En abril de 2007, en la provincia del Chubut, el entonces gobernador Mario Das Neves – con la venia de Néstor Kirchner- firmó la prórroga de la concesión del yacimiento petrolero más grande del país, Cerro Dragón. El acuerdo con Pan American Energy (PAE) se concretó por un período de tiempo superior a los 40 años, es decir, prácticamente hasta su agotamiento.

Los procedimientos utilizados para celebrar este convenio fueron totalmente irregulares. Hubo una contratación directa sin licitación.

Se armaron actuaciones administrativas enviadas a la Legislatura para que aprobara la prórroga, con informes sobre certificación de reservas “truchos” y cuyo único objetivo fue el de tirar abajo el precio para la negociación. Una negociación que se hizo en forma rápida, sin debate y ocultando información. Además, desde hace días se sabe que por la firma de ese contrato se pagaron millonarias coimas según la autodenuncia hecha por una de las firmas concesionarias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

En cuanto a la certificación de las reservas a la que hacemos referencia, se debe aclarar que se llevaron a cabo sólo en base a datos aportados por los futuros beneficiarios de la concesión, en este caso PAE, y que a su pedido se remitieron a las reservas existentes al 31 de diciembre de 2005. Es menester recordar que el contrato de Cerro Dragón se celebró en 2007 y existe una obligación legal de realizar estos estudios anualmente.

Curiosamente, al expediente que trataba la prórroga de la concesión enviado a la Legislatura de Chubut para su aprobación, se agregaron informes hechos en papel membretado de la Universidad de Cuyo, de los años 2006 y 2007, pero sin las firmas correspondientes de los expertos de la Facultad de Ingeniería de esa alta casa de estudios. Algo totalmente “anormal”, ya que el propio rector nos especificó que los informes por ellos confeccionados llevan el aval de los profesionales responsables en cada una de sus páginas.

Esta escandalosa anomalía, sumada a la existencia de coimas, anularía este contrato, que además contiene cláusulas lesivas al interés nacional y por supuesto provincial. Por un lado, para la empresa hay exenciones impositivas millonarias en dólares, disposiciones de estabilidad fiscal vergonzantes y falta de compromisos de inversión. Y por otro se le asegura a PAE, sí o sí, rentabilidad más allá del valor del precio del petróleo. Se cobran miserables regalías y se le otorga la libre disponibilidad del crudo.

Un escenario que en definitiva le permite a Pan American Energy hacer lo que quiera con el petróleo y el gas extraídos más allá de las necesidades del país. Y es así como hoy vemos que se importa energía por una cifra superior a los 20.000 millones de dólares, mientras que el ex gobernador Das Neves permitió, a través de estos contratos, que el crudo se exportara libremente.

Reivindico la propiedad de los recursos a favor de las provincias, pero es lamentable que este país no tenga una política energética nacional que permita tratar esos bienes con criterio estratégico y no rentístico.

No hay industria, no hay transporte, no hay comunicaciones y no es posible desarrollar ninguna actividad sin consumir energía. El que maneja la energía maneja el principal insumo de cualquier actividad y, por ende, la economía de una nación.