Los ejecutivos de Bear Creek Mining están felices. La Justicia les dio la razón y les devolvieron a Santa Ana. 

El día de ayer, la minera explicó a través de un comunicado, como fue la sentencia. El Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó su resolución sobre el recurso interpuesto por la empresa contra el gobierno peruano el 13 de julio 2011, cuestionando la constitucionalidad del Decreto Supremo N° 032-2011-EM, que rescindió los derechos de la Compañía para operar en sus concesiones mineras Santa Ana.

La decisión estableció ( inequívocamente y sin condiciones) que:

- Se violaron los derechos constitucionales de Bear Creek;

- Los derechos de la Compañía son devueltos incondicionalmente según lo estipulado en el Decreto Supremo N ° 083-2007-EM, que concedió inicialmente el derecho a Bear Creek, como una empresa extranjera, para operar las concesiones de Santa Ana, que se encuentra dentro de la zona fronteriza de Perú;

- Se reconoce a Bear Creek como el titular de las concesiones mineras de Santa Ana y por lo tanto, está habilitado para realizar todos los derechos derivados de dicha títulos; y
La Corte reitera que el proyecto de Santa Ana es de interés nacional.

"La Compañía se complace de que la decisión reconoce sus derechos y cree firmemente que la decisión del tribunal es consistente con los hechos del caso y de la ley", explciaron desde Bear Creek.

Esto representa un hito en el restablecimiento de los derechos de la Compañía hacia la operación del Proyecto Santa Ana y fortalece aún más la posición de la compañía en otros asuntos legales y negociaciones que ha estado persiguiendo en un esfuerzo por resolver amigablemente la disputa. En el caso de que el gobierno apele la decisión, las partes tienen hasta el 07 de agosto de 2014 para llegar a una solución "amistosa" en esta controversia, respetando el período de seis meses que se requiere para la negociación en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá ("TLC" ) , tras lo cual la Compañía tiene la intención de iniciar el procedimiento formal de arbitraje en el marco del acuerdo del TLC.

La minera explica que continuará negociando con el gobierno peruano con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable a  estacontroversia por Santa Ana, en beneficio de todos los interesados, y que siguen siendo optimistas en cuanto a lograr un resultado positivos que beneficia a las comunidades locales, a los accionistas, y al gobierno peruano -local y central-.

"El proyecto de Santa Ana se encuentra en Puno y tiene reservas minerales probadas y probables por un total de 63,2 millones oz de plata. El Estudio de Factibilidad de 2010 identifica la vida de la mina en 11 años, lo que fácilmente podría ser ampliable hasta los 18 años, con una produccion de 75 millones de onzas de plata. Este proyecto de lixiviación en pilas convencional tiene bajos costos de capital US$ 70 millones con un costo en efectivo por onza de US$ 8,72 dólares y un plazo de amortización de 15 meses, a US$ 21 dólares por onza de plata", informó la empresa.

Bear Creek adquirió las concesiones mineras en el pleno cumplimiento de la legislación peruana, como lo confirma el Decreto Supremo 083-2007-EM, promulgado por el Presidente de Perú y el Consejo de Ministros el 29 de noviembre de 2007. La empresa comenzó con la exploración a principios de 2008, y llevó a cabo un Estudio Ambiental y de Evaluación de Impacto Social ("ESIA").

Como se recuerda, el gobierno peruano bajo el mando de Alan García,  suspendió el 1 de junio de 2011 las actividades en Santa Ana. "Tenemos la voluntad de completar el proceso de ESIA, incluida la demostración de la licencia social, y llevar a cabo los demás pasos necesarios para llegar a la producción comercial lo más rápido posible", indicaron desde Bear Creek. Santa Ana tiene el respaldo de las comunidades locales y creará 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos en la Región Puno sur, además de apaortar una importante mejora en la infraestructura de la zona.

De acuerdo a los números de la empresa, Santa Ana podría aportar a las arcas fiscales más de US$ 330 millones en impuestos, muchos de los cuales se benefician las comunidades locales.