A partir del próximo mes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo cobrarán un 40% más. A 12 meses de su anterior retoque, por días de diferencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el aumento a la ayuda social que otorga la Anses, por cadena nacional, la doceava del año, desde la Casa Rosada. Además, incrementarán entre el 20% al 40% las asignaciones familiares de los asalariados registrados.

Según desglosó la propia Jefa de Estado, la inversión social del ente previsional pasará de $40.177 millones a $55.808 millones para este año. Implica un aumento de $15.630 millones, que en parte se volcarán al consumo, respetando el manual de estilo económico del modelo kirchnerista. La medida beneficia a 3.414.759 menores y 1.887.000 familias.

En su discurso, Cristina Kirchner destacó que “la evolución que ha tenido este formidable instrumento” (por la AUH) fue posible “a partir de que el Estado recuperó la administración de los fondos de las jubilaciones” que estaban en manos de las AFJP. La Anses entrega 7.907.905 asignaciones por mes, de las cuales casi 3 millones y media son por Hijo. “Hasta ese momento era discurso, promesa o lo que es peor, mentira e hipocresía”, opinó la Presidenta, al destacar que hoy se duplicaron los $21.000 millones destinados a esta cobertura en 2011.

En la antesala del acto en el Salón de las Mujeres, se había informado que sería en el marco del Procrear (se adjudicaron dos nuevos desarrollos urbanísticos en Capital y uno en Bariloche), al contar con la presencia del titular de Anses, Diego Bossio. Sin embargo, como anticipó este diario ayer, se pensaba que un incremento en la AUH estaba al caer. El 23 de mayo del año pasado, el aporte estatal pasó de $340 a $460, un 35% de suba. Ahora fue del 40%, por lo que el aporte sigue la evolución de la inflación; la que miden los privados, no la oficial del Indec.

La cadena nacional comenzó minutos antes de lo previsto, a las 18.30, y para entonces la Plaza de Mayo no lucía como horas antes, en el acto convocado por el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo. Como en otras ocasiones que optó por el silencio como réplica inmediata, Cristina Kirchner evitó mencionar la protesta de las entidades gremialistas opositoras. Pero dejó una foto: al entregar los títulos a beneficiarios del Procrear, uno de ellos le dio una pechera de la CTA, la central obrera de sintonía con la Rosada, la misma que ayer anunció que la pobreza era cuatro veces superior a la que indica el Indec. Y durante su discurso, al defender la gestión de la Anses, la mandataria destacó lo recaudado por IVA y por el Impuesto a las Ganancias, cuya actualización reclama la oposición. Con un gráfico, afirmó que en cada $100 que percibe el ente previsional, $16,6 vienen del tributo de Ganancias y el $17,5 del de valor agregado.

Por otra parte, Cristina Kirchner remarcó la ayuda previsional de la ANSeS, al identificar que el 77,7% de la inversión social va dirigida a Jubilaciones y Pensiones. La AUH representa el 4.96% de la torta calculada en $420.000 millones para este año. Todos los gastos del Estado suman $900.000 millones anuales.

Cristina Kirchner le dedicó otra crítica a la Teoría del Derrame noventista: “Lo que tienen que entender los sectores que han progresado tanto en la última década, merced a esta expansión de consumo, es que en la distribución del ingreso es en el único lugar que no funciona la Ley de Gravedad”.

Como cierre, la mandataria le reclamó al sector empresarial que las subas de las asignaciones no impacten en las góndolas. “Se producen deslizamientos de precios. Les molesta que digamos que los empresarios aumentan los precios. Y usamos la palabra ‘deslizan’ como si fueran en esquíes”, ironizó.

Terminado el acto, Cristina Kirchner le habló a la militancia en los balcones de la Rosada, como ya se está volviendo tradición. “Ustedes van a ser la garantía de que lo que falta, se haga”, les garantizó.

La presidente Cristina de Kirchner anunció ayer un aumento del 40% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), e incrementos en las asignaciones familiares de trabajadores registrados (elevando los topes salariales). Dichas mejoras beneficiarán a casi ocho millones de niños y niñas. Además lanzó planes de viviendas en Capital Federal y Bariloche en el marco de Pro.Cre.Ar cuya inversión suma $ 3.358 millones.

Los aumentos en los montos y en los topes de las asignaciones familiares por hijo representan una inversión para los próximos 12 meses de $ 55.808,5 millones, un incremento de $ 15.630,7 millones. La jefa del Estado, al hablar en un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno, adelantó los aumentos que en el caso de la AUH desde el 1 de junio pasa de $ 460 a $ 644, lo que representará un beneficio para 3.414.759 niñas y niños, 82.531 mujeres embarazadas y un total de 1.887.920 familias.

En cuanto a las asignaciones familiares en el grupo de asalariados con remuneraciones de hasta $ 5.300 pasarán de cobrar $ 460 a $ 644 por cada hijo, un aumento del 40%, con lo que se verán beneficiados 1.833.379 niños y 1.025.489 familias. En tanto, en la franja de asalariados que llegan a los $ 6.600, pasarán de cobrar $ 320 a $ 432 por cada hijo, un aumento del 35%, beneficiando a 713.981 niños y 405.678 familias. En el tercer grupo por ingresos, que abarca a quienes perciben hasta $ 8.600 cobrarán de $ 200 a $ 260 por cada hijo. Un aumento del 30%. Se verán beneficiados así 640.204 niños y 371.403 familias. Por último, en el grupo de asalariados con remuneraciones de hasta $ 15.000, a partir de junio pasarán a percibir $ 132 por hijo (de $ 110), lo que implica un aumento del 20% en la asignación. Se verán beneficiados así 1.026.201 niños y 618.928 familias. También se incrementó la Asignación por Discapacidad en un 40%, y pasa a ser de $ 2.100, tanto para titulares de derecho de AUH como para trabajadores activos. Respecto de estos últimos, a partir de junio para quienes cobren hasta $ 5.300 el monto será de $ 2.100; para quienes cobren hasta $ 6.600 el monto será de $ 1.485; y, por último, $ 936 sin tope de ingresos. Este aumento favorecerá a 196.044 hijos con discapacidad.

Cristina expresó: "Estamos ante un récord histórico de cobertura social (60% de niños, niñas y adolescentes) a través de las asignaciones familiares. Esto revela claramente el efecto redistributivo del ingreso total de fondos de la ANSES a favor de los que menos tienen. La evolución que ha tenido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se logró hacer gracias a la recuperación de los fondos de los trabajadores" y agregó que "de todo lo que ingresa en la ANSES, por cada $ 100, $ 77 van para el pago de haberes a jubilados y pensionados. Nos ahorramos en pagar comisiones por $ 35.000 millones, el valor de todas las asignaciones familiares de 2013".

De manera más expuesta que en el episodio de la semana pasada, el kirchnerismovolvió dejó sin quórum la segunda sesión especial impulsada por la oposición en Diputados para tratar la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

De antemano, el oficialismo adelantó la sesión principal para avanzar con temas propios. Intentó impedir el debate de la iniciativa opositora superponiendo las dos reuniones. Ya entrada la noche, una vez que se aprobó la agenda del kirchnerismo y cuando la oposición insistió en hacer su sesión por Ganancias, el propio presidente de la Cámara, Julián Domínguez, instó a los diputados del Frente para la Victoria y sus aliados a abandonar el recinto.

“Les pedimos a los legisladores que se retiren”, largó Domínguez apenas se votaron los proyectos para nombrar como Presidente Perón y Presidente Néstor Kirchner las centrales atómicas Atucha I y Atucha II. Antes el oficialismo había conseguido aprobar la rebaja de impuestos al biodiésel y con el macrismo el traspaso de la ex ESMA y otros cuatro centros clandestinos de detención de la Ciudad a la Nación (ver aparte). “¡Usted tiene que asegurar el número, presidente! ¡Debería cerrar la puerta en lugar de decirles que se vayan!”, le gritó Graciela Camaño, del Frente Renovador. Los bloques no oficialistas consiguieron reunir 77 diputados, 14 menos que en el intento de la semana pasada. Entre las ausencias más notorias se consignaron las de Hermes Binner, Juan Schiaretti, Martín Lousteau, Francisco de Narváez y tres jefes de bloque: Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Pinedo (PRO) y Margarita Stolbizer (GEN).

A diferencia del miércoles anterior, esta vez asistió Sergio Massa, que dio su primer discurso en la Cámara. “Hubiese sido noble que el oficialismo planteara con coraje su negativa a mejorar la situación de los trabajadores.

Ojalá no vuelvan a esperar a perder una elección para actualizar la escala ”, planteó el ex intendente de Tigre.

En el último proyecto de la sesión impulsada por el kirchnerismo, Domínguez tomó el discurso de cierre e hizo una alusión al intento de la oposición para discutir una rebaja en Ganancias. “La Presidenta acaba de anunciar el aumento de la Asignación Universal por Hijo.

Es fácil promover el desfinanciamiento del Estado, pero hay que decir que lo que se le da a un sector se lo saca a otro”, esgrimió, y fue rebatido más tarde. “Yo no invoco al Papa y lo conozco más que todos. ¿Sabe qué es ser hipócrita? Hablar de Dios en el púlpito y obrar lo contrario.

A los hipócritas, débiles y cobardes los vomita Dios ”, le dedicó Elisa Carrió. La mayor parte de la oposición coincide en que el piso de $ 15.000 debe subir a $ 19.000 o $20.000. Curiosamente, Néstor Pitrola (PO) y Federico Sturzenegger (PRO) coincidieron en criticar que el beneficio recaiga en sectores “concentrados” del biodiésel.

La cantidad de asalariados que tuvieron que destinar parte de sus sueldos al pago del Impuesto a las Ganancias en los últimos años, hizo que el tributo permaneciera presente en cuantas charlas, debates y publicaciones periodísticas y doctrinarias se producían.

Por este motivo, el año pasado el Gobierno tomó la determinación -elecciones legislativas de por medio- de intentar calmar el malhumor de los que debían hacer frente al gravamen y, al mismo tiempo, quitarles argumentos a gremialistas y políticos opositores.

En este contexto, decidió aumentar el valor de las deducciones computables por empleados y jubilados, de modo que aquellos que cobraron menos de $15.000 brutos entre enero y agosto de 2013 quedaran eximidos.

En aquella oportunidad, más de un millón de personas se "quitaron de encima" la carga impositiva que tanto les aquejaba, al menos desde septiembre en adelante. Incluso, tal como diera cuenta iProfesional, ese beneficio se terminó extendiendo aun hasta estos días.

No obstante, los últimos cambios introducidos también generaron muchas inequidades. Y, con las paritarias de por medio, quienes debían hacer frente al impuesto comenzaron a pedir una adecuación en el gravamen.

La bandera fue levantada nuevamente por los gremios, aunque esta vez no sólo fue exclusiva de los que no coinciden con las decisiones que se toman en la Casa Rosada, sino también por los alineados con Antonio Caló.

Incluso, varios sindicalistas de peso realizaron afirmaciones respecto al inminente cambio en el impuesto. Tal es el caso del titular de la CTA oficialista Hugo Yasky, quien afirmó que la elevación del mínimo no imponible se tendría que anunciar en los próximos días.

Ante la negativa del kirchnerismo, se siguen acumulando iniciativas. En efecto, según pudo constatar este medio, en lo que va del año se presentaron casi 30 propuestas relacionadas con el tributo, que se suman a las más de 30 que fueron elevadas con anterioridad y que todavía tienen estado parlamentario y que, por lo tanto, pueden ser debatidas en el recinto.

El bloque oficialista de la Cámara de Diputados logró su objetivo días atrás pasada al no dar el quórum necesario para analizar los proyectos. De esta manera, intenta dejar en manos del Ejecutivo la última palabra y, por ende, que se quede con el "mérito" de actualizar el mínimo no imponible, un tema que continúa en "boca de todos".

Propuesta para todos los gustos

Las iniciativas que se acumulan en el Congreso provienen de diversos sectores -incluyendo al mismo Frente para la Victoria (FpV)- e intentan reformar distintos aspectos del Impuesto a las Ganancias que alcanza a empleados en relación de dependencia y jubilados.

Si de elevar el denominado mínimo no imponible se trata, la propuesta presentada por Facundo Moyano es la que más sube las deducciones y cargas de familia que establece el artículo 23 del gravamen.

En concreto, fija un piso de $29.900 para empleados casados con dos hijos y de $22.233 para solteros. Estos valores quedan apenas por encima de los presentados por el radical Julio César Martínez ($28.357 para el primer grupo y $20.880 para el segundo) y la legisladora de Compromiso Federal Ivana Bianchi ($26.141 y $20.880, respectivamente).

También están las propuestas del Frente Renovador de Sergio Massa (en una iniciativa de Felipe Solá, Graciela Camaño, Alberto Roberti y Julio Ledesma), de la kirchnerista Stella Maris Leverberg y del radical Ricardo Alfonsín.

Moyano propone, además, eliminar el tributo que recae sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC), los jubilados y todas las indemnizaciones (actualmente, sólo las del rubro antigüedad están exentas).

La exclusión de los haberes previsionales no es un pedido exclusivo del hijo del camionero, sino que también es propuesta por Leverberg (FpV de Misiones), Lino Aguilar (Compromiso Federal de San Luis) y Daniel Kroneberg (UCR de La Pampa). Asimismo, estos últimos proponen eliminar, lisa y llanamente, el gravamen para empleados.

Respecto de las indemnizaciones, Mario Fiad y Julio César Martínez (UCR de Jujuy y La Rioja, respectivamente), Ricardo Buryaile (UCR de Formosa) y Guillermo Pereyra y Carmen Crexell (senadores Movimiento Popular Neuquino, Neuquén) son partidarios de eximirlas del pago de Ganancias.

En cuanto a deducciones, la iniciativa de Moyano contempla los alquileres de viviendas. En este sentido, también plantearon cambios los diputados del FpV Pablo Kosiner, José Vilariño y Graciela Giannettasio y el opositor Massa, del Frente Renovador, aunque este último propone un tope máximo de $60.000 anuales.

Por último, las propuestas incluyen la gravabilidad para quienes desempeñen cargos públicos (incluidos los del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Esta es una cuestión planteada en proyectos de varios diputados oficialistas como Kosiner y Susana Canela (Salta), Juan Pais (Chubut) y José Mongelo (Chaco), así como el hijo del camionero.

En tanto, desde la izquierda, Néstor Pitrola y Pablo López plantean cambios más extremos, que incluyen la exención de jubilaciones y salarios del pago de Ganancias (salvo que se trate de altos cargos, como puestos gerenciales, de dirección o ejecutivos), así como de cualquier impuesto a quienes tengan salarios que no excedan tres veces el costo de la canasta familiar.

Por otro lado, proponen que se compute ese parámetro para excluir del pago del componente impositivo del Monotributo a quienes estén inscriptos en carácter de prestadores o locadores de servicios.

Nuevas escalas y actualización automática

Las iniciativas presentadas no sólo hacen hincapié en el mínimo no imponible, sino que apuntan a resolver la problemática que se generó con las escalas del gravamen.

Por caso, Alfonsín busca con su proyecto que las alícuotas del artículo 90 estén entre el 8% y 41%, con sumas fijas que orbiten entre $3.200 a $130.000 anuales, dependiendo de cada una de los escalones de la tabla.

El diputado kirchnerista Héctor Recalde propone tasas del 2% al 40%, con cuotas que van de los $200 a los $118.700 anuales, en tanto que el socialista Hermes Binner (junto a otros legisladores de Santa Fe), apunta a aumentar la cantidad de alícuotas aunque respeta los extremos actuales (9% al 35%), con importes estáticos entre $1.800 a $39.600 anuales.

Respecto a la actualización de los valores, los radicales Eduardo Costa y Susana Toledo buscan que las deducciones sean ajustadas según coeficiente de variación salarial, en tanto que Pais (FpV de Chubut) intenta que la actualización esté en manos de la AFIP, conforme la variación experimentada por el Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción elaborado por el INDEC.

Lo mismo plantea la propuesta de Alfonsín, es decir, que sea el organismo de recaudación el encargado de realizar los ajustes. Se suma también la iniciativa de Elisa Carrió y varios representantes de UNEN, como Martín Lousteau y Alcira Argumedo, sobre el reajuste de las escalas del tributo.

En tanto, el proyecto de Moyano plantea que -desde el ejercicio 2015- se ajusten automáticamente los valores de las deducciones y busca que la alícuota máxima para empleados no supere el 33 por ciento.

Por último, el radical Julio César Martinez junto a otros legisladores de la UCR, plantearon en su iniciativa que la AFIP ajuste los valores tanto de las escalas como de las deducciones de manera semestral.

Inequidades existentes

La normativa, tal como se encuentra en la actualidad, genera un sinfín de inequidades. Al menos así lo advirtieron los especialistas consultados por este medio.

Al respecto, Juan Manuel Locatelli, titular de JL Consultoría & Negocios, destacó que "si bien las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo fueron muy positivas para gran parte de los empleados y jubilados, los métodos de implementación de los beneficios dejan demasiadas cuestiones sujetas a la interpretación de los profesionales, lo que implica un importante riesgo por carecer de una normativa clara que respalde la tarea del liquidador".

El especialista recordó que, sin que se dicte alguna norma nueva de alcance nacional, los parámetros a considerar seguirán siendo las remuneraciones percibidas entre enero y agosto de 2013 y que esto "genera una situación de inequidad".

Para graficarlo con un ejemplo, el experto plantó el caso de un empleado cuya remuneración del período mencionado no superó el monto de $15.000 brutos y en septiembre de ese año recibió un incremento salarial. "Esta suba no será pasible de retención", aclaró el experto.

Sin embargo, destacó que un dependiente contratado desde septiembre de 2014 en la misma categoría -con un sueldo superior los $15.000 brutos- no puede ser considerado "no pasible de retención".

Por estos motivos, Locatelli destacó que "es necesario que, para el período fiscal 2014, el Poder Ejecutivo establezca un nuevo procedimiento para determinar la base de cálculo a utilizar y aclarar qué empleados no pagarán el tributo y cuáles serán los montos de las deducciones personales para los que continúen abonando el gravamen".

Por su parte, Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados, sostuvo que "el problema no es la cantidad de proyectos que se han presentados, sino las intenciones finales implícitas en cada una de las propuestas".

"Sin dudas ese ha sido el principio rector cuyo resultado es la actual Ley del gravamen, una sumatoria de parches que pugnan por una estructura del tributo con muchas falencias y contradicciones", resaltó.

Según el especialista, "nos encontramos con sujetos del impuesto que bajo ningún punto de vista manifiestan la capacidad contributiva necesaria para ser contribuyentes y otros que han obtenido rentas millonarias y no han contribuido con un peso a las arcas del Estado".

Sasovksy destacó que "para unificar un criterio lógico, deberíamos definir un perfil de las personas que van a ser alcanzadas por el tributo, en función de la verdadera capacidad económica para hacerlo cargo de la obligación".

"En materia tributaria, la importancia de la información clara y precisa tiene es superlativa, el principio de legalidad consagrado en la Constitución Nacional para la creación de impuestos no es otra cosa que la manifestación fáctica de la 'seguridad jurídica', desconocer esto impide reconocer a los gravámenes, a los contribuyentes y hasta al propio fisco como tales", concluyó.