"Si nosotros permitimos que el gerente de YPF decida cómo y en qué momento se desarrollan las provincias, dentro de pocos años va a poner al Presidente de la Nación".
La frase, aunque dramática, fue pronunciada en confidencia por un gobernador petrolero a este medio, en medio de una áspera disputa entre el CEO de YPF Miguel Galuccio y los gobernadores petroleros, especialmente el neuquino Jorge Sapag, el chubutense Martín Buzzi y el mendocino Francisco Pérez. Justamente Pérez recibió la semana pasada el coletazo de la pelea que empezó con Neuquén, cuando YPF decidió no presentarse a la licitación de áreas marginales en el sur de Mendoza. La pelea es muy profunda, y es por los recursos futuros y la potencialidad de explotación multimillonaria de petróleo y gas no convencional. Un tesoro de miles de millones de dólares de ganancias, regalías, inversión, trabajo, desarrollo, y combustible posiblemente para los próximos cien años.
El petróleo es un negocio con ciclos de 25 años. Estamos viviendo el “rebote” de las privatizaciones de los noventa, y decidiendo el futuro. Para explicarlo de la forma más sencilla posible: provincias ávidas de recursos y con petróleo no convencional –al estilo de Vaca Muerta- bajo sus pies, quieren participar del negocio del petróleo sin la intermediación de YPF más que en las áreas a su cargo. Y en YPF piensan lo contrario: quieren que las provincias cobren sus regalías, pero no las aceptan en el medio del camino de los “inversores” complicando la ruta de YPF hacia el dinero que no tiene, y que es necesario para la explotación del shale, gas o petróleo. Es tan fuerte la pelea y tan complejo el escenario, que la propia petrolera estatal -de la que las provincias son accionistas pasivos- acaba de plantarle a Mendoza un desaire de proporciones, al no presentarse a una licitación. Lo que YPF no quiere es “acarrear” como socios improductivos y que no ponen plata, a empresas de energía que entran gratis al negocio sólo porque son los dueños del recurso.
La gente de la petrolera estatal suele presentar el problema como un asunto técnico, pero en realidad es político. Como no hay una verdadera política nacional de hidrocarburos, con una mesa en la que se sienten la presidenta, las provincias y la petrolera estatal a decidir qué hacer, los intereses colisionan sin arbitraje. Y es muy complejo dilucidar quién tiene razón. ¿La petrolera o las provincias dueñas del petróleo? Es muy tentador ceder a los argumentos de Galuccio. Las provincias, en su mayoría, son estados fundidos y mal administrados. Las empresas de energía serán espejos de aquello, mal podrán competir con recursos, administración, y posibilidades de inversión con YPF, Chevron, Pluspetrol, Pan American Energy, Wintershall, o las petroleras chinas; sólo por nombrar algunas. El negocio petrolero, en la escala de Vaca Muerta, debe ser explotado y manejado por grandes actores con grandes capacidades de inversión. Pero los gobernadores tienen un argumento de hierro: la Constitución y la Ley Corta que modificó la Ley de Hidrocarburos dicen que tienen derecho a la propiedad originaria del recurso.
YPF ha tratado de correrse de la disputa política, aunque los gobernadores petroleros creen que hay algún tipo de acuerdo entre senadores nacionales de la UCR y Sergio Massa para avanzar sobre los derechos que los mandatarios provinciales suponen que tienen. El gerente de Asuntos Públicos de YPF Adolfo Sánchez, en una nota de opinión publicada en Los Andes ayer, blanqueó la intención profunda de la petrolera: evitar a las provincias como socios pasivos. Lo hizo al explicar por qué YPF pegó el faltazo a la licitación de ocho áreas la semana pasada: “En este concurso, Mendoza redujo la importancia relativa de la inversión y construyó un mecanismo de evaluación de ofertas en el que privilegia el porcentaje de participación otorgado por los oferentes a Emesa, la empresa provincial de hidrocarburos. Adicionalmente, en los pliegos del concurso plantean un esquema conocido como “acarreo”, por el cual Emesa pretende un cierto porcentaje de participación en los proyectos exploratorios y de producción pero sin hacer aportes de capital, adueñándose de la mayor proporción de los resultados del proyecto y eludiendo el riesgo exploratorio, que recae enteramente en sus socios” dice el ejecutivo de la petrolera. “Este esquema afecta significativamente la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos, ya que los socios que verdaderamente invierten deben soportar no solamente el costo del capital asociado a su participación en el proyecto, sino también aportar los fondos que Emesa no invierte” explica. Es una visión podríamos decir “de mercado” sin consideraciones políticas, más bien técnicas, sustentadas además en otra serie de puntos que YPF considera centrales en este negocio. Esto es lo que piensa la petrolera:
-No se está discutiendo el dominio de los hidrocarburos por parte de las provincias (y el derecho a recibir los ingresos por regalías), ni tampoco la posibilidad de que si lo consideran necesario, las provincias creen empresas que compitan de igual a igual con YPF y con las demás compañías. Pero “de igual a igual”.
-Neuquén quiere imponer otro modelo, en el que la empresa provincial tiene el privilegio de recibir las áreas de la provincia en forma directa, para luego negociar a discrecionalmente asociaciones con empresas privadas, siempre con esquemas en los que son los demás los que invierten, pero si se descubren hidrocarburos se lleva una proporción de las ganancias. Chubut tiene un modelo similar y Mendoza lo acaba de adoptar en la última licitación.
-Las provincias además de las regalías del 12%, y los ingresos brutos, reciben sin poner ninguna inversión una extra rentabilidad producto de las ganancias que obtengan los que sí exploran. Es necesario destacar que en caso de nunca descubrir hidrocarburos, el socio privado en ningún caso recupera la inversión.
-Crear una empresa provincial podía tener sentido cuando YPF era parte del grupo Repsol, pero con la expropiación del 51% de las acciones, y la distribución de esas acciones entre la Nación y las provincias productoras, esas empresas provinciales han perdido razón de ser.
-Es razonable que Neuquén (y las provincias) peleen por obtener la mayor proporción de la renta posible, siempre y cuando sean consistentes con el desarrollo eficiente de toda la industria y no afecte el proceso de inversiones en marcha. Pero el mecanismo de canalización de esa renta son las regalías, que entran al Tesoro provincial y son incorporadas al presupuesto de gastos, con los controles y rendiciones correspondientes.
-YPF, como empresa 100% profesional, no tiene ni quiere tener ningún privilegio por ser una sociedad con control estatal. Esta dispuesta a competir de igual a igual, y quiere mantener sus concesiones, para desarrollar y producir las reservas que fueron descubiertas por sus geólogos e ingenieros en las últimas décadas.
-Para revertir el déficit energético y desarrollar los recursos no convencionales de Vaca Muerta, Argentina necesita generar un proceso inversor de gran magnitud, a ser protagonizado por las principales empresas petroleras del mundo. YPF tiene la trayectoria, el tamaño y el prestigio como para representar al interés público frente a esas empresas. Es muy difícil que ese proceso se materialice si cada provincia decide cuando y como licitar sus áreas con sus propias normas y sus pequeñas empresas provinciales.
Se podrá estar de acuerdo o no pero lo descripto es la esencia del pensamiento de Galuccio y el resto del management de YPF. La pregunta es si éste es el plan petrolero de Cristina, o cuál es el argumento en contraposición de los gobernadores que están particularmente furiosos con Galuccio. En especial Pérez. Uno de los mandatarios lo explica con claridad:
“Galuccio tendría razón si tuviesen toda la plata para desarrollar todo el petróleo no convencional del país, es decir, poner en marcha a todos los “Vaca Muerta” de la Argentina. Pero lo que él quiere es elegir, porque tiene diez pesos para invertir pero necesita diez mil. Entonces, con esos diez pesos, quiere condicionar el desarrollo de la Argentina. Supongamos que YPF se queda con áreas en provincias vecinas… Mendoza y Neuquén… Va a usar los diez pesos que tiene para Vaca Muerta en Neuquén, y Mendoza… que espere cinco o diez años más… Por eso las provincias son dueñas del recurso y soberanas. Y cada provincia debe salir a buscar a los inversores para su petróleo. YPF es uno más”.
Otro de los gobernadores lo dice de manera bien gráfica. “Supongamos que en mi provincia tengo las áreas A, B, C y D. Debajo de las cuatro tengo petróleo no convencional. Yo quiero que YPF tenga la “A” y explotar el resto buscando yo mismo mis propios socios… e YPF lo que quiere es las áreas A, B, C, D y elegir ellos en cuál invertir. Entonces el gobernador es Galuccio y no soy yo” explicó. “Es como jugar al Estanciero. Galuccio quiere acumular miles y miles de kilómetros cuadrados, abarcar superficie a precio de chivas y ovejas, y vendérselo a los socios extranjeros a precio de Vaca Muerta. Es decir, quieren que ser el “carrier” que no le permiten a las provincias” dice. “La pelea es quién se sienta a jugar al Estanciero y quién lo maneja… Y esa pelea es la Ley Corta” insiste el gobernador. Lo que dice, en definitiva, es que como YPF no tiene los miles de millones de dólares que se necesitan para explotar y explotar el shale, lo que quiere es bloquear áreas, ponerlas en el invernadero, y ser el gran decisor sobre qué se explora y explota y qué debe esperar. Es claro que esa decisión no puede ser del CEO de una petrolera por sobre las necesidades de una provincia o del desarrollo de una región.
Lo que quieren los gobernadores, finalmente, es que el Estanciero sea para todos. “Es como la soja. Tener un solo sojero, un rey de la soja, no le conviene a nadie. Tener muchos es mejor” dice uno de los consultados. Y hace la comparación con el petróleo: “A ningún gobernador le conviene que sea YPF la que tome todas las decisiones… es una pelea de poder y de recursos. A los gobernadores nos conviene tener a muchos petroleros trabajando en la explotación no convencional” dicen.
La pelea es desigual y compleja, porque hay argumentos técnicos y políticos que se contraponen. No puede pretender YPF que los gobernadores renuncien al desarrollo de sus regiones, o que sus empresas de energía sean competidores en el mercado. Estas empresas fueron concebidas para mejorar la rentabilidad de las provincias en el negocio petrolero. Claro que cada estado debe hacer los deberes. Si miramos la licitación de Mendoza de la semana pasada, quienes hicieron más cantidad de ofertas son los mismos que se quedaron con Chachauen años atrás, y luego no movieron ni una sola piedra. Transformaron aquella licitación en un gigantesco negocio inmobiliario y luego se la vendieron a la YPF de Repsol y los Eskenazi.
Hay que atender la situación política derivada de esta disputa petrolera. Ni Cristina ni Julio De Vido se han lanzado a arbitrar la pelea entre Galuccio y las provincias, aunque los gobernadores peronistas dicen que la presidenta estará más del lado de los mandatarios que del ejecutivo de la petrolera estatal. No hay muchas señales de ello, como no sea el susurro que un alto funcionario del gobierno nacional hizo a uno de los mandatarios provinciales: Galuccio tendrá que apañarse en soledad ante la Justicia por el acuerdo con Chevron.
Los radicales tienden a darle la razón más a YPF que a los gobernadores. Hay varias razones, y ello sin tener en cuenta que la UCR no tiene hoy gobernadores petroleros. “Están renegociando áreas y regalando el recurso, por la desesperación que tienen de dinero fresco… el petróleo es de las provincias, pero la política petrolera tiene que ser nacional” podría ser un buen resumen de ese pensamiento radical un poco culposo.
Volvemos al principio. La discusión no es técnica sino política. No puede tener el CEO de la petrolera estatal la decisión geopolítica respecto de qué provincias y qué áreas desarrollar y cuáles no en función de un plan de negocios o de las inversiones que consiga una sola empresa, en una Argentina donde la cuarta parte de la población es pobre.
Es una decisión muy grande y demasiado importante como para una sola persona.
El propio Miguel Galuccio, presidente de YPF, ha elegido como sparring en esta circunstancia al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, tal vez el más osado de los líderes regionales y el más efectivo al momento de exhibir logros para su provincia. Se argumenta que está en juego la seguridad jurídica, aspecto central al momento de hablar de inversiones, como si el ejercicio de sus derechos, por parte de los estados productores, conspirara contra esta consigna.
En 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.197, denominada "Ley Corta" de Hidrocarburos, por contraponerla a la que se debería denominar "Ley Larga", modificatoria de la actual Ley 17.319, la que todavía nunca se sancionó a pesar del acuerdo arribado entre el por entonces presidente Kirchner y los gobernadores. El país había asistido a un largo debate en torno a la titularidad del dominio de los yacimientos de hidrocarburos, que culminó con la reforma constitucional de 1994 que incorporó el Art. 124 que, en su último párrafo, establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
La Ley 26.197 tuvo su génesis en el "Acuerdo Federal de los Hidrocarburos 2006", suscripto en octubre de ese año por el presidente de la Nación y los gobernadores de las Provincias Productoras, entre las que estaba Mendoza. También suscribieron el acuerdo el actual ministro De Vido y el secretario de Energía Cameron.
Este acuerdo instrumentó el proyecto elaborado por los técnicos de la Ofephi, en consenso con el Ministerio de Planificación Federal. El mencionado acuerdo propuso la formación de una comisión de trabajo legislativa que debía elaborar un proyecto de ley que introdujera las modificaciones que resultaran necesarias para ordenar y perfeccionar la Ley 17.319, teniendo en cuenta la normativa constitucional en vigencia; los cambios y avances tecnológicos existentes en las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos; lo dispuesto en la Ley 26.197, y además, la creación de un organismo federal de coordinación de políticas y necesidades de interés común, compuesto por las provincias y el Ejecutivo Nacional. A 8 años de aquel suceso, nada de esto se ha cumplido.
Ni se proyectó una ley que modernizara todo el espectro energético nacional, modificando la Ley 17.319 de 1967, al amparo de la cual se encuentran reguladas todas las relaciones del sector, ni tampoco se constituyó ese organismo de coordinación, aspecto esencial del Acuerdo Federal de Hidrocarburos que entendía la necesidad de llevar adelante políticas de consenso entre todos los interesados: Nación y provincias.
La Ley Corta, que hoy tanto incomoda al centralismo porteño, permitió que las provincias asumieran en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios, constituyéndoles en contraparte de los permisos de exploración y concesiones de explotación. No obstante esto, se proclamó explícitamente la potestad del Poder Ejecutivo nacional en el diseño de las políticas energéticas. Ese era claramente el espíritu del Acuerdo Federal de Hidrocarburos.
Sin embargo, el correr de los años ha demostrado que ambas partes no siempre han honrado lo pactado. Mientras que el Gobierno nacional ha incursionado en el sistema energético con normas inconsultas que han alterado el equilibrio del sector, como es el caso, por dar un ejemplo, del régimen de derechos de exportación que afectó severamente los precios internos del crudo, base fundamental a la hora de liquidar las regalías, las provincias, salvo el caso específico de Neuquén, en alguna medida Chubut y Mendoza, dedicaron poco tiempo y esfuerzo en aprovechar las nuevas herramientas, focalizándose en la oportunidad que significaba la posibilidad de negociar las prórrogas de las concesiones vigentes.
Más tarde se sanciona la Ley 26.741, que entre sus preceptos declara la expropiación de las acciones de YPF.
Esta norma prácticamente torna inocua la Ley Corta pues al declarar de interés público nacional, y como objetivo prioritario, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, ha habilitado al Gobierno nacional a dictar disposiciones en las que las provincias son meras espectadoras, como es el caso del dictado del Decreto 1.277/12 el que, en el marco del denominado Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en la que las provincias vuelven a estar ausentes, siendo que la norma expropiatoria proclama que el Poder Ejecutivo nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia, arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines propuestos con el concurso de los Estados Provinciales.
Lo mismo con el dictado del decreto 929/13, denominado Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. Además, la ley ordena la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos, en paralelo con la Ofephi. Nada más incongruente.
Sin embargo, se sancionó con el acompañamiento de los legisladores oficialistas y de la oposición de las provincias productoras, los que con el objetivo de apoyar la expropiación de YPF, y no quedar fuera de la ola estatizadora, no midieron los efectos sobre las propias provincias.
A pesar de las desmentidas a nivel nacional, y con relación a la situación descripta, YPF habría solicitado la suspensión del proceso licitatorio encarado por la empresa de energía provincial de Mendoza, lo que culminó con su llamativa deserción a la hora de presentar ofertas, siendo que la Provincia no sólo es accionista de la petrolera sino que también integra su Directorio.
No se trata, en esta oportunidad, de ponerse de un lado o del otro. El lugar debe ser el interés general, y en materia energética, la relación Nación-Provincias debe resultar fortalecida con el trabajo de los propios dirigentes: gobernadores, empresarios, trabajadores y, en particular, de todos los legisladores, que son los responsables de dar las herramientas legales que permitan alcanzar los fines propuestos.
También los responsables de velar cuando son utilizadas en forma distinta al espíritu que las guió en su sanción.
