El mandatario justicialista Daniel Peralta dio por "pagadas" las acciones que le corresponden a Santa Cruz como distrito petrolero, en el marco del lote de provincias que, tras la expropiación del 51% de YPF, rechazan abonar el porcentaje correspondiente a Nación.
La pretensión de la Casa Rosada fue ventilada por primera vez en el Congreso por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, durante su exposición en el Senado sobre los detalles del acuerdo firmado con la petrolera Repsol.
Peralta explicó que el distrito que gobierna percibirá, hasta agosto, el canon por la prórroga de las concesiones a YPF firmado en 2012, aunque se sumarán los ingresos por el mecanismo de compensación que -dice- genera acreencias a favor de la provincia.
"Cuando firmamos la prórroga de las concesiones, en el acuerdo que suscribimos con -el titular de YPF, Miguel- Galuccio y el ministro -de Planificación Federal, Julio- De Vido, quedó establecido un mecanismo de compensación que la provincia planteó con la operadora para que ese dinero vuelva a la provincia", detalló.
Para Peralta, el acuerdo, junto con "haber sido la primera provincia que cedió las áreas", consolidó una operación con la que "cree" que se pagaron "nuestras acciones, que son alrededor de 500 millones de dólares".
Lo concreto es que el acuerdo Nación-provincias petroleras fijó una participación del 49% para los distritos petroleros. Si se toma ese porcentaje como una totalidad, Santa Cruz tiene el segundo paquete en importancia, al contar con el 20,9%, la mitad de lo que tiene Neuquén, el 41,8%. En tercer lugar se ubica Mendoza, con el 20,6%; y le siguen Chubut, con el 8,4%; Río Negro, con el 3,2%; Tierra del Fuego, con el 2,5%; Salta, con el 2%; La Pampa, con el 0,5%; y Formosa, con el 0,2%.
En millones de dólares, el 49% equivale a u$s 2.450 millones. Así, Neuquén tiene obligaciones con Nación por u$s 1.024 millones; Santa Cruz, por u$s 512 millones; Mendoza, por u$s 505 millones; y Chubut, por u$s 205 millones.
Después de la polémica generada en el Congreso, el primer gobernador que rechazó pagar por el paquete correspondiente fue el neuquino Jorge Sapag. "Tenemos una expectativa legítima por esas acciones porque somos dueños del recurso, somos poder concedente y autoridad de aplicación. Queremos encontrar con Nación los mecanismos de negociación que no involucren efectivo ni endeudamiento", señaló.
A Sapag se sumó el chubutense Martín Buzzi, quien advirtió: "Existió la expropiación, existió Repsol e YPF porque estaba nuestro patrimonio físico y simbólico hasta el fin de la explotación petrolera. Esto tiene que tener una solución más política que económica".
