Los integrantes de la Mesa Minera de Mendoza se reunieron con el titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Tanús, para plantear su mirada sobre esa actividad en el ámbito provincial y presentaron un proyecto para declarar la emergencia minera y a su vez derogar o modificar la famosa Ley 7722 que restringe la explotación cuando se utilizan productos químicos.

Carlos Ferrer, presidente de la Cámara Argentina de Servicios Mineros de Mendoza (CASEMI), habló con MDZ Radio y sobre la emergencia, explicó que "el escenario es más que una emergencia minera, es una emergencia provincial. El problema es que los expedientes, los derechos que se van tramitando y los que se tienen que conceder a particulares y a personas, que se sustancian en el ámbito de la minería o del ministerio de ambiente, están paralizados".

"Por otro lado, declaraciones de impacto ambiental están años cajoneadas tanto en el Ministerio de Ambiente como en la Dirección Provincial de la Minería. A esto se le suma el contexto general y el particular de la provincia, como la situación de la industria, teniendo en cuenta la necesidad que tiene Mendoza de incrementar a su matriz productiva actividades que le sumen", agregó.

Es por ello que la Mesa Minera, según Ferrer, les sugiere a los legisladores "hacer una mesa amplia de debate técnico en un lugar objetivo, que garantice el respeto por las ideas de las partes y buscar un punto medio, la flexibilización de la ley, respetando el recurso hídrico e incrementando los controles".

En ese sentido, se metió directamente con la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas en la actividad minera: "El espíritu de la 7722 en nuestro proyecto lo respetamos e incrementamos el respeto y los controles, pero buscamos un término medio, sin que sea un instrumento inconstitucional que prohíba directamente la actividad, como si fuera ilícita".

Sobre la nueva normativa propuesta, Ferrer indicó que "básicamente, la reforma sigue manteniendo las sustancias prohibidas y la previsión de usarla en los procesos productivos, pero con las limitaciones y en los lugares que el propio Código de Minería establece. El objeto de esta ley es cuidar el recurso hídrico".

"La idea es que se pueda usar en los lugares donde no existe el recurso hídrico, donde no hay problema, contacto o riesgo", sostuvo.

Además de la modificación a la Ley 7722, que seguramente traerá un importante debate en caso de ser tenida en cuenta por la Legislatura, la emergencia minera "implica 12 puntos", según detalló Ferrer, entre los cuales se encuentran "la reformulación de la Dirección de Minería y del Departamento de Promoción Minera, pedidos de informe a la Legislatura, a Ambiente, la creación de un fondo provincial de minería y de un consejo de notables que puedan asesorar".

La respuesta de Difonso

Por otra parte, sobre la iniciativa de la Mesa Minera fue consultado Jorge Difonso, intendente de San Carlos y uno de los defensores políticos más acérrimos de la Ley 7722. En ese sentido, indicó a MDZ Radio que, si se acceden a los pedidos de los empresarios mineros, podría haber "un conflicto social importante en Mendoza".

Según Difonso, "bajo el paraguas de la emergencia, (los empresarios mineros) quieren modificar condiciones mínimas del cuidado del ambiente y especialmente del agua, para hacer pesar un tipo de explotación, específicamente la minería metalífera. La 7722 impone límites en la utilización de químicos contaminantes en la minería metalífera, no hablamos de toda la minería sino de oro, cobre, plata, no de las piedras, el cemento y la cal, como quieren decir".

Es por ello que el jefe comunal valletano consideró que "avanzar bajo la emergencia para modificar leyes que tienden a preservar la salud de la población no es bueno y, si este nuevo proyecto avanza va a generar un conflicto social importante en Mendoza, sobre todo en las zonas productivas, como Valle de Uco, San Rafael y Alvear".

Sobre la propuesta de crear nuevos organismos de control, Difonso retrucó la iniciativa al sostener que "si hay algo que no funcionó en Argentina son los organismos de control, ni el transporte público se pudo controlar, eso hay que trasladarlo al control minero industrial".

También puso énfasis en el uso del agua: "Con una crisis hídrica, donde los caudales han bajado, todos sabemos que en Mendoza se riega por deshielo y si estos trabajos (de minería) se hacen a altura de los glaciares, evidentemente vamos a comprometer nuestro recurso y a la provincia no le queda ni el 3% de lo que se explota".

"Antes de hablar de contaminación o no, yo quiero que me digan a quién le van a quitar el agua para darles los millones de litros que necesita por día la industria minera: ¿Al riego o al consumo humano?", se preguntó.

Para Difonso "el tema minería es transversal a los partidos políticos. Vamos a encontrar gente a favor o en contra independientemente de si es peronista o radical. No sé cómo será la realidad de la nueva composición de la legislatura, pero en este tema han jugado mucho las comunidades locales, que si se modifica la 7722, se van a movilizar indudablemente".

Los empresarios de la Mesa Minera de Mendoza reclamaron hoy a la Legislatura que se declare la emergencia del sector y que esta norma incluya la derogación de la ley que prohíbe la minería contaminante en la provincia.

Representantes de distintas cámaras empresarias que forman parte de la Mesa Minera de Mendoza presentaron hoy un anteproyecto de ley en ese sentido ante el presidente de la Cámara de Diputados la provincia, Jorge Tanús.

Los empresarios argumentaron que la actividad minera en la provincia se encuentra "en un estado de situación delicado que amerita la creación de una herramienta jurídica que contemple" ese contexto, con el fin de, "no sólo remediar" la caída de la actividad, sino también "sentar las bases de su reformulación y efectiva promoción y puesta en marcha".

Entre las medidas que propusieron se encuentran derogar o modificar la Ley provincial 7.722 que prohíbe la minería contaminante y anunciaron que para ello presentarán en los próximos días un anexo al anteproyecto de declaración de la emergencia que dejaron hoy en la Legislatura.

Asimismo, incluyeron en su iniciativa la suspensión del pago de cánones mineros "al estar imposibilitado el ejercicio de los derechos mineros emergentes de la concesión", dijeron.

Además, consideraron que deben ser dejados de lado los proyectos existentes en la Legislatura sobre nuevas áreas protegidas en zonas de interés minero, hasta tanto sean evaluadas "con activa participación del sector" empresario y también propusieron "conformar el Consejo Provincial Asesor de Minería".

"Nosotros nos sentimos muy disgustados con una prohibición de ejercer una actividad absolutamente lícita", sostuvo Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.

En ese sentido, reveló que "la Cámara de Empresarios Mineros ha hecho un cálculo de cuál es el potencial minero de Mendoza. Ese potencial es diez veces el potencial petrolero de la provincia y no estamos desarrollándolo", manifestó, cuando podría "producir miles de millones de dólares" para la provincia.

El empresario precisó que "San Juan hace años que tiene minería en pleno desarrollo y no ha tenido ningún problema ni de control ni de impacto ambiental, o veamos en Chile que hace cien años que tiene minería sin ningún problema", ejemplificó.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados provincial instó a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza a "resolver" los pedidos de inconstitucionalidad presentados en torno de la ley que prohíbe la minería contaminante en la provincia.

"Yo voté a favor de la ley, pero entiendo que tiene una amplitud en algunos de los artículos que la hacen muy general y eso es lo que objetan generalmente para hacer las inversiones. Lo mejor sería que el máximo tribunal le dé una claridad constitucional a esta interpretación", expresó Tanús.

El legislador consideró que sería "difícil" modificar la ley que aquí se conoce como "antiminera" porque "está dada en un contexto político y social que apunta a la defensa del agua y a la prohibición de algunas sustancias químicas", explicó. Sin embargo, "complementariamente a esto, si hay otras actividades que sin la contundencia estricta de la 7.722 deban priorizarse, empujarse, ayudar a que salgan, nos hemos comprometido a tener en cuenta estos pedidos", concluyó.

Representantes de distintas Cámaras que forman parte de la Mesa Minera de Mendoza pidieron este miércoles que se dicte la emergencia en este sector. El reclamo fue realizado a través de la presentación de una anteproyecto de ley al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

El escrito también remite a la urgente modificación o derogación de la polémica ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias tóxica en la exploración minera. Los empresarios argumentaron el pedido sosteniendo que esta actividad en Mendoza se encuentra “en un estado de situación delicado que amerita la creación de una herramienta jurídica que contemple dicho contexto a los efectos no sólo de remediar su actual situación, sino con la finalidad de sentar las bases de su reformulación y efectiva promoción y puesta en marcha”.

Entre los ítems y recomendaciones de los empresarios constan reforzar presupuestariamente la Dirección de Minería, la suspensión del pago de cánones mineros “al estar imposibilitado el ejercicio de los derechos mineros emergentes de la concesión”; y la suspensión de los proyectos existentes en la Legislatura sobre nuevas áreas protegidas que estén proyectadas sobre zonas de interés minero, hasta tanto se evalúe su procedencia “con activa participación del sector minero y conformar el Consejo Provincial Asesor de Minería”.

La “Mesa Minera de Mendoza”, integrada por Cámaras, empresarios, profesionales, sindicatos y trabajadores del sector, se dio cita hoy en la Legislatura provincial con el fin de pedir la declaración de la emergencia minera en la provincia y exigir modificaciones en la Ley 7.722, que impide la utilización de algunas sustancias en esta actividad económica. Fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

Los representantes del sector llegaron a la Casa de las Leyes para mostrar el delicado momento que pasa el sector minero después de la sanción de la Ley 7.722, por un lado. Y por otro lado, a causa de que el proyecto Potasio Río Colorado que llevaba adelante Vale se paralizara. Por esto, quieren tener una serie de beneficios impositivos y que se dote de presupuesto a la Dirección de Minería para que su sector no se siga viendo perjudicado.

En primer lugar, los empresarios de diversos sectores piden la declaración de la emergencia minera, ya que “actualmente la provincia no tiene un solo proyecto metalúrgico paralizado” y suman más de 10 los que están suspendidos por la legislación vigente. Esta emergencia, de ver la luz en la Casa de las Leyes, regiría por un año con posibilidad de que se otorguen prórrogas. 

Así, algunos de los puntos que la “Mesa Minera de Mendoza” pide que se sancionen por ley son: un refuerzo presupuestario para la Dirección de Minería, la cual, dicen, está despoblada y desfinanciada. Suspensión de la aplicación de tasas de Evaluación y Fiscalización de proyectos. Suspensión de los proyectos legislativos existentes para crear más áreas naturales protegidas.

En tanto, uno de los proyectos que más llama la atención es uno que crea tasas de Regalías Mineras provinciales. “Queremos pagar”, dicen los empresarios para fundamentar esto y ponen como ejemplo a la provincia de San Juan, donde además de las tasas nacionales se pagan tasas provinciales y municipales para la utilización de los recursos naturales.

Sin embargo, si bien el pedido de emergencia minera serviría al sector para “dejar de perder rentabilidad y recomponer un poco la situación”, los empresarios destacan que el fin último de su lucha es conseguir cambios o la derogación de la ley provincial 7.722, la cual impide la utilización de algunos productos.

“Es una discriminación que en otras actividades, como la de plásticos o el agro, se pueda utilizar cianuro o cualquier otro producto químico y en la minería no por el capricho de 4.000 personas. En Mendoza viven 1.700.000 personas y todas quieren el desarrollo minero para tener más y mejor trabajo”, dijo Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.

Cabe resaltar que los integrantes de la “Mesa Minera” fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien aceptó la iniciativa para declarar la emergencia y les informó que la misma pasará a la comisión de Minería, la cual la estudiará y luego se votará en el recinto de sesiones.

En tanto, el diálogo con la prensa, el legislador estimó que realizar modificaciones en la ley 7.722 en la Casa de las Leyes es “muy complicado” por la judicialización del conflicto. Sin embargo, Tanús pidió a la Corte que apure la resolución de los detalles ambiguos de la ley que impiden la utilización de muchos productos de comercialización libre.

La "Mesa Minera de Mendoza”, integrada por Cámaras, empresarios, profesionales, sindicatos y trabajadores del sector, se dio cita hoy en la Legislatura provincial con el fin de pedir la declaración de la emergencia minera en la provincia y exigir modificaciones en la Ley 7.722, que impide la utilización de algunas sustancias en esta actividad económica. Fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

Los representantes del sector llegaron a la Casa de las Leyes para mostrar el delicado momento que pasa el sector minero después de la sanción de la Ley 7.722, por un lado. Y por otro lado, a causa de que el proyecto Potasio Río Colorado que llevaba adelante Vale se paralizara. Por esto, quieren tener una serie de beneficios impositivos y que se dote de presupuesto a la Dirección de Minería para que su sector no se siga viendo perjudicado.

En primer lugar, los empresarios de diversos sectores piden la declaración de la emergencia minera, ya que "actualmente la provincia no tiene un solo proyecto metalúrgico paralizado” y suman más de 10 los que están suspendidos por la legislación vigente. Esta emergencia, de ver la luz en la Casa de las Leyes, regiría por un año con posibilidad de que se otorguen prórrogas.

Así, algunos de los puntos que la "Mesa Minera de Mendoza” pide que se sancionen por ley son: un refuerzo presupuestario para la Dirección de Minería, la cual, dicen, está despoblada y desfinanciada. Suspensión de la aplicación de tasas de Evaluación y Fiscalización de proyectos. Suspensión de los proyectos legislativos existentes para crear más áreas naturales protegidas.

En tanto, uno de los proyectos que más llama la atención es uno que crea tasas de Regalías Mineras provinciales. "Queremos pagar”, dicen los empresarios para fundamentar esto y ponen como ejemplo a la provincia de San Juan, donde además de las tasas nacionales se pagan tasas provinciales y municipales para la utilización de los recursos naturales.

Sin embargo, si bien el pedido de emergencia minera serviría al sector para "dejar de perder rentabilidad y recomponer un poco la situación”, los empresarios destacan que el fin último de su lucha es conseguir cambios o la derogación de la ley provincial 7.722, la cual impide la utilización de algunos productos.

"Es una discriminación que en otras actividades, como la de plásticos o el agro, se pueda utilizar cianuro o cualquier otro producto químico y en la minería no por el capricho de 4.000 personas. En Mendoza viven 1.700.000 personas y todas quieren el desarrollo minero para tener más y mejor trabajo”, dijo Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.

Cabe resaltar que los integrantes de la "Mesa Minera fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien aceptó la iniciativa para declarar la emergencia y les informó que la misma pasará a la comisión de Minería, la cual la estudiará y luego se votará en el recinto de sesiones.

En tanto, el diálogo con la prensa, el legislador estimó que realizar modificaciones en la ley 7.722 en la Casa de las Leyes es "muy complicado” por la judicialización del conflicto. Sin embargo, Tanús pidió a la Corte que apure la resolución de los detalles ambiguos de la ley que impiden la utilización de muchos productos de comercialización libre.

Varias señales en los últimos tiempos, le han abierto la puerta a los mineros mendocinos para peticionar al gobierno de Paco Pérez por la “derogación y/o modificación” de la conrovertida ley provincial 7.722 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio mendocino.

La más reciente jugada se produjo este miércoles, cuando la Mesa Minera de Mendoza, que nuclea a todo el sector, le presentó al titular de la Cámara de Diputados de la Provicincia, Jorge Tanús, un documento en el cual le solicitaban lisa y llanamente eliminar la legislación restrictiva y a su vez declarar la emergencia en el sector, con fuertes bajas en los impuestos provinciales.

Que Tanús haya recibido a los mineros, los haya escuchado y haya dado curso formal al ingreso de la petición, es todo un dato. Y no es el primer. Hace un mes, cuando se presento el tan mentado Plan de Ordenamiento Territorial de Mendoza, elaborado por decenas de técnicos, unas de las recomendaciones era justamente derogar o modificar la ley antiminería. Apenas se supo la novedad, los organismos ambientalistas, como la Asambles Provincial del Agua, pusieron el grito en el cielo y amenazaron con piquetes en toda la provincia y protestas varias.

El gobierno de Paco Pérez inmediatamente eliminó de un plumazo la recomendación de los especialistas. Ahora, a la luz de los acontecimientos, para muchos la movida de Pérez fue en ese momento “testear” el humor social respecto a la minería. Este miércoles, se dio otro paso en el mismo sentido, con la recepción de la petición de las cámaras mineras nucleadas en la Mesa Minera de Mendoza.

El momento no es caprichoso. El lunes, durate la visita de la presidenta chilena Michel Bachelet a la Casa Rosada, Cristina afirmó que “la minería no es mala ni buena de por sí”, nada menos que ante la mandataria de un país que prácticamente conforma el 50% de su PBI gracias a la minería.

Asimismo, el referente peronista preferido del oficialismo mendocino, se mostró muy cercano a los interese mineros y a los gobernadores pro mineros la semana pasada en Catamarca. Paco Pérez había sido invitado a esa reunión, pero no fue. No obstante, ya es un secreto a voces que parte de la plataforma económica de un eventual gobierno nacional del bonaerense incluye el desarrollo minero “en toda la cordillera de los Andes”. Por supuesto que Mendoza está entre las provincia con mayor potencial.

Incluso la cuestión financiera cada vez le seduce más a Pérez y a todo el peronismo. En la reunión con Tanús, los empresarios detallaron que en Mendoza hay nada menos que 20 proyectos paralizados por la ley 7.722. De esos, con sólo 6 que se reativen, la provincia podría producir unos 1.200 millones de dólares al año de producción, de los cuales 200 millones de dólares le quedarían al Estado provincial. Son al cambio actual unos 1.600 millones de pesos, lo que le permitiría al Gobierno no sólo evitar tomar deuda por 1.200 millones de pesos para cubrir el rojo proyectado este año, sino tener superávit fiscal.

Por el momento, las señales pesan más que las palabras, pero ya son numerosas. A mismo tiempo, es una realidad que los planes de Scioli calan hondo tanto el Pérez como en su poderoso vice, Carlos Ciurca. Ambos apoyaron la actividad minera hasta mediados del 2011, cuando vieron peligrar su triunfo, y le solicitaron al peronismo que apoyara la aprobación de la controvetida ley 7.722 para desactivar las numerosas protestas de grupos ambientalistas pero también de buena parte del sector agroindustrial. Quizás sean tiempos se rever la ley.