El vicepresidente ejecutivo de la firma, Daniel Fernández, remitió un escrito en el que destaca las bondades del proyecto eléctrico y pone de manifiesto la "dilación sin justificación alguna" que señala sufrió la tramitación ambiental durante el gobierno anterior.

Los máximos ejecutivos del proyecto HidroAysén están decididos a dar la batalla para que el actual gobierno apruebe la construcción de las centrales hidroeléctricas.

Hace algunos días, el vicepresidente ejecutivo de la sociedad cuya propiedad comparten Endesa y Colbún, Daniel Fernández, envió una extensa carta al Comité de Ministros para la Sustentabilidad que dividió en cuatro partes: una introducción del proyecto, un resumen del proceso de evaluación que ha enfrentado HidroAysén, una descripción de la “larga dilación sin justificación” que tuvo entre 2011 y 2014, y un recordatorio de los argumentos presentados por la compañía frente a las reclamaciones de terceros y de las propias inquietudes frente a la RCA con que se aprobó la iniciativa.

Respecto a la descripción del proyecto, Fernández sostiene que éste ha sido objeto de análisis por parte de diversas entidades, sin que se le encontraran reparos.

“El proyecto HidroAysén ha sido revisado en diversas oportunidades por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, oportunidades en las que se ha ratificado que éste no vulnera las condiciones de libre competencia en el mercado eléctrico de la generación, sin perjuicio de una serie de regulaciones impuestas para garantizar de mejor manera la competencia en dicho mercado”, expone el vicepresidente ejecutivo de la sociedad.

Además, se expone que el proyecto sigue en pie, al igual que el interés de los socios en desarrollar la iniciativa.

“Los accionistas de este proyecto han seguido mostrando su voluntad en el desarrollo y ejecución del proyecto a pesar de haber pasado una de las mayores crisis financieras de la historia mundial entre los años 2008 y 2010, con secuelas que aún persisten, y regulatorias: el Estado de Chile ha sido prolífico en nueva regulación que no existía al momento de presentarse a evaluación el proyecto”, expone el principal ejecutivo de la empresa.

Entre estos cambios regulatorios, menciona la dictación del reglamento para la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la ley de Espacios Marítimos Costeros de Pueblos Originarios, la presentación de modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos en su regulación de concesiones, la presentación de una nueva ley sobre Carretera Eléctrica, y el anuncio de posibles Áreas Protegidas en la Patagonia, entre otras normativas.

“A medida que transcurre el tiempo y no hay término al proceso de revisión de la evaluación ambiental de HidroAysén, éste se va viendo sometido a nuevas regulaciones que pueden afectar las condiciones de ejecución del mismo que se pensaron en un inicio”, se postula.

Además, se señala que no es difícil concluir que se ha actuado de manera arbitraria respecto al proyecto en el pasado.

“Sobre la base de lo señalado, no es difícil concluir a persona juiciosa alguna que la racionalidad no ha imperado en la actuación del Comité de Ministros, más bien, todo se ha tornado en arbitrariedad; lo que no puede traer más que perjuicios respecto de HidroAysén, perjuicios sobre los que se deberá responder en su oportunidad”, agrega Fernández.

Hace dos meses, el Comité de Ministros del nuevo gobierno decidió invalidar la resolución de sus antecesores, que resolvía parcialmente las reclamaciones y que solicitaba estudios adicionales.
Reclamaciones: la empresa pide eliminar once exigencias

En su escrito, la compañía reitera su solicitud respecto a que se eliminen once exigencias impuestas por la RCA, además que otras cinco se modifiquen y cuatro se ajusten respecto a los plazos.

La primera de las exigencias que se pide eliminar es la de “realizar la tala rasa de las especies arbóreas de áreas inundables, con el objeto de evitar deterioro de la calidad de las aguas retenidas en la presa y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero”, lo que según la compañía es impracticable.

Además, se pide retirar de la RCA el requerimiento de elaborar un estudio de diferenciación horaria en el uso de la ruta 7, confirmar que no habrá interferencia con la declaratoria en curso como Monumento Histórico del Paso San Carlos, dar cumplimiento a requerimientos necesarios para realización de actividades deportivas y recreativas como kayak, rafting y pesca (que según la empresa sólo se realizan en el primer tramo del río Baker, aguas arriba del embalse Baker 1, de manera tal que la operación de las centrales no tienen forma de afectarlas), y el establecimiento de un plan de compensación ante la eventualidad que disminuyan los ingresos provinciales y/o regionales derivados de la actividad turística.