El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación a raíz del presunto pago de coimas por parte de la empresa inglesa British Petroleum, socia de Pan American Energy, a funcionarios argentinos para la ampliación de la explotación del yacimiento "Cerro Dragón" por 40 años.

Marijuán dictaminó a favor de impulsar la causa tras una denuncia del Ministerio de Planificación y otra de la filial argentina de Pan American Energy. Pero no imputó a ningún funcionario.

Según la denuncia que presentó el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, por expreso pedido de Julio De Vido, el acuerdo fue suscripto por el ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, un aliado político de Sergio Massa. Pero según publicó Marcelo Bonelli en este diario, el Ministerio de Planificación participó de la confección y trámite del borrador del contrato. Eso fue ratificado en su momento por la empresa PAE a través de un comunicado.

Una copia del borrador fue distribuido inicialmente en la Legislatura de Chubut. En su encabezamiento decía que el convenio lo "suscribe en representación del Estado Nacional el señor Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios don Julio de Vido." Ese párrafo y algunas cuestiones menores fueron las únicos que fueron corregidos en el contrato final, dado que legalmente la Casa Rosada no podía participar del convenio con PAE, por la Ley de Hidrocarburos.

El caso también se está investigando en la Comisión de Valores de Estados Unidos –SEC, por sus siglas en inglés- tras una autodenuncia de "British Petroleum", según reveló Clarín a fin de marzo. Ese organismo también investiga la fusión de PAE con la firma estatal China National Offshore Oil Company en el 2010. La SEC también investiga el giro de fondos desde una financiera argentina al JP Morgan, porque podría ser la ruta de la coima que está bajo investigación.

Sobre el supuesto pago de coimas, la SEC puso especial interés en el giro de fondos desde la financiera argentina Epsilon, de los hermanos Depetri, al banco JP Morgan. Esa es una de las teorías sobre la ruta de las coimas. También está siendo investigando el piloto presidencial, Sergio Velázquez, por vuelos privados que gestionaba en persona y de los que participaba él mismo, según revelaron a Clarín fuentes que accedieron a la causa.

En su requerimiento de instrucción, con fecha 9 de mayo pero que recién trascendió hoy a través de la agencia oficial Télam, el fiscal pidió al juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, que cite como testigo a Marcelo Bonelli. También que libre un exhorto a la justicia federal de Rawson para obtener actuaciones administrativas en referencia al "acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas" en la provincia y lo referido a la licitación para la prórroga de la explotación de Cerro Dragón, entre otras medidas.

Por las supuestas coimas también fue a la Justicia la diputada Elisa Carrió, quien denunció a De Vido, Das Neves y al empresario petrolero Carlos Bulgheroni. Esa causa se acumuló con las demás y está siendo investigadas ahora por Marijuán y Canicoba Corral.

El escándalo salpicó las gestiones de Daniel Peralta y Mario Das Neves. Las legislaturas de Santa Cruz y de Chubut, que comparten el mayor yacimiento del país y ratificaron en su momento los convenios, ya pidieron la documentación que figura en la investigación de la SEC.

"Se armaron actuaciones administrativas enviadas a la Legislatura de Chubut para que aprobara la prórroga, con informes sobre certificación de reservas "truchos" y cuyo único objetivo fue el de tirar abajo el precio para la negociación. La negociación que hizo en forma rápida, sin debate y ocultando información", sostuvo el senador radical Mario Cimadevilla.

Al expediente que trataba la prórroga de la concesión en Chubut se le agregaron informes hechos en papel membretado de la Universidad de Cuyo, de los años 2006 y 2007, pero sin las firmas correspondientes de los expertos de la Facultad de Ingeniería de esa alta casa de estudios.

“No queremos estar encolumnados detrás de nadie”

Mientras en el entorno del mandatario elaboran estrategias para lo que pretende ser su reelección, Di Pierro consideró que “el peronismo va a buscar otra alternativa, él será una opción, nosotros tendremos otra y la gente dirá quién quiere que sea”, enfatizó.

A pesar de que garantizó que en lo institucional seguirá acompañando al actual gobernador, en el ámbito político marcó sus diferencias. “No queremos estar encolumnados detrás de nadie y que se nos imponga a quién votar”, sostuvo.

En ese sentido, también tomó distancia de Mario Das Neves con quien se reunió días atrás, y coqueteó con el nombre de Mac Karthy.

“Cuando vino Mac Karthy estuvimos hablando de que teníamos que buscar un espacio distinto. No tenemos por qué encolumnarnos detrás de Buzzi o Mario Das Neves”. Entonces, recordó que en las últimas elecciones a gobernador “jugaron juntos y son la misma cosa así que vamos a buscar una alternativa para 2015”.

El mail comprometedor y “los que vienen con el puñal atrás del poncho”

Pero no sólo se refirió al encuadre partidario sino a las acciones de gobierno de Buzzi. Dijo que “hoy Comodoro está perjudicado por tener un gobernador de la ciudad”, y apuntó que proyectos como el reinicio de la Ciudad Judicial y los Centros de Encuentro no se cristalizaron a pesar de que “son obras que firmamos hace mucho tiempo”.

La carta más fuerte de sus críticas sin embargo viene de la mano de un mail, que “es complicado, como para llevarlo a la justicia”. Enseguida, explicó que el correo electrónico demuestra que Buzzi “estuvo trabajando junto con los radicales para instalar un show mediático” en relación a la renegociación del contrato de 2007 con la operadora PAE.

El jefe comunal dijo que ese documento tomaría estado público “cuando me vaya el 10 de diciembre de 2015”.

Al respecto, insistió: “tenemos pruebas contundentes, cuando fue el operativo de la denuncia contra PAE cuando salieron los mismos personajes de siempre de la UCR como Risso, Cimadevilla, tenemos pruebas de mails que se intercambiaban con el gobernador trabajando en conjunto que a uno lo disgustan mucho”.

Desde su punto de vista, “no se hace complot para destruir a dirigentes. Por esas cosas estoy enojado; que no me hagan mostrar las pruebas. Él sabe por qué lo digo”, agregó.

Sobre el final, Di Pierro remarcó: “me enoja cuando uno hace las cosas de atrás, de escondidas; nunca me gustaron los que vienen con el puñal atrás del poncho y algunos están acostumbrados a jugar así; a mí me gusta ir de frente”.

“En lo que no me equivoco es en que soy como soy y voy a defender a Comodoro a ultranza”, enfatizó Di Pierro. El intendente local aseguró que no le “interesan los cargos políticos” y recordó: “dijimos que no queríamos hablar de candidaturas sino de obras, trabajo, para mostrar que la dirigencia está a la altura de lo que la gente pide, lo que le interesa son las obras, la seguridad, la educación. Para eso tenemos que trabajar, no hablar de candidaturas” opinó.

El senador y presidente de la UCR chubutense, Mario Cimadevilla y el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Roberto Risso, hicieron el lunes en la fiscalía de Rawson dos presentaciones vinculadas a la causa por los presuntos sobornos en la renegociación del yacimiento de Cerro Dragón firmada en 2007 entre la petrolera PAE y el gobierno provincial.

En una de las presentaciones acercadas a la fiscal Silvia Pereira, los denunciantes agregaron documental y solicitaron medidas de prueba en la causa 9005/14, pidiendo a la fiscal que requiera el informe de reservas presentado previamente al tratamiento de la prórroga de la concesión de Cerro Dragón en 2007, obrante en la Legislatura del Chubut, “a fin de poder someterlo a las pericias técnicas correspondientes”.

Reservas de Cerro Dragón

Señalan que el 21 de abril pasado, autoridades de la Universidad de Cuyo respondieron a una solicitud de los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Laura Montero respecto a la documentación obrante sobre certificación de reservas de Cerro Dragón en 2007, que sirvió para sustentar la renegociación del contrato de explotación.

“En la respuesta surge claramente discrepancias entre lo presentado en las actuaciones y lo que la universidad dice haber elaborado”, dice la presentación, y sostiene que allí se expresa que la casa de estudios mendocina “realizó una sola certificación a PAE el 31 de diciembre de 2005 y que la Secretaría de Energía de la Nación establece que las certificaciones deben realizarse anualmente”. En ese sentido, agregan que “la certificación de 2006, si la hubo, no fue realizada por la Universidad de Cuyo”.

Se preguntan los dirigentes radicales “cómo es posible que el Decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Manfredi firme planillas que certificarían reservas hasta el fin de la vida útil de los yacimientos, más allá de la necesidad que éstas sean cuantificadas anualmente”.

Además la respuesta de la casa de estudios “expresa que los informes son firmados en la totalidad de sus hojas por el decano, el coordinador del equipo de reservas y los cuatro profesionales que realizaron el trabajo y en la copia surge que la totalidad de las hojas no se encuentran firmadas y las que tienen firma no tienen sellos aclaratorios”.

Para los dos legisladores de la UCR, “es claro que existen elementos más que suficientes que permiten sostener que lo agregado al expediente provincial y obrante en copia en la Legislatura fue editado o adulterado a partir de lo supuestamente obtenido por PAE de aquella universidad”.

300 millones para coimas

En la otra presentación realizada por Cimadevilla y Risso en la misma causa, proponen a Pereira “la realización de medidas de prueba para comprobar la materialidad del hecho denunciado -es decir el presunto pago de coimas-, y determinar la identidad de sus autores y partícipes”.

Como primer punto, aluden que el 2 de abril pasado, el señor Hernán Arbizu, en su momento representante para América Latina del JP Morgan, manifestó en una entrevista en Radio del Mar que tenía conocimiento directo que Carlos Bulgheroni, CEO de Pan American “pagó 300 millones de dólares de coimas” por la concesión por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón. Por ello adjuntaron la copia publicada por el diario El Patagónico y piden a la fiscal que solicite a la radio el audio original.

En segundo lugar, también solicitan que se pida a Radio América el audio del informe de los periodistas Jorge Chamorro y Néstor Espósito quienes abordaron la cuestión del mencionado Arbizu. Y tercero, piden que se cite a prestar declaración testimonial a Hernán Arbizu, y a los señores Luke Palacio y Álvaro Martínez Font, quienes fueron mencionados como encargados de entrevistarse en Londres con el señor Bulgheroni y gestionar el trasiego del dinero por este confiado a la oficina del JP Morgan.
Como cuarto punto, se mencionan declaraciones de Mario Das Neves a Infobae, quien atribuye la investigación de la SEC de los Estados Unidos sobre la denuncia del pago de sobornos que efectuó BP como “una cuestión entre privados”, lo que “implica que conoce los detalles de la presentación”, por lo que solicitan que se lo cite a prestar declaración testimonial.

Exhorto a Estados Unidos

En quinto lugar, se menciona la solicitada publicada por PAE en diversos medios el día 3 de abril pasado, en la que reconoce que en junio de 2010 la SEC inició un trámite y PAE fue notificada en diciembre de ese año, colaborando ampliamente con la documentación requerida sin tener conocimientos de más pedidos hace un año y que no se han formulado cargos. Por ello se pide a la fiscalía que “pida a la empresa aquellos requerimientos, así como las respuestas y antecedentes que dice haber presentado”.

Agregan que la afirmación de que PAE no recibió cargo alguno “carece de relevancia ya que la empresa no cotiza en las bolsas de valores de los Estados Unidos y está fuera del alcance de superintendencia y fiscalización de la SEC”.

Finalmente en el sexto punto, Risso y Cimadevilla piden a la fiscalía que “se requiera a la SEC a través de un exhorto por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, la remisión de todas las actuaciones vinculadas a la investigación abierta en relación a la denuncia efectuada por BP por pago de sobornos por la prórroga de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón en abril de 2007”.

“La denuncia por supuestos sobornos de Pan American Energy comenzó en Estados Unidos y tanto el gobernador Buzzi como el Gobierno en su conjunto se han mantenido en el lugar que corresponde, que es poner al Estado a disposición de la Justicia en el caso de que tenga que investigar”, indicó este jueves el ministro coordinador de Gabinete, Juan Garitano, quien destacó, en este contexto, que “la mención de un complot del Gobierno con algún dirigente o grupo político no tiene ningún tipo de sustento, porque no existe tal actitud”.

“Es incomprensible este tipo de manifestaciones”, dijo Garitano, en declaraciones radiales. “Hay que recordar que la denuncia por los supuestos sobornos de PAE durante la renegociación de la concesión en Cerro Dragón en 2007 comenzó en Estados Unidos, luego la publicó un medio masivo de comunicación de Buenos Aires, y tanto el Gobierno como el Gobernador se han mantenido en el lugar que corresponde, poniendo al Estado a disposición de la Justicia en el caso de que haya que investigar en ese sentido”, enfatizó.

“No hay ningún tipo de elemento que demuestre un complot entre el Gobierno o el Gobernador y algún dirigente o grupo político. No existe tal actitud y no entendemos a qué obedece esa acusación”, agregó.

“Nosotros estamos trabajando para resolver los problemas de la gente y de ninguna manera los funcionarios del Gobierno se están involucrando en situaciones de este tipo”, añadió.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer al juez Rodolfo Canicoba Corral impulsar una investigación para dilucidar si hubo pago de comisiones a autoridades argentinas por la extensión de la concesión sobre el yacimiento de Cerro Dragón, en Chubut, a favor de la empresa British Petroleum, socia de Pan American Energy (PAE). El derecho de explotación fue extendido en 2007 por un plazo de 40 años.

La solicitud realizada por el representante del Ministerio Público apuntó a que el supuesto delito a investigar sería "cohecho". La negociación y extensión del derecho de explotación en favor de la compañía británica ocurrió durante la gobernación de Mario Das Neves, quien hoy ocupa una banca de diputado nacional por el Frente Renovador, de Sergio Massa. El dictamen del fiscal surge de las presentaciones judiciales realizadas por PAE y el ministro de Infraestructura, Julio De Vido.

El caso salió a la luz el 30 de marzo pasado, cuando una nota del diario Clarín informó que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) estaba investigando la posible comisión de delitos en la citada negociación, a partir de una autodenuncia de la British Petroleum.

Cuando trascendió la investigación en Estados Unidos, la filial argentina de PAE y el ministro de Infraestructura se presentaron un día después en la Justicia para solicitar que se investigara el caso. El funcionario nacional deslindó además responsabilidades sobre el gobierno provincial. Por su parte, Das Neves declaró que estaba "orgulloso de los beneficios que supuso para la provincia" el acuerdo en cuestión y negó cualquier irregularidad.

Fuentes de PAE informaron ayer a LA NACION que ratifican "la inexistencia de todo hecho de corrupción y el rechazo enérgico de cualquier acusación o insinuación en tal sentido". Además, remitieron a la información publicada en una solicitada el pasado 3 de abril, donde afirmaron que "colaboran de forma irrestricta" con la autoridad norteamericana "presentando toda la documentación" requerida. También indicaron que la SEC "no formuló cargos por ningún hecho que considerara irregular"..

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó ayer una investigación a raíz del presunto pago de coimas por parte de la empresa inglesa British Petroleum, socia de Pan American Energy (PAE), a funcionarios argentinos para la ampliación de la explotación del yacimiento Cerro Dragón por 40 años.

Marijuán dictaminó a favor de impulsar la causa tras una denuncia del Ministerio de Planificación y otra de la filial argentina de Pan American Energy. Pero, por ahora, no imputó a ningún funcionario ni nacional ni provincial.

Según la denuncia que presentó el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, por expreso pedido de Julio De Vido, el acuerdo fue suscripto por el exgobernador Mario Das Neves. Pero según publicó Marcelo Bonelli en el diario Clarín, el Ministerio de Planificación participó de la confección y trámite del borrador del contrato.

El caso también se está investigando en la Comisión de Valores de Estados Unidos –SEC, por sus siglas en inglés- tras una autodenuncia de British Petroleum, según reveló el diario Clarín a finales de marzo.

En su requerimiento de instrucción, con fecha 9 de mayo pero que recién trascendió ayer a través de la agencia oficial Télam, el fiscal pidió al juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, que cite como testigo a Bonelli.

Y también que libre un exhorto a la justicia federal de Rawson para obtener actuaciones administrativas en referencia al "acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas" en la provincia y lo referido a la licitación para la prórroga de la explotación de Cerro Dragón, entre otras medidas.