El Gobierno intervino en el tratamiento y gestión de 55 conflictos sociales durante abril pasado, según el décimo octavo informe Willaqniki, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS -PCM).

De ese total, el 67% corresponde a las actividades extractivas, tres puntos porcentuales por debajo respecto del mes anterior.

La actividad minera registra el mayor número de casos (23) y las regiones Cajamarca, Loreto y Áncash son los lugares donde persisten los conflictos sociales, pues juntos representan casi el 40% del total de los casos.

En cuanto a las acciones de prevención, en abril se registraron 69 casos, cuatro más que en marzo; de este total el 53% corresponde a diferencias y controversias suscitadas por proyectos mineros, que sumado a las acciones desplegadas en la actividad hidrocarburífera y de minería informal registra en total 62%.

Además, el informe identifica tres casos resueltos, los cuales están vinculados a la actividad extractiva y al sector laboral.

El informe aborda también la labor de las rondas campesinas/urbanas y su vinculación con la seguridad ciudadana en las regiones norteñas de La Libertad, Lambayeque y Piura.

SISTEMA PENITENCIARIO
Igualmente comprende una entrevista al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), JoséLuis Pérez Guadalupe, sobre un balance del sistema penitenciario y los avances en su gestión; y otra, al fundador de las ronda campesinas en Chota – Cajamarca, Régulo Oblitas Herrera.

También destaca la declaratoria de emergencia sanitaria en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región Loreto, aprobada por el Ejecutivo para atender el problema de la contaminación del agua para consumo humano, que afecta a las poblaciones indígenas asentadas en estas localidades.

Finamente, presenta dos herramientas virtuales: el Atlas Global de Justicia Ambiental, plataforma interactiva de mapas que analiza la trayectoria de los conflictos socio ambientales y el portal de la ONDS con información sobre el tratamiento y gestión de los conflictos

LEA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

PCM preocupada por violencia social como respuesta a criminalidad en el oriente y en la costa norte. Para el Gobierno, hay en total 55 conflictos y 69 controversias.

RAÚL E. CASTRO PEREYRA
rcastrop@diariogestion.com.pe

En total, el Poder Ejecutivo registró 55 conflictos sociales en el mes de abril. Un número recurrente en los tres últimos informes emitidos por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.

El documento señala, además, que de los 55 disputas, 28 están en un periodo de seguimiento y el resto en tratamiento.

Las cifras de la PCM permiten construir una suerte de radiografía de la violencia, que revela que Cajamarca (8), Áncash (6) y Loreto (6) son los departamentos con mayor número de conflictos. Y al igual que en los informes de la Defensoría del Pueblo, el de la PCM también revela que la minería concentra el mayor número de disputas con un total de 23.

Preocupaciones
El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, Vladimiro Huaroc, indicó a Gestión que entre las mayores preocupaciones de su despacho está la violencia ciudadana que se está gestando por la falta de seguridad. “La gente está protestando por la inseguridad, el sicariato y el narcotráfico”, detalló.

El funcionario precisó que esa tendencia es muy evidente en la zona que va del oriente hacia la costa norte. Ciudades como Chiclayo, Trujillo, Piura, y departamentos como Amazonas y san Martín, están en la mira del Ejecutivo.

Precisamente, ayer la PCM remitió el nuevo informe Willaqniki, en que se detalla el estado de todos los conflictos que, a decir del Gobierno, se concentran en 17 departamentos. En el documento hay un capítulo entero denominado: Inseguridad Ciudadana y los Conflictos en el Norte del Perú.

“Este estado de inseguridad ha generado estados de conflictividad, lo que incluso motivó la realización de un paro regional de transportistas en La Libertad, demandando al Estado se combata la inseguridad ciudadana por la que viene atravesando”, se señala en el último informe.

Al respecto, Huraoc sostiene que hay ausencias de políticas públicas para enfrentar dicha inseguridad.

Finalmente, la PCM registró 69 controversias, cuatro más que el mes pasado. “Estos casos no llegan a ser conflictos, pues no hay una situación de violencia”, precisa Huaroc.

LAS CLAVES

En cifras. Luego de la minería, los conflictos más recurrentes son los laborales y los vinculados al agro.

Atentos. Hay controversias en estado de prevención (69), que están repartidas en 20 departamentos.