Diversos obstáculos directos e indirectos han debido enfrentar grandes proyectos de inversión en el país, lo que ha generando la paralización, postergación y, en algunos casos, hasta el desistimiento de alrededor de 60 grandes iniciativas, considerando el último catastro de la Sofofa y actualizado con información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a mayo.

Hoy se apunta a la judicialización. En el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se hablaba de “lomos de toro”. Lo claro es que este 2014 serán contados con la mano los grandes proyectos de inversión de energía o minería que comenzarán a desarrollarse. 

Todo por los diversos obstáculos directos e indirectos que han debido enfrentar grandes proyectos de inversión en el país, lo que ha generando la paralización, postergación y, en algunos casos, hasta el desistimiento de obras por más de US$ 70.000 millones, lo que equivale a alrededor de 60 grandes iniciativas, considerando el último catastro de la Sofofa y actualizado con información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a mayo de este año. De la suma total, unos US$10 mil millones debieron parar el último año tras toparse con algún obstáculo.

Las barreras que han encontrado las empresas para cumplir con el cronograma original de sus proyectos se han expresado y canalizado de distintas maneras. “Esto surge por falta de certeza jurídica, mayor judicialización de proyectos, alza de costos asociados a la escasez de energía, incumplimientos a la normativa ambiental y, excesiva demora o alta exigencia de la autoridad ambiental”, ha señalado la Sofofa.

Pero a esto se suma la oposición de comunidades y ambientalistas, que han logrado frenar varias iniciativas.

PwC apunta a la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y a la ausencia de un reglamento específico para su aplicación.

Al identificar las causas de la judicialización de proyectos es posible indicar que, de acuerdo con los datos del Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del INDH (junio 2012), los temas relacionados a comunidades indígenas y la correcta aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son los motivos más recurrentes, destaca un reciente estudio de PwC (ver página siguiente). 

“El empoderamiento de las comunidades ha cambiado radicalmente en la última década, por lo cual no podemos seguir desarrollando proyectos como se acostumbraba hacer. Urge la modernización de los instrumentos de gestión social de las compañías y el reforzamiento de las estructuras organizacional para internalizar esta gestión”, destaca Mathieu Vallart, socio de PwC Chile.

NO SÓLO GRANDES OBRAS
Clemente Pérez, abogado jefe de Recursos Naturales e Infraestructura de Guerrero Olivos, destaca que la judicialización de proyectos -“o más bien una burocratización en algunos ámbitos”, dice- se da particularmente en los ámbitos de generación eléctrica, minería y residuos, porque “hay una obstaculización” en el Sistema de Evaluación Ambiental en el que es habitual encontrar muchos estudios e informes que no son tan indispensables. “Hay una ralentización en conseguir aprobaciones ambientales en la línea administrativa, que es evidente, y luego también en el ámbito judicial”, afirma el abogado.

Pero destaca que en materia de generación eléctrica, no sólo el proyecto HidroAysén, que buscan sacar adelante Endesa y Colbún, ha sufrido con la judicialización.

“Proyectos eólicos o a gas también han tenido dificultad. Uno podría pensar que en estos últimos no hay trabas, pero también hay dificultades. Se produjo una judicialización de los proyectos, porque hay una mayor inclinación al litigio”, remarca.

Pedro Pablo Vergara, socio del estudio Rodríguez, Vergara y Cía. y miembro de la Comisión Medio Ambiente del Colegio de Abogados, es más categórico aún: “La judicialización de los proyectos llegó para quedarse, es un fenómeno que ha afectado por igual a todas las empresas”. 

Para el jurista, “existe gran responsabilidad del parte del legislador en dejar espacios abiertos en este tema”. Además, afirma que hay muchos grupos que sienten que tiene el derecho a paralizar proyectos y tomarse caminos.

LA LEGISLACIÓN
Ambos abogados coinciden en que falta madurez en el sistema, luego de cambios como la introducción de los Tribunales Ambientales.

“Los Tribunales Ambientales son relativamente nuevos, por eso en materia jurídica, en general, los avances son muy lentos. Con todo esto, esperar que estos tribunales terminarán con la judicialización es apresurado. Aún hay un choque de roles con otros tribunales”, dice Pablo Vergara, en relación a las competencias que tiene también la justicia ordinaria.

“De lo que yo he visto, el límite de los tribunales ordinarios y ambientales aún no está definido. Por eso creo que la jurisprudencia puede decir mucho. Cuando hay jurisprudencia, cuando existe uno o varios fallos sobre una misma materia de temas similares se va a comenzar a zanjar todo este tema”, añade el socio del estudio Rodríguez, Vergara y Cía..

Clemente Pérez, abogado de Guerrero Olivos, complementa: “Cuando comenzaron a funcionar los tribunales ambientales tuvimos que comenzara con un ‘vitrineo judicial’, es decir, que los opositores de un proyecto en las instancias administrativas podrían acudir a tribunales por medio de un recurso de protección, dependiendo de los distintos instrumentos. Pero esto, en el último tiempo, se ha estado ordenando, porque la Corte Suprema ha dictado varios fallos relevantes, en el que toma la definición de que en materia ambiental los recursos de protección deben dejar de ser sobre utilizados”.

Añade que si bien en el pasado hubo un control estricto de las Resoluciones de Calificación Ambiental por parte del poder judicial, ahora existe una nueva institucionalidad que debe velar por esas instancias. 

“En los últimos meses existe una jurisprudencia en el que la Corte Suprema está acotando el uso del recurso de protección, como una instancia excepcional”, remata Clemente Pérez. 

HIDROAYSÉN ESPERA AL COMITÉ DE MINISTROS
Es el proyecto emblemático entre aquellos que, pese a la intención del titular, no se han podido desarrollar.

HidroAysén, un enorme complejo de generación hidroeléctrica en la zona sur de la Región de Aysén, viene siendo trabajado desde la década del 70’ e incluso antes, pero fue recién en 2008 cuando fue presentado a evaluación ambiental. Tres años después, y luego de un complejo proceso de tramitación ambiental, obtuvo su autorización.

Pero ese trámite fue apenas un hito menor, pues el proyecto todavía no puede iniciar obras.

Actualmente, la empresa a cargo de este complejo hidroeléctrico está a la espera de que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad dé a conocer su decisión sobre las reclamaciones, proceso que demorará sesenta días.

La instancia interministerial deberá resolver 35 reclamaciones en contra de la iniciativa, luego de que las actuales autoridades decidieran invalidar la decisión de la anterior administración que dio su veredicto sobre 17 de las 35 inquietudes y requirió estudios adicionales para completar la tarea.

¿Qué debiera determinar el Comité de Ministros? Se espera que modifique en parte la iniciativa, o bien, declare inviable su construcción. Esto, atendiendo a la posición de la Presidenta durante la campaña, que señaló que HidroAysén, tal como está, es inviable.

ANDINA 244 ENFRENTA RECHAZO POLÍTICO
Es el más costoso de la ambiciosa agenda de proyectos estructurales de Codelco, y debería implicar un desembolso cercano a los US$6.800 millones para la estatal.

Andina 244, una de las pocas iniciativas que agregará producción a la minera -350 mil toneladas anuales- está todavía en las primeras etapas de su evaluación ambiental, y se espera que en las próximas semanas recién entregue sus descargos al Icsara N° 1, que incluyó casi 1.000 cuestionamientos de parte de los servicios públicos.

La principal barrera que enfrenta este proyecto es la oposición existente y que ha sido liderada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y a la que recientemente se sumaron los senadores RN por Santiago Andrés Allamand y Manuel José Ossandón.

Por ello, más que en la Justicia, por ahora la batalla se está dando a nivel político. La mayor reclamación es la supuesta afectación a glaciares que produciría Andina 244, situación que ha sido descartada por Codelco. “Los legisladores repiten conceptos inexactos, sacan conclusiones sin fundamentos y hacen comparaciones que no corresponden”, respondió la estatal al emplazamiento de los parlamentarios.

BOCAMINA II SIGUE SIN PODER DESPACHAR
El 17 de diciembre del año pasado, la Justicia propinó un duro golpe a Endesa. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción decretó la paralización de la central termoeléctrica Bocamina II, cuya inversión alcanzó los US$460 millones.

Según lo establecido por el tribunal de alzada, la planta  no contaría con una resolución de calificación ambiental. La corte revisó un recurso de reposición presentado por el abogado Sebastián Inostroza, representante de los pescadores artesanales y las algueras de Coronel.

Anteriormente ya se habría presentado por parte de la abogada Paula Villegas, quien representa a pescadores artesanales y vecinos de coronel, una segunda solicitud de paralización de la planta. 

La petición se fundamentaba  en la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente que confirma que la termoeléctrica funcionaba sin un estudio de impacto ambiental. 

La compañía ha tenido que luchar en tribunales con una serie de recursos que buscan paralizar la unidad principal de la generadora.  

La solicitud para paralizar la central en Coronel la presentó el abogado David Vargas en representación de pescadores artesanales con el argumento de la falta de un desulfurizador en la primera unidad de la termoeléctrica. Dicho recurso fue presentado la semana pasada y es estudiado por la corte.

PASCUA LAMA: ¿MILLONES A LA BASURA?
La paralización de Pascua Lama sentó un precedente para empresas, gremios y fundamentalmente abogados. Un proyecto no sólo puede ser detenido antes de su construcción e incluso en etapas tempranas. Su paralización, en caso de detectarse algún error, puede darse incluso en medio de la construcción.

Pascua Lama estaba en pleno desarrollo cuando actuó la Superintendencia de Medioambiente, que interpuso una millonaria multa y ordenó la realización de un plan de reparación del daño ambiental. Posteriormente la Justicia paralizó las obras.

Eso se sumó a un escalamiento histórico en los costos de Pascua Lama. Su desarrollo, que cuando se anunció rondaba los US$1.000 millones, se había empinado sobre los US$9.000 millones, un alza que, además, no tenía freno.

El punto en conflicto es la contaminación de las aguas que desde la alta cordillera, lugar en que se emplaza Pascua Lama, bajan hasta los valles. Los opositores al proyecto creen que la operación de la primera mina binacional termine por secar los ríos, mientras que la empresa está convencida de que mejorando los estándares esto puede evitarse.