El proyecto de Ley Minera que actualmente está siendo considerado en la Cámara de Senadores, tiene connotaciones indudablemente tormentosas y preocupantes, por los obstáculos que pasó y el tiempo que duró en su redacción por parte de los tres actores mineros reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Han sido tres años en los que las comisiones de los tres sectores consensuaron este proyecto, hasta que fue entregado en julio del pasado año al Ministro de Minería, quien lo puso en consideración del poder Ejecutivo antes de su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

A partir de ese momento empezaron los problemas. Primero con los cambios efectuados en estratos oficialistas, que llamaron la atención de privados y cooperativistas, los que junto a los representantes del Estado volvieron a llegar a acuerdos entregando el trabajo al Jefe de Estado.

Este lo remitió a la Asamblea Legislativa, en la que, en la Cámara de Diputados, se hizo nuevas reformas, especialmente de artículos considerados como inconstitucionales, los que no habían sido detectados en ese largo tiempo de redacción junto a abogados de los tres actores.

Esa posición motivó el bloqueo nacional de los cooperativistas mineros, dos muertes de trabajadores y heridos, y el retorno al consenso, en el que se impuso el criterio gubernamental que tuvo que ser reconocido por los cooperativistas mineros, ya que la nueva redacción establece claramente la prohibición de que las cooperativas puedan realizar contratos de asociación con empresas privadas y extranjeras.

El proyecto, ya enfincado en el Senado, fue aprobado en la comisión respectiva, encontrándose en las deliberaciones del plenario, con la esperanza de que se apruebe el documento y sea remitido a la Cámara Baja con las correcciones del caso, estamento que lo sancionaría para que en los próximos días el Presidente del Estado promulgue esta Ley tan accidentada.

También se tuvieron que hacer consensos con regantes, afrontándose ahora la oposición a la Ley de organizaciones sociales que se reunieron en el transcurso de la semana, exigiendo que esa norma sea consensuada entre todos los sectores afectados por la minería.

Esperemos que, por fin, se de curso a la aprobación de esa ley, ya que, en este momento, muchos trámites de Contratos Mineros se encuentran paralizados, a la espera del instrumento legal que reemplazará al Código Minero 1777 de 1997.