Según otro informe de MDZ Online, la Universidad Nacional de Cuyo hizo las certificaciones de reservas que aparecen en el expediente de la renovación del
contrato del mayor yacimiento del país. Pero ante un pedido de senadores nacionales, desconocieron parte de la documentación y sembraron más dudas en un caso que ya tiene investigaciones por supuestos sobornos, afirma la nota de autoría de Ricardo Montacuto.
El rector de la Universidad de Cuyo, Arturo Somoza envió un informe al vicepresidente Amado Boudou donde se desconoce parte de la documentación que usó Das Neves en 2007 para renegociar el petróleo de Chubut
Firmas que faltan, otras que sobran, dudas sobre procedimientos técnicos e informes incompletos. El rol de la Universidad Nacional de Cuyo como ente certificador de reservas de gas y petróleo ha quedado en medio de una fuerte disputa política, luego de que semanas atrás la empresa British Petroleum hiciera una autodenuncia ante una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos por supuestos sobornos pagados por su subsidiaria Pan American Energy en 2007, con el objeto de obtener la prórroga del contrato de concesión de Cerro Dragón. Se trata del mayor yacimiento petrolero del país: produce el 17 % del hidrocarburo nacional desde la provincia del Chubut, a un puñado de kilómetros de Comodoro Rivadavia.
La Universidad de Cuyo hizo entonces la certificación de reservas que fue utilizada por el gobierno nacional y de aquella provincia patagónica para concesionar el yacimiento a Pan American Energy. Pero ahora la universidad desconoce varios de los folios de aquella certificación y sembró dudas sobre parte de la documentación, en un informe oficial que el rector Arturo Somoza le envió al vicepresidente Amado Boudou esta semana, luego de que los senadores de la UCR Laura Montero (Mendoza) y Mario Cimadevilla (Chubut) enviasen a la universidad un pormenorizado pedido de informes. Los legisladores de la oposición creen que el rol de la UNCuyo fue decisivo para inclinar la balanza en favor de PAE en aquella negociación petrolera, porque en base a sus informes en Chubut se decía que Cerro Dragón ya no daría petróleo suficiente. Tal afirmación resultó errónea, al punto que la empresa que explota el yacimiento ha subido a los pozos nuevos equipos de perforación, generando regalías a la provincia de Chubut por más de cien millones de pesos al mes. Y acaba de aceptar una nueva ley provincial de hidrocarburos que le obliga a mayores inversiones, regalías y pagos de impuestos millonarios. El resumen podría ser que Pan American pagó barato un verdadero tesoro petrolero, al decir de los críticos de aquella operación. Y por eso los ojos se volvieron hacia las certificaciones de la Universidad Nacional de Cuyo.
Un proceso abierto
Luego de la denuncia auto incriminatoria de la Bristish, semanas atrás, hoy existen media docena de denuncias penales en la Argentina para indagar los supuestos sobornos, aunque ninguna ha avanzado un centímetro. La empresa británica dijo en la Security Exchange Commission de los Estados Unidos que se pagaron coimas por el contrato y dio nombres de personas y datos de movimientos de dinero ocurridos durante 2007 y 2008. Esas precisiones aún no se conocen en la Argentina, por lo que la autodenuncia de BP fue perdiendo aire con el correr de los días. No obstante, la UNCuyo tuvo que informar en primera instancia a senadores de la oposición, sobre su rol en aquel pleito. Claro que lo hizo con un texto escaso en información técnica sustancial, aunque aportó un dato clave: varias de las fojas del expediente Cerro Dragón sobre el que se firmó la prórroga del contrato hasta 2047 podrían ser falsos.
Los cuestionamientos aparecieron en el informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo y entregado al rector Arturo Somoza, quien eligió una larga gambeta para enviarlo a los senadores de la oposición Montero y Cimadevilla: lo hizo de modo convencional y en vez de entregarlo a quienes se lo pidieron, se lo envió al vicepresidente Amado Boudou. Una copia completa de este informe puede verse aquí:
El documento muestra las fojas “de forma”, la parte del expediente al que había accedido la Universidad para chequear su autenticidad, y un informe de tres hojas y un adjunto en el que la casa de altos estudios siembra una serie de dudas importantes y se ampara en cláusulas de confidencialidad para no brindar información técnica. Y si la universidad se mostró reacia a dar informes a senadores opositores, el bloqueo informativo a la prensa fue absoluto.
El rector Somoza nunca contestó llamados ni mensajes, ni respondió preguntas que se le acercaron por escrito. Una extraña actitud en una universidad pública.
Rol clave
Los datos cuestionados ahora por la propia Universidad son los que establecieron las proyecciones de explotación de gas y petróleo en el tiempo, y más allá de la firma del contrato, y que según dirigentes de la oposición no serían auténticos. Este informe habría permitido mejorar el negocio a Pan American Energy respecto del nuevo contrato con la provincia del Chubut, aunque no ha sido establecido si fue determinante o no en las condiciones finales de la operación. Los datos de la polémica son los que se debatieron en la Legislatura de Chubut en 2007.
Las dudas sobre el contrato reaparecieron cuando se supo –en medio de las discusiones políticas y las desmentidas por las supuestas coimas- que en la documentación había profusos informes sobre una certificación de reservas de gas y petróleo que influyó en el negocio. Y que en el expediente aparecen sin firmas, salvo un anexo documental, y con la rúbrica de un profesional que nadie sabe cómo fue a dar al expediente. Las dudas motivaron a los senadores nacionales Cimadevilla y Laura Montero a enviar a la entidad certificante, justamente la Universidad Nacional de Cuyo, un amplio pedido de informes sobre las condiciones técnicas y económicas de tal estudio sobre el yacimiento, los autores, metodología, y otros datos. El lunes por la mañana, el rector de aquella universidad mendocina, el ingeniero Arturo Somoza, envió al vicepresidente Amado Boudou la documentación requerida. En el informe deslindan todo tipo de responsabilidades sobre las hojas que no están firmadas en el expediente PAE, y desconocen la actuación de un profesional –Jorge Valdéz Rojas- que firmó documentación foliada que aparece en el expediente y membretada además por la universidad, aunque nunca trabajó en esa institución académica. Es decir, la universidad mendocina no dio por propios la decena de papeles membretados de esa casa pero sin firmas, donde se proyectan las ganancias y rendimiento posible de Cerro Dragón. “No podemos dar por propio algo que no está firmado. En el informe que el rector, que es la máxima autoridad, envió al Senado de la Nación, dice claramente que todas las fojas de la certificación hecha por esta universidad estaban firmadas. Además no nos limitamos a firmar papeles. Tuvimos varias reuniones con las personas que participaron de aquella certificación, y ratificaron que firmaron todos y cada uno de los documentos… Pero no nos consta lo que aparece en el expediente de Chubut. Sí podemos decir que todo lo que hemos enviado, lo hemos firmado, y por las personas que aparecen en el informe y no por otras” dijo a MDZ el ingeniero Daniel Fernández, el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, a cargo de esa unidad académica.
No obstante, y aunque deslinda responsabilidades porque dice que la universidad hizo la certificación del año 2005 y no las posteriores, el informe universitario deja varias preguntas sin responder. ¿Cómo fueron los procesos técnicos para determinar las reservas? ¿Cómo se certificaron los datos que les envió la propia empresa Pan American? ¿Cómo se seleccionó a los profesionales que participaron de la operación? ¿Alguna entidad asociada a la universidad, como fundaciones o cooperadoras, participaron del proceso? ¿Cuánto le pagó PAE a la universidad mendocina por el trabajo? Ninguna de estas respuestas aparece en el informe. El rector Somoza se amparó en acuerdos de confidencialidad entre PAE y la UNCuyo, por diez años. Es decir, habrá que volver a preguntar el año que viene. Tampoco se explica por qué un profesional con relaciones en la Casa Rosada, Jorge Valdéz Rojas, aparece firmando papeles de la universidad si nunca trabajó para esa institución. El propio rector debería estar presentando una renuncia al respecto.
La sospecha
Aparentemente, los informes técnicos que la UNCuyo hizo para Pan American Energy en diciembre de 2005 con datos brindados por la empresa y por cuenta de aquella, habrían sido utilizados sin autorización de la Universidad para proyectar existencias de reservas en años posteriores. En las partes más importantes del informe de la Universidad de Cuyo, luego de explicar que son una entidad habilitada para certificar reservas por parte de la Secretaria de Energía de la Nación, dicen que todos los documentos aportados estaban firmados por los cuatro profesionales que intervinieron en la certificación de las reservas, y por el decano de entonces, Eduardo Manfredi. En las copias del expediente PAE que circulan por toda la provincia, tales firmas no aparecen. Manfredi fue consultado hace poco por MDZ y nada pudo recordar de aquellos años. El ex decano se jubiló poco después de la prórroga de la concesión de Cerro Dragón.
El documento muestra las fojas “de forma”, la parte del expediente al que había accedido la Universidad para chequear su autenticidad, y un informe de tres hojas y un adjunto en el que la casa de altos estudios siembra una serie de dudas importantes y se ampara en cláusulas de confidencialidad para no brindar información técnica
“Previo a la extensión de la concesión de Cerro Dragón, que se efectuara en 2007, la Universidad Nacional de Cuyo realizó una sola certificación para la empresa Pan American Energy con información actualizada y entregada por dicha empresa, al 31 de diciembre de 2005 (…) La certificación correspondiente al año 2006, si la hubo, no fue hecha por la Universidad Nacional de Cuyo” dice el informe firmado por el rector Somoza, que acompaña además con el listado de los cuatro profesionales que sí trabajaron en la certificación de reservas. Ninguno de ellos es el ingeniero Jorge Valdéz Rojas, que sí aparece firmando por cuenta de la universidad. “No trabajó nunca para nuestra facultad” dijo una fuente de la Facultad de Ingeniería de esa casa de altos estudios ante una consulta concreta, días atrás. En el informe arrimado a Boudou para los senadores Cimadevilla y Montero, la Universidad dice expresamente que todos los folios (las hojas) de sus certificaciones estaban debidamente firmadas.
En qué afecta
El informe oficial enviado a Boudou por la Universidad de Cuyo agrega dudas a la prórroga del contrato de Pan American Energy. Hasta ahora, la autodenuncia de soborno atravesó a varios de los ex integrantes del gobierno provincial del ahora diputado del Frente Renovador, Mario Das Neves. De hecho, de las seis denuncias penales e investigaciones administrativas en marcha por los supuestos sobornos, dos son autodenuncias de Vido y de Das Neves. El resto es de dirigentes de la oposición –entre ellos Elisa Carrió-, del radicalismo de Chubut, del propio gobierno chubutense enfrentado a Das Neves, y de algunos particulares. Ahora, la aparición del informe de la Universidad de Cuyo sembró más dudas sobre la autenticidad de parte del expediente, y agregó elementos a un caso que había sido cerrado años atrás.
Es incomprensible, si se confirman las sospechas que tienen en la propia universidad algunos de los que conocen esta historia, que un expediente de un contrato multimillonario en dólares haya sido legalizado en el país con supuestos papeles “truchos” de una universidad nacional. Siete años después y porque a alguien se le ocurrió preguntar, la UNCuyo descubrió que un informe oficial propio pudo haber sido utilizado de mala manera, o “editado” con información con apariencia oficial y en papel membretado, pero que no habría sido producida por la UNCuyo. Sólo este caso ameritaría revisar los procedimientos de la universidad en este tipo de certificaciones, una tarea profesional que suele cotizar muy bien en el mercado petrolero.
La UNCuyo y el petróleo: Más dudas por expediente de Cerro Dragón
MDZ. Por Ricardo Montacuto
Firmas que faltan, otras que sobran, dudas sobre procedimientos técnicos e informes incompletos. El rol de la Universidad Nacional de Cuyo como ente certificador de reservas de gas y petróleo ha quedado en medio de una fuerte disputa política, luego de que semanas atrás la empresa British Petroleum hiciera una autodenuncia ante una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos por supuestos sobornos pagados por su subsidiaria Pan American Energy en 2007, con el objeto de obtener la prórroga del contrato de concesión de Cerro Dragón. Se trata del mayor yacimiento petrolero del país: produce el 17 % del hidrocarburo nacional desde la provincia del Chubut, a un puñado de kilómetros de Comodoro Rivadavia.
La Universidad de Cuyo hizo entonces la certificación de reservas que fue utilizada por el gobierno nacional y de aquella provincia patagónica para concesionar el yacimiento a Pan American Energy. Pero ahora la universidad desconoce varios de los folios de aquella certificación y sembró dudas sobre parte de la documentación, en un informe oficial que el rector Arturo Somoza le envió al vicepresidente Amado Boudou esta semana, luego de que los senadores de la UCR Laura Montero (Mendoza) y Mario Cimadevilla (Chubut) enviasen a la universidad un pormenorizado pedido de informes. Los legisladores de la oposición creen que el rol de la UNCuyo fue decisivo para inclinar la balanza en favor de PAE en aquella negociación petrolera, porque en base a sus informes en Chubut se decía que Cerro Dragón ya no daría petróleo suficiente. Tal afirmación resultó errónea, al punto que la empresa que explota el yacimiento ha subido a los pozos nuevos equipos de perforación, generando regalías a la provincia de Chubut por más de cien millones de pesos al mes. Y acaba de aceptar una nueva ley provincial de hidrocarburos que le obliga a mayores inversiones, regalías y pagos de impuestos millonarios. El resumen podría ser que Pan American pagó barato un verdadero tesoro petrolero, al decir de los críticos de aquella operación. Y por eso los ojos se volvieron hacia las certificaciones de la Universidad Nacional de Cuyo.
Luego de la denuncia auto incriminatoria de la Bristish, semanas atrás, hoy existen media docena de denuncias penales en la Argentina para indagar los supuestos sobornos, aunque ninguna ha avanzado un centímetro. La empresa británica dijo en la Security Exchange Commission de los Estados Unidos que se pagaron coimas por el contrato y dio nombres de personas y datos de movimientos de dinero ocurridos durante 2007 y 2008. Esas precisiones aún no se conocen en la Argentina, por lo que la autodenuncia de BP fue perdiendo aire con el correr de los días. No obstante, la UNCuyo tuvo que informar en primera instancia a senadores de la oposición, sobre su rol en aquel pleito. Claro que lo hizo con un texto escaso en información técnica sustancial, aunque aportó un dato clave: varias de las fojas del expediente Cerro Dragón sobre el que se firmó la prórroga del contrato hasta 2047 podrían ser falsos.
Los cuestionamientos aparecieron en el informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo y entregado al rector Arturo Somoza, quien eligió una larga gambeta para enviarlo a los senadores de la oposición Montero y Cimadevilla: lo hizo de modo convencional y en vez de entregarlo a quienes se lo pidieron, se lo envió al vicepresidente Amado Boudou.
El documento muestra las fojas “de forma”, la parte del expediente al que había accedido la Universidad para chequear su autenticidad, y un informe de tres hojas y un adjunto en el que la casa de altos estudios siembra una serie de dudas importantes y se ampara en cláusulas de confidencialidad para no brindar información técnica. Y si la universidad se mostró reacia a dar informes a senadores opositores, el bloqueo informativo a la prensa fue absoluto.
El rector Somoza nunca contestó llamados ni mensajes, ni respondió preguntas que se le acercaron por escrito. Una extraña actitud en una universidad pública.
Los datos cuestionados ahora por la propia universidad son los que establecieron las proyecciones de explotación de gas y petróleo en el tiempo, y más allá de la firma del contrato, y que según dirigentes de la oposición no serían auténticos. Este informe habría permitido mejorar el negocio a Pan American Energy respecto del nuevo contrato con la provincia del Chubut, aunque no ha sido establecido si fue determinante o no en las condiciones finales de la operación. Los datos de la polémica son los que se debatieron en la Legislatura de Chubut en 2007.
Las dudas sobre el contrato reaparecieron cuando se supo –en medio de las discusiones políticas y las desmentidas por las supuestas coimas- que en la documentación había profusos informes sobre una certificación de reservas de gas y petróleo que influyó en el negocio. Y que en el expediente aparecen sin firmas, salvo un anexo documental, y con la rúbrica de un profesional que nadie sabe cómo fue a dar al expediente. Las dudas motivaron a los senadores nacionales Cimadevilla y Laura Montero a enviar a la entidad certificante, justamente la Universidad Nacional de Cuyo, un amplio pedido de informes sobre las condiciones técnicas y económicas de tal estudio sobre el yacimiento, los autores, metodología, y otros datos. El lunes por la mañana, el rector de aquella universidad mendocina, el ingeniero Arturo Somoza, envió al vicepresidente Amado Boudou la documentación requerida, a la que este diario tuvo acceso. En el informe deslindan todo tipo de responsabilidades sobre las hojas que no están firmadas en el expediente PAE, y desconocen la actuación de un profesional –Jorge Valdéz Rojas- que firmó documentación foliada que aparece en el expediente y membretada además por la universidad, aunque nunca trabajó en esa institución académica. Es decir, la universidad mendocina no dio por propios la decena de papeles membretados de esa casa pero sin firmas, donde se proyectan las ganancias y rendimiento posible de Cerro Dragón. “No podemos dar por propio algo que no está firmado. En el informe que el rector, que es la máxima autoridad, envió al Senado de la Nación, dice claramente que todas las fojas de la certificación hecha por esta universidad estaban firmadas. Además no nos limitamos a firmar papeles. Tuvimos varias reuniones con las personas que participaron de aquella certificación, y ratificaron que firmaron todos y cada uno de los documentos… Pero no nos consta lo que aparece en el expediente de Chubut. Sí podemos decir que todo lo que hemos enviado, lo hemos firmado, y por las personas que aparecen en el informe y no por otras” dijo a MDZ el ingeniero Daniel Fernández, el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, a cargo de esa unidad académica.
No obstante, y aunque deslinda responsabilidades porque dice que la universidad hizo la certificación del año 2005 y no las posteriores, el informe universitario deja varias preguntas sin responder. ¿Cómo fueron los procesos técnicos para determinar las reservas? ¿Cómo se certificaron los datos que les envió la propia empresa Pan American? ¿Cómo se seleccionó a los profesionales que participaron de la operación? ¿Alguna entidad asociada a la universidad, como fundaciones o cooperadoras, participaron del proceso? ¿Cuánto le pagó PAE a la universidad mendocina por el trabajo? Ninguna de estas respuestas aparece en el informe. El rector Somoza se amparó en acuerdos de confidencialidad entre PAE y la UNCuyo, por diez años. Es decir, habrá que volver a preguntar el año que viene. Tampoco se explica por qué un profesional con relaciones en la Casa Rosada, Jorge Valdéz Rojas, aparece firmando papeles de la universidad si nunca trabajó para esa institución. El propio rector debería estar presentando una renuncia al respecto.
La sospecha: Aparentemente, los informes técnicos que la UNCuyo hizo para Pan American Energy en diciembre de 2005 con datos brindados por la empresa y por cuenta de aquella, habrían sido utilizados sin autorización de la Universidad para proyectar existencias de reservas en años posteriores. En las partes más importantes del informe de la Universidad de Cuyo, luego de explicar que son una entidad habilitada para certificar reservas por parte de la Secretaria de Energía de la Nación, dicen que todos los documentos aportados estaban firmados por los cuatro profesionales que intervinieron en la certificación de las reservas, y por el decano de entonces, Eduardo Manfredi. En las copias del expediente PAE que circulan por toda la provincia, tales firmas no aparecen. Manfredi fue consultado hace poco por MDZ y nada pudo recordar de aquellos años. El ex decano se jubiló poco después de la prórroga de la concesión de Cerro Dragón.
“Previo a la extensión de la concesión de Cerro Dragón, que se efectuara en 2007, la Universidad Nacional de Cuyo realizó una sola certificación para la empresa Pan American Energy con información actualizada y entregada por dicha empresa, al 31 de diciembre de 2005 (…) La certificación correspondiente al año 2006, si la hubo, no fue hecha por la Universidad Nacional de Cuyo” dice el informe firmado por el rector Somoza, que acompaña además con el listado de los cuatro profesionales que sí trabajaron en la certificación de reservas. Ninguno de ellos es el ingeniero Jorge Valdéz Rojas, que sí aparece firmando por cuenta de la universidad. “No trabajó nunca para nuestra facultad” dijo una fuente de la Facultad de Ingeniería de esa casa de altos estudios ante una consulta concreta, días atrás. En el informe arrimado a Boudou para los senadores Cimadevilla y Montero, la Universidad dice expresamente que todos los folios (las hojas) de sus certificaciones estaban debidamente firmadas.
El informe oficial enviado a Boudou por la Universidad de Cuyo agrega dudas a la prórroga del contrato de Pan American Energy. Hasta ahora, la autodenuncia de soborno atravesó tanto a ex integrantes del gobierno provincial del ahora diputado del Frente Renovador, Mario Das Neves como del gobierno nacional. El propio Das Neves, tanto como el ministro Julio De Vido, el ex ministro de agricultura de la Nación Norberto Yauhar -que entonces era ministro coordinador de la provincia-, el actual intendente de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro, que era titular de la empresa provincial Petrominera; defendieron la transparencia del contrato de Cerro Dragón y del proceso. Negaron de plano cualquier denuncia de sobornos, además. De hecho, de las seis denuncias penales e investigaciones administrativas en marcha por los supuestos sobornos, dos son autodenuncias de Vido y de Das Neves. El resto es de dirigentes de la oposición –entre ellos Elisa Carrió-, del radicalismo de Chubut, del propio gobierno chubutense enfrentado a Das Neves, y de algunos particulares. Ahora, la aparición del informe de la Universidad de Cuyo sembró más dudas sobre la autenticidad de parte del expediente, y agregó elementos a un caso que había sido cerrado años atrás.
Es incomprensible, si se confirman las sospechas que tienen en la propia universidad algunos de los que conocen esta historia, que un expediente de un contrato multimillonario en dólares haya sido legalizado en el país con supuestos papeles “truchos” de una universidad nacional. Siete años después y porque a alguien se le ocurrió preguntar, la UNCuyo descubrió que un informe oficial propio pudo haber sido utilizado de mala manera, o “editado” con información con apariencia oficial y en papel membretado, pero que no habría sido producida por la UNCuyo. Sólo este caso ameritaría revisar los procedimientos de la universidad en este tipo de certificaciones, una tarea profesional que suele cotizar muy bien en el mercado petrolero.
