La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la medida cautelar presentada por diversas organizaciones para que se dejen sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha para ejecutar el megaproyecto minero Conga. Así lo informó el Ministerio de Justicia (Minjus).

La resolución 9/2014 menciona que el pedido de los antimineros no es una materia que corresponda ser analizada mediante una medida cautelar ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

En su alegato de defensa, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Minjus señaló que, de acuerdo con las competencias reconocidas a dicha commisión, la vía de las medidas cautelares "no constituía el espacio para analizar las pretensiones formuladas por los peticionarios" en torno a una supuesta violación de derechos de un grupo determinado.

Además, el gobierno buscó dejar en claro los esfuerzos orientados en armonizar el legítimo interés de los peruanos en el aprovechamiento de los recursos naturales con la tutela de los derechos de las personas o comunidades "que pudiesen considerarse afectadas por este tipo de actividades".

SUGIEREN PROTECCIÓN
Los demandantes también pidieron que se implementes medidas para proteger la integridad de los pobladores opuestos a la iniciativa que hoy está paralizada. En este caso, la CIDH sí acogió el pedido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la medida cautelar presentada por diversas organizaciones para “dejar sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha, a fin de ejecutar el megaproyecto minero Conga”, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De ese modo, según el Ministerio de Justicia, quedó sentado en la resolución 9/2014, notificada hoy al Estado peruano, en la que la CIDH señala que este pedido no es una materia que corresponda ser analizada mediante una medida cautelar ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Durante el trámite seguido ante este organismo, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue clara en señalar que de acuerdo con las competencias reconocidas a esta Comisión, la vía de las medidas cautelares no constituía el espacio para analizar las pretensiones formuladas por los peticionarios respecto a la presunta violación de derechos colectivos.

Asimismo, la defensa peruana hizo referencia a los esfuerzos orientados a armonizar el legítimo interés de los peruanos y peruanas en el aprovechamiento de los recursos naturales con la tutela de los derechos de las personas o comunidades que pudiesen considerarse afectadas por este tipo de actividades.

Las organizaciones demandantes también solicitaron la adopción de medidas para proteger la vida e integridad de personas opuestas a la realización del proyecto minero Conga.

Debido a que este extremo fue acogido por la CIDH, su resolución ha sido puesta en conocimiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, se informó.

El proyecto minero Conga, ubicado en la región Cajamarca, es rechazado por un sector de la población y autoridades de esa zona del país quienes afirman que sería perjudicial para el ecosistema y para las reservas de agua.

El gobierno se comprometió a comentar obras que mitiguen cualquier daño causado por la explotación minera, y considera que una parte importante de dirigentes locales opuestos al proyecto obedecen intereses políticos.