La Argentina es un país "rico" que puede "honrar sus obligaciones sin caer en ningún default". Así lo aseguraron ayer los fondos buitre Elliott, Aurelius y Olifant; en el escrito que presentaron en conjunto ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos donde le reclaman al tribunal que no tome el caso del juicio contra el país y que, de ese modo, queden firmes las dos sentencias negativas de primera y segunda instancias. La posición quedó plasmada en un escrito de 45 páginas firmado además de por los fondos "buitre", por unos 15 particulares (todos argentinos) que acompañan el juicio contra la Argentina en los tribunales de EE.UU. Ahora, los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H) que representan al país en este caso, se tomarán los 10 días que le otorgan los procedimientos legales norteamericanos para contestar las argumentaciones de la presentación de ayer. Los abogados, junto con Paul Clement, el exprocurador del Gobierno de George W. Bush contratado especialmente para esta instancia, esperarán ahora hasta último momento (la clave a esta altura es ganar tiempo y exprimir al máximo las posibilidades que da el cronograma legal), con lo que las contestaciones a las argumentaciones planteadas en el escrito de ayer llegarán el lunes 19 de mayo. Luego quedará una sola instancia más hasta que la Corte de ese país defina si el "Juicio del Siglo" entre la Argentina y los fondos buitre es o no una de las 80 causas que tomará este año (de unas 4.000 que llegan a esa instancia). La última escala antes de llegar a ese momento será la alternativa que tiene el Tribunal para pedirle formalmente al Gobierno de Barack Obama que opine sobre el caso. Si lo hace, el país habrá ganado un mes más y la definición se demorará hasta fines de julio. Si no le pide al Gobierno norteamericano su visión sobre el juicio, la decisión de la Corte se conocerá en algún momento durante junio. El mejor escenario es que la Corte tome el caso; con lo que la decisión final sobre el caso se demorará a bien entrado 2014, a tiempo para que el país ya no tenga que aplicar la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO); por la cual cualquier oferta que se les haga a los holduots superior a los bonistas que aceptaron ingresar en los canjes de 2006 y 2010; debe ser igualada.
De esta manera, desde enero del próximo año, el país puede mejorar el pago a los acreedores que aceptaron entrar a los dos llamados a regularizar la deuda en default, y así negociar en mejor posición con los fondos buitres un eventual plan de pagos. Si, por el contrario, la Corte decide no tomar la causa, la situación para la Argentina se volverá compleja ya que quedarán firmes los fallos de primera y segunda instancia en los tribunales de Nueva York por lo cual el país debería pagar al contado unos u$s 1.330 millones. Como el país no lo hará, quedaría latente la posibilidad de un default técnico, o de una negociación con los buitres en inferioridad de condiciones.
En la presentación de ayer los fondos que sigen a Alliot, pidieron a la Corte que no reconsidere la decisión que fuerza a la Argentina a pagar bonos al contado, asegurando que tal decisión podría llevar al país a un nuevo default, y afirmaron que "la Argentina es un país rico del G-20, con amplios recursos para honrar sus obligaciones". Según el documento, la idea de una nueva crisis económica en la Argentina por causa de estos bonos es una "hipérbole sin base". Al mismo tiempo, los fondos recibieron el apoyo de cinco jueces federales y un exfiscal general (secretario de Justicia) durante el Gobierno de George W. Bush, Michael B. Mukasey, quienes presentaron un documento conjunto ante la Corte Suprema. En un texto de 15 páginas, los letrados justificaron su apoyo a los fondos especulativos alegando que "la Argentina desafiará las decisiones de esta Corte si considera su aplicación onerosa o inconveniente".
