La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, será investigada formalmente en una causa penal por el decreto que habilitó el acuerdo de la empresa YPF con la norteamericana Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta en la provincia del Neuquén.
Así quedó determinado el lunes por una decisión de la Sala II de la Cámara Federal penal porteña conocida ayer. El tribunal rechazó una apelación del fiscal Eduardo Taiano para que los camaristas revisaran una decisión de la jueza María Servini de Cubría. Fue con la firma de Horacio Cattani y Martín Irurzun y la disidencia del juez Eduardo Farah.
La magistrada había declarado nulo un dictamen de Taiano que proponía no investigar ni abrir una causa penal contra la Presidenta por una denuncia formulada por el diputado porteño Alejandro Bodart (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale.
Los denunciantes pidieron investigar si la Presidenta incurrió en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de contaminación ambiental. Esto último es por los daños que puede provocar la exploración del tipo “fracking” -que implica la ruptura de rocas con agua a altísima presión- para extraer el “shale-gas” que existe en esa zona del país.
Viale y Bodart sostuvieron que el decreto 929/2013 firmado por la Presidenta constituye “una clara violación” a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos (17.319), su ley modificatoria (26.197) y al artículo 124 de la Constitución Nacional. Este último afirma, en su último párrafo, que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”.
El legislador y el abogado explicaron en su denuncia que a través del decreto referido, Chevron -o cualquier otra firma que explore para extraer “shale-gas”- podrá: Exportar el 20% de su producción sin pagar derechos de exportación.
Tener la libre disponibilidad del 100% de las divisas y no el 70% como sucede con cualquier otra empresa.
Tener garantizado un eventual precio interno (del hidrocarburo) igual al internacional.
Gozar de un arancel cero para la importación de varios tipos de maquinarias.
Tener la concesión de áreas hidrocarburíferas por 25 años y prorrogable por diez años más.
Arrasar con los derechos de los pueblos originarios.
Provocar “un daño irreparable al ambiente” por la utilización del método “fracking”.
“Estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad escandalosos en su forma y su contenido”, expresaron Bodart y Viale.
La única persona denunciada es la Presidenta.
Los denunciantes recordaron que Chevron “fue expulsada de Ecuador y multada en 19 mil millones de dólares por los graves perjuicios causados en ese país hermano”.
“Con semejante marco no podemos dejar de expresar que rebautizar como Area Mosconi a Vaca Muerta constituye una verdadera afrenta a aquel defensor del petróleo nacional, enemigo histórico de la Standard Oil, hoy Chevron”, añadieron Bodart y Viale en referencia al general Enrique Mosconi, primer presidente de YPF.
Viale aportó sus conocimientos técnicos (preside la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas) para describir a través de diversos estudios internacionales lo “peligroso” que significa “para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” la utilización del método de “fractura hidráulica” o “fracking”.
Ahora la denuncia volverá al juzgado de Servini de Cubría quien pedirá el correspondiente “requerimiento de instrucción” pero que seguramente deba resolverlo otro fiscal. Fuentes judiciales no descartaron que el caso termine apelado a la Cámara de Casación
El acuerdo entre la petrolera local YPF y la estadounidense Chevron apunta a desarrollar la explotación del yacimiento “Vaca Muerta”, un área de 295 kilómetros cuadrados ubicada en Neuquén que es considerada una de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas no convencionales, que solamente pueden extraerse utilizando una nueva técnica, el cuestionado “fracking”.
Tras varios meses de negociaciones, la primera fase de este acuerdo fue firmada el 16 de julio de 2013 en Casa de Gobierno, bajo la atenta mirada de Cristina Fernández de Kirchner.
Contempló una inversión de 1.240 millones de dólares por parte de Chevron para la perforación de los primeros 161 pozos en una superficie de 30 kilómetros cuadrados. Esa experiencia piloto ya se cumplió y el mes pasado se firmó una extensión del acuerdo, que incluirá la perforación de otros 170 pozos, lo que demandará una inversión adicional de otros 1.600 millones de dólares.
Miguel Galuccio, el presidente de YPF desde la expropiación de la mayoría accionaria por parte del Estado en 2012, estimó días atrás que en total el yacimiento de Vaca Muerta puede albergar unos 1.500 pozos, pero para ello se necesitará invertir la friolera de 16.200 millones de dólares. Chevron es el primero de los socios, pero Galuccio no descarta el ingreso de otras compañías. La intención es obtener de allí unos 50 mil barriles de petróleo por día, además de 3 millones de metros cúbicos de gas. Con 15% de esa producción, afirman los expertos, sería suficiente para paliar el déficit energético actual que vive la Argentina.
Pese a lo promisorio del acuerdo, el pacto con la petrolera norteamericana fue cuestionado desde diversos sectores políticos y sociales. Los partidos de la oposición criticaron en especial la existencia de cláusulas secretas en el acuerdo, supuestamente orientadas a dar garantías a Chevron sobre la rentabilidad futura de sus inversiones y para poder acudir a tribunales internacionales en caso de posibles controversias. Otras concesiones han sido públicas: por caso, un decreto del gobierno aseguró a Chevron que podrá exportar parte de la producción de Vaca Muerta sin tributar retenciones y sin restricciones a la libre disponibilidad de los dólares que se generen. Es esa la norma por la que ahora Cristina debería dar explicaciones.
Otras críticas al proyecto parten de organizaciones ambientalistas y sociales. Apuntan contra el fracking, la técnica que se utiliza para obtener este tipo de petróleo y gas no convencionales (shale-oil y shale-gas). Es que a diferencia de un pozo tradicional, donde los combustibles se extraen de una roca madre, en este caso los hidrocarburos debe obtenerse por el mecanismo de fractura hidráulica, es decir disolviendo formaciones rocosas y para esto se utiliza gran cantidad de agua y productor químicos. Respecto de esa crítica, Galuccio replicó que Vaca Muerta requerirá apenas 0,3% del agua disponible en Neuquén.
La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó hoy seguir investigando a la presidente Cristina Kirchner por la firma del decreto que selló el acuerdo YPF y Chevron por la explotación de Vaca Muerta. Lo resolvió al anular el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien había considerado que no hubo delito alguno luego de la denuncia que presentaron representantes del partido Nueva Izquierda por la firma del Decreto 929/2013.
El abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los impulsores de la demanda, manifestó en InfobaeTV su satisfacción por la decisión. "Hasta ahora no vimos una Justicia activa, sobre todo desde el lado de la Fiscalía", observó.
"Ahora la Justicia debe investigar, se tienen que abrir una serie de pruebas en esto", dijo el letrado. "Esperemos que empiece a tener consecuencias concretas en cuanto a las prerrogativas que obtiene Chevron", agregó, sin asegurar si la decisión podría afectar la vigencia del pacto.
Viale consideró que el decreto fue el que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos en el yacimiento de Neuquén –cuyas reservas se cuentan entre las más grandes del mundo– es ilegal. "Un decreto que viola una ley (en este caso la de hidrocarburos) constituye el delito de abuso de autoridad", señaló el experto.
Además de sostener que va en contra de la Ley de Hidrocarburos, el abogado recordó que la denuncia plantea también el delito de contaminación en grado de tentativa. Es que la técnica que se usará para la extracción del material es el polémico fracking, del que Viale señaló que demanda enormes cantidades de agua y provoca la afectación de recursos hídricos con químicos.
"El fracking es una vuelta de tuerca del extractivismo, que es chuparle los últimos jugos a la tierra", advirtió el experto, y observó que en numerosos países fue prohibido, y en varios ya demostró sus efectos nocivos en el ambiente.
Con todo, Viale apuntó contra el secreto que rodeó al acuerdo al sostener que ni siquiera los legisladores que debieron votarlo lo conocieron en su totalidad. Y mencionó que entre los puntos que tendría existe una supuesta "indemnidad ambiental" para la empresa norteamericana, daños que –a su entender– incluso podría sumir YPF
"Chevron es una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana. Espero que no hagan lo mismo acá. Puede tener un perjuicio que puede durar muchos años", culminó.
La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó seguir investigando a la presidente Cristina Kirchner por la firma del decreto que selló el acuerdo YPF y Chevron. La mandataria está acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.
El tribunal resolvió anular el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien había considerado que no hubo delito alguno luego de la denuncia que presentaron los diputados del partido Nueva Izquierda por la firma del Decreto 929/2013.
Ese decreto fue el que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y que, según expusieron los diputados en la denuncia, tuvo el fin de beneficiar a Chevron en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
Tras la denuncia, el fiscal había considerado que no hubo delito alguno. Su decisión fue primero anulada por la jueza María Servini de Cubría y ahora confirmada por la Cámara Federal. "El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa", sostuvo la Cámara.
"Existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado", advirtió el tribunal, en el escrito que lleva la firma de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun. En su voto, el camarista Eduardo Farah se pronunció por mantener el dictamen del fiscal.
La Cámara Federal porteña ratificó hoy que Cristina Kirchner debe ser investigada por la firma del decreto 929/13 sobre hidrocarburos, tras una denuncia por la presunta intención de la Presidenta de beneficiar a la petrolera Chevron y por riesgo ambiental a raíz del fracking.
El decreto al que refiere la denuncia alude al acuerdo entre YPF y Chevron.
La decisión fue de la Sala II del tribunal de apelaciones que ratificó una decisión de la juez federal María Servini de Cubría quien había dispuesto que se emitiera un nuevo dictamen fiscal para impulsar la investigación contra la presidenta Cristina Kirchner.
En la causa, el fiscal federal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia y rechazó impulsar la investigacion, medida que fue anulada por Servini de Cubría, en una decisión que ahora respaldó la Cámara.
De esta manera, Taiano deberá decidir si elabora un dictamen impulsando la investigación o se nombra un nuevo fiscal, que cumpla lo ordenado por la Cámara Federal.
LA DENUNCIA
En la denuncia, que había sido presentado por los diputados de Nueva Izquierda Alejandro Bodart y Enrique Viale, se sostiene que el decreto habría beneficiado a Chevron en Vaca Muerta y que habría daño ambiental por el fracking.
"Es preciso recordar que en la denuncia que encabeza este legajo se afirmó que el Decreto 929/13 se dictó en franca violación a lo dispuesto en la Ley 17.319 de Hidrocarburos y su modificatoria Ley 26.197, siendo sus disposiciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional", sostuvieron en su resolución los camaristas Hoarcio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun.
"Es necesario señalar que la conclusión a la que arribó el Sr. Fiscal [Taiano, que desestimó la investigación] no sólo estuvo anclada en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia, como ser la falta de remisión del Decreto a la Comisión Bicameral Permanente, en violación a lo dispuesto por la Ley 26.122", agregaron.
"La totalidad de las circunstancias apuntadas son las que permiten sostener que el dictamen bajo análisis carece de validez argumental suficiente", se concluyó.
La Justicia ordenó investigar a la presidenta Cristina Kirchner por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por la firma de un decreto por el cual convalidó el acuerdo con la petrolera Chevron para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta.
La decisión es de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani y Martín Irurzún, con la disidencia de su colega Eduardo Farah.
La denuncia fue presentada en julio de 2013 por el diputado de la ciudad Alejandro Bodart, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale.
Por sorteo recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, y la magistrada envió el caso al fiscal federal Eduardo Taiano para que decidiera si había razones para impulsar la acción.
Pero Taiano entendió que no había delito en la firma del decreto y expuso que se habían cumplido los paso formales antes de su dictado.
Entendió que el trámite administrativo previo y los exámenes jurídicos a los que fue sometido el asunto hacen pensar que no fue dictado de manera maliciosa y a sabiendas de que se opone a la ley he Hidrocarburos, como habían sostenido los denunciantes.
Servini de Cubría, en una decisión poco frecuente, dispuso directamente la nulidad del dictamen de Taiano. Pero el fiscal apeló ante la Cámara Federal. Sus argumentos fueron sostenidos por su colega Federico Delgado cuando actuó como fiscal de Cámara subrogante.
Pero la Cámara rechazó sus razones, confirmó la nulidad del dictamen de Taiano y le devolvió vida a la investigación, que estaba herida de muerte.
Taiano había entendido que las conductas denunciadas no eran un delito, pero analizó el asunto como si lo fuera, por lo que la cámara entendió que ésa es la evidencia de que hay una hipótesis delictiva que es necesario investigar.
La Cámara entendió que la visión de Taiano sobre los hechos fue "formal" y "parcializada", pues soslayó aspectos no incluidos en la ampliación de denuncia, por ejemplo el hecho de que no se hubiera remitido el decreto a la Comisión Bicameral Permanente que debe analizar los decretos de necesidad y urgencia como el dictado por la Presidenta.
Los denunciantes Bodart y Viale señalaron que el decreto presidencial 929/2013, firmado en simultáneo con el acuerdo entre YPF y Chevron, "fue sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, sito en la provincia de Neuquén, resultando de ello no sólo un perjuicio para el ambiente y para los pueblos originarios que habitan en aquella zona, sino también para la economía y la soberanía de nuestro país en su conjunto".
Los denunciantes señalaron que mediante el acuerdo "se exime a Chevron de pagar al Estado los correspondientes derechos por exportar" y que, "exporte o no el petróleo, a la multinacional Chevron se le garantiza que recibirá siempre el pago a precios internacionales".
"Si a Chevron le permiten exportar el 20% de su producción sin pagar derechos; si le autorizan la libre disponibilidad del 100% de las divisas (y no el 70%, como a otras empresas); si le garantizan un eventual precio interno igual al internacional; si tendrá un arancel cero para importar varios tipos de maquinaria; si la concesión de áreas hidrocarburíferas es por 25 años y prorrogable por 10 años más, y si además se arrasa con los derechos de los pueblos originarios y mediante el fracking se provoca un daño irreparable al ambiente, estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad escandalosos en su forma y su contenido", dice la denuncia.
Ahora, el fiscal de Cámara Germán Moldes debe decidir si mantiene los argumentos de Taiano y busca apelar el fallo ante la Cámara de Casación para que todo quede en nada o si, por el contrario, devuelve el caso a la fiscalía. Allí, Taiano debería decidir si se excusa para seguir interviniendo en el caso, pues él ya opinó que no había delito en la denuncia, y la fiscalía de Cámara debería designar a otro fiscal para que se haga cargo de la investigación.
Tras el fallo de la Cámara Federal que permite que la Justicia ahonde en la investigación del convenio, los denunciantes expresaron su confianza en que ahora se frene el acuerdo con Chevron, aprobado por la Legislatura neuquina en una agitada sesión en medio de incidentes callejeros reprimidos con balas de goma.
"Es un avance trascendente que la Justicia haya resuelto iniciar una investigación a la presidenta en ejercicio del poder. Mi expectativa es que esto permita frenar el acuerdo", dijo Bodart, en referencia al entendimiento por el cual la petrolera se comprometió a invertir 1140 millones de pesos.
El acuerdo entre la petrolera local YPF y la estadounidense Chevron apunta a desarrollar la explotación del yacimiento "Vaca Muerta", un área de 295 kilómetros cuadrados ubicada en Neuquén que es considerada una de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas no convencionales, que solamente pueden extraerse utilizando una nueva técnica, el cuestionado "fracking".
Tras varios meses de negociaciones, la primera fase de este acuerdo fue firmada el 16 de julio de 2013 en Casa de Gobierno, bajo la atenta mirada de Cristina Fernández de Kirchner. Contempló una inversión de 1.240 millones de dólares por parte de Chevron para la perforación de los primeros 161 pozos en una superficie de 30 kilómetros cuadrados.
Esa experiencia piloto ya se cumplió y el mes pasado se firmó una extensión del acuerdo, que incluirá la perforación de otros 170 pozos, lo que demandará una inversión adicional de otros 1.600 millones de dólares.
Miguel Galuccio, presidente de YPF desde la expropiación de la mayoría accionaria por parte del Estado en 2012, estimó hace unos días que, en total, el yacimiento de Vaca Muerta puede albergar unos 1.500 pozos, pero para ello se necesitará invertir la friolera de 16.200 millones de dólares.
Chevron es el primero de los socios, pero Galuccio no descarta el ingreso de otras compañías. La intención es obtener de allí unos 50 mil barriles de petróleo por día, además de 3 millones de metros cúbicos de gas. Con 15% de esa producción, afirman los expertos, sería suficiente para paliar el déficit energético actual que vive la Argentina.
Pese a lo promisorio del acuerdo, el pacto con la petrolera norteamericana fue cuestionado desde diversos sectores políticos y sociales.
Los partidos de la oposición criticaron en especial la existencia de cláusulas secretas en el acuerdo, supuestamente orientadas a dar garantías a Chevron sobre la rentabilidad de sus inversiones y para poder acudir a tribunales internacionales en caso de posibles controversias.
Otras concesiones han sido públicas: por caso, un decreto del gobierno aseguró a Chevron que podrá exportar parte de la producción de Vaca Muerta sin tributar retenciones y sin restricciones a la libre disponibilidad de los dólares que se generen. Es ésa la norma por la que ahora Cristina debería dar explicaciones.
Otras críticas parten de organizaciones ambientalistas y sociales. Apuntan contra el "fracking", la técnica que se utiliza para obtener este tipo de petróleo y gas no convencionales (shale-oil y shale-gas).
Es que a diferencia de un pozo tradicional, donde los combustibles se extraen de una roca madre, en este caso el hidrocarburo debe obtenerse por el mecanismo de fractura hidráulica, es decir disolviendo formaciones rocosas y para esto se utiliza gran cantidad de agua y productos químicos.
Respecto de esa crítica, el presidente de YPF, Galuccio, replicó que Vaca Muerta requerirá apenas 0,3% del agua disponible en Neuquén.
