Es de público conocimiento que el consumo eléctrico está subsidiado por el Gobierno nacional por diferentes razones que no pretendo discutir. En este artículo quiero poner en evidencia que todos los ciudadanos estamos subsidiando al Área Metropolitana de Buenos Aires donde está la mayor concentración urbana.

Para empezar, existe una enorme inequidad entre jurisdicciones y entre ciudadanos, es decir que una familia clase media paga distinta tarifa en función del lugar donde viva. Lo más sorprendente es que las dos jurisdicciones con menor tarifa son Edenor y Edesur, empresas que abastecen de energía al Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense), siendo su tarifa nueve veces inferior a la mayor tarifa representada por Córdoba y cinco veces inferior a otras zonas de Buenos Aires abastecidas por otras empresas como EDEA y EDEN.

Es una enorme discriminación por jurisdicciones. Se podría afirmar que un residente de cualquiera de los cien barrios porteños pagará menos que un usuario de clase media residente en cualquier otra provincia o que un argentino de clase media que vive en Olivos pagará menos que un residente en Tandil o Necochea con idéntico consumo.

¿Por qué hay tanta diferencia entre jurisdicciones? Primero, por el sistema de subsidio del Gobierno nacional a la generación y el transporte; y, segundo, por el sistema de determinación de los cuadros tarifarios de las distintas jurisdicciones.

El sistema de subsidio a la generación se materializa a través de un precio equivalente del Mwh para todas las provincias, etapa en la que no aparecen inequidades territoriales. El costo de esa energía es pagada por las empresas distribuidoras y se debería recuperar a través de la tarifa que éstas cobran a los distintos usuarios (residenciales, comerciales, industriales, etc.).

La tarifa autorizada en el Cuadro Tarifario (CT) de cada jurisdicción debe cubrir el costo de la distribuidora, pero vemos que en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tarifa se mantiene invariable desde hace más de diez años ya que el Gobierno nacional no aprueba aumentos tarifarios a usuarios residenciales y en consecuencia, las empresas no están en condiciones de cubrir sus costos. Como las empresas no perciben subsidios directos del Estado nacional, la pregunta del millón es ¿cómo funciona hasta ahora la ecuación de las distribuidoras de AMBA, donde reside el 38% de los usuarios residenciales del país?

Edenor y Edesur, las empresas que cubren el servicio en AMBA y el resto de las empresas distribuidoras del país compran la energía Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), generando una deuda con la empresa. Las tarifas de Edenor y Edesur son aprobadas por Estado nacional y por ello el Ministro de Infraestructura, Julio De Vido, decidió el año pasado compensar gran parte de la deuda de estas empresas a cuenta de los aumentos de valor agregado de distribución -VAD- no otorgados en el pasado. Allí radica la gran diferencia entre esas empresas y el resto de las distribuidoras: en el mes de mayo de 2013, gran parte de la deuda de Edenor y Edesur (unos $ 2.700 millones de un total aproximado de $ 4.300 millones) ha sido compensada por el Gobierno nacional.

En tanto Edenor y Edesur no se vean obligadas a pagar la energía que compran siempre será posible mantener las tarifas a usuario final que tanto molestan a cualquier ciudadano del interior del país. Es decir, con fondos de todos los argentinos, financiamos el consumo de los ciudadanos de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Hoy el ministro Julio De Vido sale de gira para cerrar convenios del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina. Título que pomposamente deja la "solución" en manos de quienes generaron el actual problema de las tarifas a usuarios residenciales durante los últimos once años, con el agravante de que la solución aportada en el mejor de los casos congela temporalmente la aparición de una solución real, no distingue las diferencias entre jurisdicciones ni revierte las actuales inequidades. Adicionalmente, las provincias no sólo delegan en la Nación su competencia original respecto de la fijación de tarifas, sino que al mismo tiempo, De Vido no puede dejar de despuntar el vicio de manejar a su gusto la obra pública, incluso aquella que como en este caso no le corresponde tocar.

El solo hecho de pensar en los importes restados al consumo en el "interior" del país mientras se sostienen tarifas absurdas en el Área Metropolitana de Buenos Aires nos pone frente a un dilema político significativo, dado que este esquema se replica en las tarifas de transporte, el servicio de agua potable y el saneamiento, o en la dotación de agentes de la Policía Federal cuyo salario costea la totalidad de los ciudadanos, en la Argentina el acceso a los bienes y servicios públicos ha devenido en una de las más odiosas herramientas de inequidad y demolición del federalismo.

(*) Diputado nacional por Mendoza (UCR)