Una profunda reestructuración está llevando a cabo el gobierno en la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco).

Ayer se produjo la salida de cuatro funcionarios de primera línea de la vicepresidencia ejecutiva. Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la entidad, solicitó la renuncia a María Cristina Betancour, quien desde marzo del año 2012 se desempeñaba como directora de Estudios y Políticas Públicas.

A ella se sumó Adolfo López, quien será reasignado en otra función. Hasta ahora se desempeñaba como director de Evaluación de Inversiones y Fiscalización. El ejecutivo ingresó en 2009 como director de Evaluación de Gestión Estratégica, cargo al que fue designado bajo el sistema de elección de Alta Dirección Pública.

Los otros ejecutivos que saldrán de la institución son el abogado Manuel José Fernández Barros, que desde septiembre del año pasado ejercía como fiscal, y Javier Aránguiz, director de Minería.

A su vez, el Gobierno adelantó que dividirá el área de Evaluación de Inversiones y Fiscalización en dos departamentos.
La ministra de Minería, Aurora Williams, señaló ayer, tras encabezar el consejo de la institución, que en la asamblea se determinó dicha modificación.

“Nosotros hicimos una pequeña descripción de los objetivos que tiene Cochilco, y naturalmente que los dos aspectos de mayor énfasis tienen que ver con la fiscalización y la evaluación de inversiones, dado que las dos empresas del Estado, Codelco y Enami, van a enfrentar procesos de inversión, quizás los más importantes en la historia de cada uno de ellos”, explicó la secretaria de Estado.

Agregó que esta separación apunta a que cada área tenga capacidades propias para desarrollar su trabajo. “Esto es justamente para dar énfasis a cada uno de estos conceptos y que no funcionen como un área refundida”, comentó.

Agregó que ahora se deben construir los perfiles para designar los ejecutivos que liderarán estas áreas, los que se escogerán a través de Alta Dirección Pública.

Hace unos días la secretaria de Estado manifestó que le iban a exigir a Cochilco una labor de auditoría y asesoría para Codelco. Ayer explicó que este es el rol de esta entidad y que el ministerio busca que desempeñe ese papel.

“(Entidades como esta) Tiene como misión el resguardo al interés fiscal en las empresas en las que el Estado tiene participación y, por ende, la auditoría, la fiscalización, la evaluación de inversiones es una acción que deben realizar; si no, no están haciendo su pega”, precisó.

Y añadió que en el ministerio creen que durante la administración pasada se produjo un debilitamiento de Cochilco, “y lo que nosotros queremos es lo inverso”.

Según Williams, “hubo un tema importante a principios o mediados del gobierno anterior en que estuvo presente la intención de que Cochilco dejara de funcionar, que se manifestó con la presentación de un proyecto de ley. Es la demostración más tácita de que Cochilco no estaba en la mirada. Para nosotros es exactamente inverso: Cochilco es parte de la institucionalidad minera, y naturalmente queremos que sienta el respaldo ministerial para poder desarrollar su rol”.