Aunque no figura entre los activos de su portfolio, Aterra Investment suscribió, a fin de 2013, la opción de compra del controvertido proyecto San Jorge, de la provincia de Mendoza. El grupo ruso, con negocios en varios países, confía en destrabar la resistencia del Estado cuyano para desarrollar el proyecto de Uspallata. Qué dice el acuerdo y quiénes son los rusos.
El pasado 9 de diciembre Coro Mining Corp. Anunció un protocolo de acuerdo con Aterra Investments Ltd. y Solway Industries Ltd. para la venta de parte del San Jorge, en Mendoza, Argentina. El Grupo adquirente cuenta con el derecho a adquirir una participación del 70% del proyecto. Alan Stephens, presidente y CEO de Coro, comentó: "Coro ha estado buscando un socio para San Jorge desde hace algún tiempo. Creemos firmemente que la introducción de estas dos empresas bien financiadas y con experiencia será bien recibido por los gobiernos provinciales y nacionales en Argentina y el resultado será su desarrollo acelerado.
Este acuerdo permitirá a nuestros accionistas a participar en el desarrollo futuro y la explotación de San Jorge, ya sea a través de nuestra participación del 30%. Ahora estamos enfocados totalmente en la mejora de nuestros activos en Chile, particularmente en nuestro proyecto de Berta, También en El Desesperado, cerca de Chuquicamata, y estamos esperando los resultados del trabajo de nuestro socio en Payen en los próximos meses.
Este año las condiciones de mercado muy difíciles ha sido uno de transición para Coro, y acabar con ella después de haber llevado con éxito en socios para San Jorge, Berta y Payen, testimonios de la calidad de nuestros proyectos”. El Grupo Aterra+Solway adquirió una participación del 70% en el proyecto pagando a Coro US$ 200.000 a la firma, US$ 300,000 dentro de los 6 meses, US$ 500.000 dentro de los 12 meses a y US$ 500.000 en los 24 meses desde la firma.
El grupo fue nombrado operador a de la firma de la Asociación de Propietarios y durante de la duración del período de opción. El convenio estableció que el Grupo tendría la opción de adquirir el 100% del proyecto por US$ 3.000.000 en efectivo en cualquier momento dentro de los 6 meses o US$ 5 millones en efectivo en cualquier momento dentro de los 18 meses. En el caso de que el Grupo opte por ejercer su opción por el 100% del proyecto, Coro conservará una regalía de 2.5% en la producción de todos los metales del proyecto, excepto el oro.
¿QUIÉNES SON LOS RUSOS DE ATERRA?
La cartera de Aterra Investments Ltd incluye más de 10 activos de exploración, desarrollo y empresas productoras.
Su abanico de commodities incluye cobre, plata, fosfatos, zinc, plomo, diamantes y tierras raras.
Entre sus unidades de negocios se cuentan: Base Resources, productor emergente de tierras raras, con el proyecto Kwale en Kenya;Rathdowney Resources, dueña del gran depósito de zinc-plomo Olza, en Polonia; Atico Mining, productor emergente de cobre que opera la mina El Roble, en Colombia; Anatolia Energy, explorador y desarrollador de un proyecto de uranio en Turquía; GB Minerals, compañía de exploración de fosfato con el Farim, en Guinea Bissau; Finders Resources, propietaria de un proyecto de cobre Wetar, en Indonesia y de oro-plata en Ojolali, Sumatra; Silver Bear Resources, empresa de exploración junior del proyecto de plata Mangazeisky, de nivel mundial, en Rusia.
En el marco del proceso de promoción comercial minera, el Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral; acompañado por el diputado Nacional Dante González, recibió a Tara Nechiporenco, representante del grupo inversor ruso Aterra.
Este grupo, poseedor de activos en minería, tomó contacto con el sector minero argentino a través de la presentación del Seminario “oportunidades de inversión en la minería argentina”, en el año 2010, teniendo hoy activos del proyecto San Jorge ubicado en la localidad de Las Heras, cercana a Uspallata, provincia de Mendoza.
En tal sentido, los ejecutivos ratificaron el interés de invertir en Argentina, trabajando fuertemente en el desarrollo de este proyecto, y destacaron el crecimiento de la actividad en el país. Hacia fin de mes, el grupo inaugurará un proyecto de Níquel en Guatemala.
Cabe destacar que el Diputado mendocino Dante González, como miembro de la comisión de minería de la Cámara de Diputados de la Nación, es un activo promotor de la actividad minera en el mundo, a través de su participación en las distintas misiones comerciales que el organismo nacional del Ministerio de Planificación, organiza desde hace más de diez años.
Anoche en la cena de LIDE (Asociación de Líderes Empresarios) en el Hyatt de Buenos Aires, Mendoza fue la provincia homenajeada y el gobernador Francisco Pérez dejó varios anuncios que darán que hablar.
El mandatario confirmó la presencia en la provincia, en julio, del cantante de ópera Plácido Domingo y aseguró que el cantautor italiano Andrea Bocelli, estará para la próxima Fiesta de la Vendimia. Aprovechó la presencia de importantes empresarios, como Jorge Estrada Mora (un colombiano radicado en Argentina con intereses petroleros y de barcos que tiene viñedos en Mendoza), para definir a la provincia como la "tierra prometida" para grandes inversiones. Dijo que Mendoza es el escenario propicio para la llegada de inversiones en los sectores vitivinícola, eléctrico, turístico, petrolero y, principalmente, minero. Al cierre de su exposición, se llevó el aplauso y hasta el cantito a coro del "Feliz Cumpleaños" porque pasada la madrugada de hoy, el gobernador celebraba los 47.
Los ministros de Turismo, Javier Espina, y de Hacienda Marcelo Costa acompañaron al gobernador en el encuentro.
Algunos de los asistentes comentaron que Pérez habló en tomo muy "vicepresidenciable", en alusión a su cercanía a Daniel Scioli.
Representantes de distintas Cámaras que forman parte de la Mesa Minera de Mendoza, presentaron al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, un anteproyecto de ley en el que solicitan se declare la emergencia en el sector.
Según sostienen, la actividad minera en la provincia se encuentra “en un estado de situación delicado que amerita la creación de una herramienta jurídica que contemple dicho contexto a los efectos no sólo de remediar su actual situación, sino con la finalidad de sentar las bases de su reformulación y efectiva promoción y puesta en marcha”.
Entre las medidas que proponen, se encuentran la de reforzar presupuestariamente la Dirección de Minería; analizar la derogación o modificación de la Ley 7722 – para lo cual indicaron que presentarán en los próximos días un escrito que será anexado a este anteproyecto -; la suspensión del pago de cánones mineros “al estar imposibilitado el ejercicio de los derechos mineros emergentes de la concesión”; y la suspensión de los proyectos existentes en la Legislatura sobre nuevas áreas protegidas que estén proyectadas sobre zonas de interés minero, hasta tanto se evalúe su procedencia “con activa participación del sector minero y conformar el Consejo Provincial Asesor de Minería”.
Los puntos propuestos en la iniciativa privada contemplan doce ítems, haciendo hincapié en que el estado de emergencia “tendrá la vigencia de un año, pudiendo prorrogarse la misma si no se han cumplimentado los objetivos que fundan su declaración”.
El anteproyecto será remitido a la comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias, según anticipó el diputado Tanús.
Al término de la reunión, Tanús explicó los pormenores del anteproyecto y afirmó que la Corte Suprema de Justicia tendría que resolver respecto a la vigencia de la ley 7722, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto mediante el uso de sustancias contaminantes.
“Han presentado un proyecto de ley de declaración de Emergencia para que el Estado y la sociedad atienda la situación complicada en la que están, y hablamos también de algunos temas de fondo de la actividad como la aplicación de la Ley 7722 y otra serie de objeciones que ellos plantean”, en cuanto “a que el Ejecutivo no resuelve las factibilidades y los permisos o derechos que ellos están gestionando hace tiempo”, dijo el legislador.
Adelantó al respeto que “vamos a colaborar de manera que esto se normalice, de manera que ellos puedan tener una actividad razonablemente sustentable en Mendoza, cumpliendo las leyes, pero que no se sientan excluidos o se vayan a trabajar a otras provincias”.
Respecto a la modificación de la denominada “ley antiminera”, dijo que lo considera “difícil”, porque “está dada en un contexto político y social que apunta a la defensa del agua y a la prohibición de algunas sustancias químicas”. Sin embargo, acotó que “complementariamente a esto, si hay otras actividades que sin la contundencia estricta de la 7722 deban priorizarse, empujarse, ayudar a que salgan, bueno, nos hemos comprometido a tener en cuenta estos pedidos”.
Por otra parte dijo que la Corte “tiene que resolver las cosas también”, en relación a los pedidos de inconstitucionalidad impulsados por algunas empresas respecto de la 7722. “Yo voté a favor de la ley pero entiendo que tiene una amplitud en algunos de los artículos que la hacen muy general y eso es lo que objetan generalmente para hacer las inversiones. Lo mejor sería que el máximo tribunal le dé una claridad constitucional a esta interpretación”, expresó Tanús.
Finalmente, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que “la Legislatura hizo una expresión política (al sancionar la ley) que muchas veces suele ser imperfecta. Si la Corte le pone un dictamen definitivamente, sería mucho mejor para aclarar sobre todo cuál es el futuro de la actividad”. “Sería bueno que lo resuelvan y le dé una interpretación jurídica y constitucional adecuada”.
La posición de las Cámaras empresarias
Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, señaló al respecto que “nosotros nos sentimos muy disgustados con una prohibición de ejercer una actividad absolutamente lícita”.
“La Cámara de Empresarios Mineros ha hecho un cálculo de cuál es el potencial minero de Mendoza. Ese potencial, es diez veces el potencial petrolero de la provincia y no estamos desarrollándolo”, aseveró.
“El potencial minero metalífero de Mendoza, a diez años, es diez veces el potencial petrolero de la provincia y puede producir miles de millones de dólares para Mendoza”, subrayó, afirmando que “en 5 años, seis minas pueden estar produciendo 1200 millones de dólares de exportación, de los cuales, son más de 200 millones por año de impuestos para la provincia, más casi 600 millones de dólares por año de impuestos para la Nación y las municipalidades y la movilización de más de cien mil puestos de empleo, de mano de obra”.
“San Juan hace años que tiene minería en pleno desarrollo y no ha tenido ningún problema ni de control ni de impacto ambiental, o veamos en Chile que hace cien años que tiene minería sin ningún problema”, esbozó, tras manifestar que mientras en Chile hay 4000 emprendimientos mineros en la Argentina hay 18.
“Nosotros necesitamos que la comunidad nos controle y así lo pedimos en todos nuestros proyectos”. “La excusa acá es el cuidado del agua, y si tenemos una mina que está lejos del agua no la podemos hacer. Es una ley absolutamente prohibitiva”, aseguró.
Por su parte, Carlos Ferrer, titular de CASEMMZA – Cámara de Servicios Empresarios Mineros de Mendoza -, expuso que “hemos venido a la Casa de las Leyes porque pensamos que los diputados y los senadores van a tomar conciencia de la realidad de la provincia”.
Destacó la necesidad de ampliar la matriz productiva de Mendoza “con actividades lícitas” como por ejemplo, la minería, y dijo que están esperando en ese sentido, el fallo de la Corte. “Le hemos pedido a la Corte resolución, en un sentido o en otro, blanco o negro, pero que se tome la resolución que se tenga que tomar para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es el paso inmediato que van a dar quienes han interpuesto la inconstitucionalidad”, puntualizó.
