El Senado brasileño instaló ayer una comisión especial que investigará supuestos casos de corrupción en Petrobras, la mayor empresa del país. Las pesquisas involucran hechos que apuntan directamente a posibles responsabilidades de la actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, cuando era jefa del Consejo Directivo de la compañía controlada por el Estado, lo que convierte el proceso en un tema político explosivo en una campaña electoral que la muestra en caída en las encuestas y amenazada por primera vez por sus rivales de la oposición.
La instalación de la comisión, integrada por trece senadores, fue exigida por partidos de la oposición y resistida por la base oficialista en una pulseada que incluyó hasta demandas ante el Supremo Tribunal Federal, que finalmente autorizó la investigación.
En la primera sesión de ayer fueron confirmados los miembros del grupo, que fueron propuestos por los partidos representados en el Senado en forma proporcional, con lo que el oficialismo cuenta con una muy amplia mayoría de diez senadores frente a sólo tres de la oposición. Esto supone una cierta garantía para el Gobierno, pero no lo librará de la posibilidad de un goteo de noticias embarazosas y de polémicas citaciones a funcionarios actuales y retirados.
La comisión tendrá un plazo inicial de 180 días para realizar su investigación, que se centrará en la adquisición de una refinería en Pasadena (Estados Unidos) y de instalaciones similares en Japón, la construcción de plataformas marítimas y presuntos hechos dolosos en esas operaciones, todas realizadas desde 2005.
También será investigada la construcción de la refinería Abreu e Lima, en el estado brasileño de Pernambuco, para la cual Petrobras tenía un acuerdo de sociedad con la petrolera venezolana PDVSA, que finalmente desistió de participar en el negocio.
La Justicia ordenó la semana pasada levantar el secreto bancario de la estatal y de un exdirector de la compañía -hoy detenido por supuestos vínculos con una red de lavado de dinero- por los contratos firmados para la construcción de Abreu e Lima, además de indagar una posible sobrefacturación.
Las ganancias de Petrobras registraron una caída interanual del 30% en el primer trimestre de 2014 debido principalmente a un millonario plan de despido voluntario impulsado por la empresa y una leve caída en la producción.
El plazo fijado para la investigación, según admitieron fuentes parlamentarias, seguramente será prorrogado por otros 180 días, ya que Brasil prácticamente se paralizará entre junio y julio próximo por el Mundial de fútbol, que se celebrará en el país.
Inmediatamente después de la cita futbolística, el Senado entrará en receso por un mes y luego sus miembros estarán centrados en la campaña para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales del próximo 5 de octubre. Según las últimas encuestas, Rousseff sigue cayendo, y si bien ganaría esa primera vuelta, no podría evitar un balotaje con el socialdemócrata Aécio Neves, cuyo crecimiento pone por primera vez un tinte de suspenso en la campaña.
El senador Vital do Rego, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado del Gobierno), fue elegido para presidir la comisión y declaró que intentará "acelerar los trabajos" para garantizar que se llegue "al fondo" de la cuestión.
"No podemos perder tiempo, porque tenemos un calendario repleto de eventos", dijo Do Rego en alusión al Mundial que comenzará el 12 de junio y a la campaña electoral que seguirá inmediatamente a su clausura, el 13 de julio.
Sobre la presunta corrupción en Petrobras ayer fue interrogado el ministro de Hacienda, Guido Mantega, durante una comparecencia ante otra comisión parlamentaria.
En concreto, Mantega respondió a preguntas sobre la refinería de Pasadena, que la propia Petrobras ya admitió que resultó un "mal negocio" y que perdió no menos de 500 millones de dólares, aunque la oposición duplica esa cifra y sospecha de que la operación fue salpicada por prácticas corruptas en la empresa estatal.
En 2006, cuando Rousseff lideraba el consejo directivo de Petrobras, la estatal aprobó la compra de una refinería obsoleta en Pasadena (Texas) por la que terminó pagando más de 1.000 millones de dólares, mucho más de lo previsto.
Mantega se limitó a repetir la versión del Gobierno, según la cual la refinería fue adquirida en 2006 en función de "condiciones favorables" en el mercado petrolero, pero que luego se alteraron, lo cual afectó una operación que en su momento parecía rentable. Con todo, la Presidencia admitió en un comunicado que Dilma avaló la compra en su momento sobre la base de información errónea e incompleta que recibió de sus subordinados.
La investigación interna de Petrobras sobre la polémica compra en Pasadena está "cerca del final" y el 6 de junio deben ser presentadas las conclusiones, informó la presidenta de la empresa, Graça Foster.
No son éstos los únicos escándalos que rodean a Petrobras. Dos meses atrás, la Policía Federal arrestó a Paulo Roberto Costa, exdirector de Refinación y Abastecimiento de la compañía, por su presunto rol en una red de lavado de dinero.
Costa es acusado de integrar de banda dedicada a reciclar dinero de personas físicas y jurídicas ligadas al tráfico internacional de drogas, la evasión fiscal, el contrabando de piedras preciosas y la malversación de fondos públicos, entre otros. Su detención se decidió al saberse que había destruido documentación clave sobre las maniobras.
El Senado de Brasil ha abierto este miércoles una investigación en torno a las acusaciones de corrupción y mala administración en la empresa petrolera estatal, Petrobras, lo que podría complicar las opciones de la presidenta, Dilma Rousseff, de cara a su reelección en octubre.
Así, un comité de senadores investigará la compra por parte de la compañía de una refinería en la localidad estadounidense de Pasadena, por la que Petrobras habría pagado un precio ocho veces superior a su valor de mercado.
Asimismo, indagarán las acusaciones contra varios funcionarios de la empresa por recibir sobornos a cambio de contratos con SBM Offshore NV, una empresa neerlandesa que alquila barcos para producción de petróleo, así como denuncias de sobrecostos en la construcción de refinerías en Brasil.
En marzo, Rousseff admitió haber autorizado la compra de la refinería estadounidense por parte de la petrolera estatal cuando ostentaba la dirección de Petrobras.
La mandataria brasileña explicó que su decisión se debió a que recibió "informaciones incompletas con fallos técnicos y jurídicos" y que solo tuvo un conocimiento real de las cláusulas del contrato dos años después, en 2008.
La Fiscalía General de Río de Janeiro y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) están investigando por estas irregularidades al exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa Santos, quien en 2006 adquirió la refinería a través de la petrolera estatal.
El TCU ha explicado que en 2005 la refinería tenía un precio estimado de 50 millones dólares, pero al año siguiente Petrobras abonó 360 millones de dólares solo por una participación del 50 por ciento a la empresa belga Astra Oil.
La semana pasada, un tribunal federal brasileño dio acceso a la Policía a los registros bancarios de la compañía. La orden de un tribunal de Paraná da acceso a la Policía a la información sobre transacciones entre Petrobras y compañías involucradas en la construcción por 20.000 millones de dólares de la refinería Abreu e Lima, cerca de Recife.
Esas compañías incluyen a los grupos de construcción e ingeniería Camargo Correa y Sanker. La orden cubre transacciones relacionadas desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013.
La Policía también obtuvo acceso a los registros bancarios de Costa Santos, así como los de algunos miembros de su familia cercana. Costa fue arrestado en marzo como parte de la investigación, conocida como Operación 'Lava Jato' --que significa 'lavado de autos'--.
El caso ha aumentado la presión sobre Rousseff, en medio de su campaña para ganar la reelección en octubre. El escándalo ha coincidido con una de las mayores caídas en la popularidad de la mandatario brasileña. Políticos opositores lo han utilizado para poner en duda su reputación como administradora responsable.
