La explosión en una mina de carbón en la ciudad turca de Soma se ha dejado sentir más allá de la enorme tragedia que ha costado la vida al menos a 301 personas, según las cifras oficiales. El siniestro también ha reabierto la brecha que separa al Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de una importante parte de la población, que culpa de la tragedia a las autoridades por no exigir unas condiciones de trabajo seguras en las minas.

Ayer, la policía tomó la ciudad de Soma, estableció controles y detuvo a decenas de personas para hacer cumplir la prohibición de protestar públicamente en la zona del accidente, informa Reuters. Las tareas de rescate se dan por terminadas.

Durante la semana se han sucedido enfrentamientos entre manifestantes y policía en Estambul, Ankara y en otras ciudades. El viernes, la policía antidisturbios usó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a varios miles de personas que intentaban protestar en el propio centro de Soma, donde hay una estatua erigida en honor de los mineros. Por su parte, tanto el Gobierno como la empresa que gestiona la mina han evadido cualquier responsabilidad en el siniestro, del que aún se desconoce la causa exacta.

Estas escenas de protestas y represión policial recuerdan a las que se han ido sucediendo desde que hace casi exactamente un año se iniciaran las manifestaciones masivas contra el “autoritarismo” de Erdogan, centradas en el Parque Gezi de Estambul. El malestar social revivió en diciembre, cuando un escándalo de corrupción involucró a varias figuras del Gobierno, y continuó este año tras la aprobación de varias leyes que daban al Ejecutivo más control sobre el poder judicial y sobre internet, y también más poderes a los servicios de inteligencia.

Por su parte, Erdogan había culpado de las protestas a una supuesta conspiración internacional, y del escándalo de corrupción a los seguidores del clérigo islámico Fetulá Gulen, que habrían infiltrado las fuerzas de seguridad del Estado.

Estas explicaciones parecieron servir a buena parte del electorado porque, para desespero de quienes llevaban meses protestando, elPartido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) de Erdogan fue el más votado con diferencia en las elecciones locales en marzo, con un 45,5% de las papeletas.

“La mayoría silenciosa ha podido ver, gracias al discurso de Erdogan desde Gezi, que todo eso era una ingeniería política en contra del proceso de paz [entre el Estado y la guerrilla kurda del PKK] y por esa razón se movilizó para votar al AKP”, comenta Akin Ozcer, un exdiplomático turco y escritor.
“Hay que ver desde esa óptica la mirada de la esta mayoría silenciosa hacia la catástrofe de Soma", añade, “y quedará movilizada también durante las protestas callejeras que se esperan dentro de unos días para el aniversario de Gezi”.

El éxito en las urnas había dado confianza a Erdogan para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales previstas para agosto, ya que no podría concurrir de nuevo al cargo de primer ministro debido a las propias normas del AKP.

Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno lo puede tener más difícil a la hora de encontrar culpables para las protestas y el enfado de parte de la población que sí considera a las autoridades responsables de la tragedia en la mina.

Ankara no ha firmado la Convención sobre la Seguridad y la Salud en las Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y este país ocupa el tercer peor puesto del mundo en accidentes laborales por número de habitantes, según un informe de 2012 de la propia OIT,citado por diferentes medios.

Además, entre 1991 y 2008, más de 2.500 mineros perdieron la vida y más de 13.000 quedaron incapacitados en accidentes laborales y enfermedades relacionadas con su trabajo en el sector del carbón en Turquía, según un informe de 2010 del 'think tank' turco TEPAV. Ese mismo año, la Cámara de Arquitectos e Ingenieros también había señalado graves deficiencias en la seguridad en las minas de Soma. Y ya más recientemente, en abril la oposición presentó en el Parlamento una petición para investigar una serie de pequeños accidentes en estas minas que fue rechazada por el AKP.

Estos datos y la tragedia de Soma también ponen en cuestión el modelo de desarrollo económico de Turquía, cuyo PIB ha crecido al 5,1% de media anual desde 2002, año en que el AKP llegó al poder. Sus continuas victorias electorales también se han debido en parte a este rápido crecimiento económico, que le ha atraído el voto pragmático de cierta parte del electorado.

Cuando faltan dos semanas para que se cumpla un año del inicio de las protestas de Gezi, habrá que ver si el regreso de las manifestaciones y la enésima crisis de Gobierno consiguen apartar a Erdogan del poder, o si esa “mayoría silenciosa” y el voto pragmático seguirán apoyando las políticas del primer ministro de cara a las presidenciales de agosto.