataque coordiando del grupo especializado, destruyó no solo maquinaria, sino que le dio en el corazón del negocio del oro ilegal.
Desde el comienzo de esta semana se empezaba a sentir un movimiento poco usual en las calles de Puerto Maldonado, en Madre de Dios: helicópteros yendo y viniendo, patrulleros cruzando rápido las avenidas, policías desplazándose a pie en grupos pequeños.
Y entonces ocurrió. Entre la mañana del martes y el mediodía del viernes, más de 1.500 agentes y unos 40 fiscales participaron en trabajos de interdicción a los campamentos de mineros ilegales en San Gabán (frontera de Madre de Dios con Puno), el sector conocido como Mega 13, y a la altura del kilómetro 107 de la Interoceánica.
En las cuatro operaciones llevadas a cabo se cumplían los objetivos planteados para atacar a la minería ilegal. La primera era dejar inoperativa la maquinaria en zonas prohibidas. En San Gabán, por ejemplo, se colocaron explosivos en un tractor valorizado en medio millón de dólares y otros vehículos menores. El segundo propósito era destruir los campamentos que sirven de refugio a mineros: en Mega 13 desalojaron y derribaron cantinas, chozas y tiendas.
Otro objetivo era evitar que los informales se reagrupen a través de la ayuda logística: se decomisó mercadería y se desalojó a mecánicos y proveedores de alimentos. Finalmente, se pudo rescatar a una decena de menores de edad que trabajaban como prostitutas, tras la clausura de 25 prostíbulos.
“NO SALE A CUENTA”
Estas operaciones atacaron los cuatro frentes que, según Daniel Urresti, comisionado para la formalización e interdicción minera, permiten que la minería ilegal siga latente. En la zona donde fueron llevadas a cabo trabajan unos 15.000 mineros.
“El objetivo es erradicar, hasta julio, por lo menos el 70% de la minería ilegal [en Madre de Dios]. Vamos a ver si en diciembre llegamos al 100%”, dijo Urresti en tono de promesa. “Y si los mineros regresan, yo también regresaré. A ver quién se cansa primero”, agregó, esta vez en tono de amenaza.
Lo cierto es que muchos comerciantes –vendedores de comida, dueños de bares clandestinos, mecánicos– se han visto obligados a irse (definitivamente, en teoría) de estos campamentos.
Rosario Julca, vendedora ambulante de pollo broaster en Mega 13, comentó –al lado de su casucha de palos y plástico recién derribada, aunque le permitieron llevarse su cocina y demás implementos de trabajo– que “ya no sale a cuenta permanecer aquí”. No solo porque las operaciones se sucederán, sino las condiciones de vida: sin agua, con calor estresante, en medio de basura y un ambiente humano indigno. “Me regreso a Cusco”, dijo. Y no fue la única.
GUERRA APARTE
Tan llamativa como el número de policías fue la presencia de más de 40 funcionarios del Ministerio Público bajo el mando de Antonio Fernández, fiscal superior coordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Según anunció, “estos trabajos continuarán durante el año, pues no podemos ya detenernos. Hemos hecho que los mineros se replieguen de las zonas de amortiguamiento”.
Sin embargo, a pesar de que los trabajos de interdicción continúan, y aunque se logra atacar los centros de operación, no se consigue detener a mineros ilegales. Esto, explica Fernández, debido a que ellos escapan en moto apenas comienzan a percibir movimientos, y entierran motores en el monte.
De hecho, esta semana las enormes perforaciones en el suelo selvático, donde suele verse a decenas de hombres sumergidos en aguas fangosas extrayendo el mineral, esta vez lucían vacías, abandonadas.
Actualmente, solo en Madre de Dios hay 2.000 expedientes en investigación por delitos relacionados a la minería ilegal. Sin embargo, menos del 10% de los investigados recibe una sanción penal efectiva; por lo general estas suelen ser benignas.
Quizá donde más trabajo tengan estos fiscales sea en Huepetuhe, uno de los focos de la extracción ilegal y centro de operaciones de Gregoria Casas, ‘Goya’, quien junto a su familia controla todo el mercado del oro en esta devastada localidad.
En una reciente operación fueron canceladas 30 concesiones mineras en Huepetuhe, donde ‘Goya’ extrae, según cálculos, 80 kilos de oro al mes. “Hemos atacado Huepetuhe, y eso por supuesto ha generado una respuesta, y ahora este clan nos ha interpuesto demandas –con nombre propio– por atacar esta zona”, dijo Fernández.
La respuesta de los mineros se realiza en las calles, en los pasillos judiciales y, recientemente, en la política. Pero esa es una guerra aparte.
LAVADO DE ACTIVOS
CRECIMIENTO ALARMANTE
Entre agosto del 2012 y enero del 2014, el lavado de activos por la minería prohibida aumentó 49,6%, en tanto el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en el mismo período solo creció 5,9%.
PUNTOS EN CONTRA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de detectar las operaciones sospechosas, no tiene facultad para levantar secretos bancarios y tributarios de ‘lavadores’ en el extranjero, lo cual les permite evadir la justicia.