La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica1 (también conocida por el término en inglés fracking) es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, se inyecta a presión agua con arena y productos químicos con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y que son típicamente menores a 1 mm, favoreciendo así su salida hacia el exterior.

A causa del aumento del precio de los combustibles fósiles, estos métodos se multiplicaron, especialmente en USA, que gracias al fracking o shale logró convertirse en exportador de petróleo.

Sin embargo, los componentes inyectados generan polémica, pues se denuncia que incluyen sustancias tóxicas, alergénicas y cancerígenas, dejando el subsuelo en condiciones irrecuperables.

Debate

La crisis de Ucrania y la amenaza de cortes del suministro de gas por parte de Rusia, de donde procede 33% de todo el que se consume en Europa, han vuelto a poner sobre la mesa el fracking.

La controvertida técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales que plantea dudas sobre su efecto en el medio ambiente fue reivindicada por David Cameron, el conservador 1er. ministro británico, afirmando que su país tiene “el deber” de explorar sus reservas de gas de esquisto.

Su Gobierno anunció hace unos meses que el 64% del subsuelo contiene gas extraíble mediante esta técnica. Mientras Reino Unido la abraza, otros socios europeos, como Francia, están frontalmente en contra.

El fracking divide de tal modo a los Estados miembros de la Unión Europea que la Comisión renunció en enero de 2014 a regularlo y se limitó a emitir unas recomendaciones tan poco concretas como estas: “Evaluar cuidadosamente el impacto medioambiental y los riesgos” o “comprobar la calidad del agua, aire y suelo antes de empezar las operaciones”.

Son generalidades que esconden la incapacidad de la Comisión para poner de acuerdo a Reino Unido y Polonia, defensores de la técnica, con Francia y Bulgaria, por ejemplo, donde está prohibida.

En ese contexto, una nota de Cristina F. Pereda y Elena G. Sevillano en el diario El País, de Madrid:

Cuando en noviembre de 2008 Lisa Parr empezó a padecer migrañas y vómitos no se imaginaba que la veintena de pozos para la extracción de gas que rodean su casa, en Decatur, Texas (EE UU), podían tener algo que ver con sus problemas de salud. Sarpullidos, hemorragias y fiebres se sumaron a la larga lista de síntomas que durante los siguientes dos años la forzaron a ingresar varias veces en el hospital. Su marido, Robert, y su hija, Emma, también enfermaron. En 2011 la familia Parr demandó a la petrolera Aruba Petroleum. El pasado 22 de abril, casualmente el Día de la Tierra, un tribunal condenó a la empresa a indemnizar con 2,9 millones de dólares (2,1 millones de euros) a la familia porque considera que sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos de Aruba.

Si los Parr llegarán a cobrar esa cantidad —el fallo puede recurrirse— o si la sentencia puede considerarse un precedente, aún está por ver. Lo que sí es cierto, y así lo han destacado los medios estadounidenses durante estos días, es que se trata de la primera indemnización millonaria por un caso de afectación a la salud relacionado con el fracking, la controvertida técnica de extracción de gas natural que genera innumerables dudas medioambientales. El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en inyectar en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para liberar el gas que se encuentra atrapado en la roca.

El caso es inusual no solo por el fallo y la cantidad, sino por el mero hecho de haber llegado a un tribunal. Generalmente las demandas por los efectos sobre el medio ambiente y la salud de esta técnica —que se ha extendido por Estados Unidos durante la presidencia de Obama con la promesa de aumentar la independencia energética del país— se han saldado con acuerdos extrajudiciales e indemnizaciones económicas que nunca salen a la luz. La de los Parr llegó a juicio y un jurado popular dio la razón a la familia por cinco votos a favor y uno en contra.