Tres consorcios de empresarios locales y gigantes asiáticos ofertan para construir y gestionar la represa Chihuidos I, de 637 MW, ubicada sobre el río Neuquén, aguas arriba del embalse de Cerros Colorados. El periódico Inversor Energético & Minero comentó el 3 de abril que ante la nueva convocatoria “aún resta saber qué sucederá con otros jugadores que participaron del proceso licitatorio anterior, como la local Impsa, el buque insignia de la familia Pescarmona, y constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS y Camargo Correa. Existe una condición incluida en el pliego licitatorio que complica su participación: la obligatoriedad de financiar, como mínimo, un 85 por ciento del costo total de la obra. Es el mismo modelo que se aplicó para concesionar la construcción de las represas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic. No es sencillo para una empresa argentina e incluso brasileña conseguir un crédito de más de 1000 millones de dólares para solventar una obra en el país, explicó un consultor especializado en electricidad”.
El ítem 4 del pliego originario de la provincia de Neuquén sobre financiación (1570 millones de dólares) indicaba que “el costo emergente se financiará mediante la explotación hidroeléctrica a través de la venta de energía al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Se materializará por medio de un contrato de venta de energía a Cammesa, el cual será en dólares estadounidenses y por un plazo que será coincidente con el de la concesión”. El contrato de la energía de Chihuidos será en divisas, algo que marca comportamientos reñidos al interés nacional y que mantiene condiciones de la EPD (Estructura Productiva Desequilibrada) de la economía nacional, al usar una referencia monetaria extranjera para un contrato de intercambios económicos dentro de Argentina.
En diciembre de 2013 el gobernador Sapag anunció la segunda licitación de este emprendimiento y precisó que a partir de esta decisión el gobierno nacional se compromete a concretar las acciones necesarias para obtener el financiamiento, tomar endeudamiento de forma directa y emitir los avales para la construcción, operación y mantenimiento del emprendimiento hidroeléctrico (cuyo costo previsto es ahora de 2103 millones de dólares). Sapag además confirmó que, a través de la empresa Emprendimientos Hidroeléctricos (Emhidro S. E.), se dio por finalizado el proceso de preadjudicación que se había iniciado oportunamente, por considerar que las empresas adjudicatarias no reunieron las condiciones exigidas para el financiamiento de la inversión.
El convenio rubricado el 2 de diciembre 2013 entre Neuquén y el Estado nacional se enmarca en la ley 13.064, que considera toda obra pública como la construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación.
En la etapa de construcción de la obra, el flujo de fondos se obtiene de financiamiento externo (propuesto por el oferente, mínimo el 85 por ciento del monto total de la inversión) y el aporte financiero del Estado nacional, máximo 15 por ciento del monto de la inversión. Esto se canaliza a través de Aportes de Tesoro Nacional con reasignaciones presupuestarias. Se indica que en un plazo de 15 años, vencido el contrato de concesión, la obra en su conjunto pasa a ser íntegramente propiedad de la provincia. El Estado nacional, además de poner dinero (en pesos) y entregar avales, debería ser un socio importante de este emprendimiento.
El 85 por ciento de la financiación externa cubre gran parte de las obras civiles. Se pagará en divisas el hormigón, el canto rodado, las piedras, la arena, el cemento y las varillas de hierro, todos insumos nacionales. Las divisas que con enormes dificultades cuesta obtener y conservar se destinarían a la compra de productos en el mercado local. En ese sentido, vale citar al profesor emérito de la UBA Aldo Ferrer: “Dos factores son esenciales en la construcción de un empresariado argentino (EA) impulsor del desarrollo. Por una parte, la existencia de un Estado nacional con suficiente autonomía decisoria y, por lo tanto, capacidad de remover los obstáculos planteados por los poderes fácticos, internos y externos, asociados a la estructura preindustrial y el ejercicio de las posiciones dominantes. Por la otra, la velocidad del desarrollo de las actividades en la frontera del conocimiento, en las cuales prevalecen los nuevos actores del EA, promotores de la inversión, el cambio tecnológico, la creación de empleo a niveles crecientes de productividad, generación de ventajas competitivas dinámicas y la proyección de la producción doméstica al mercado mundial”.
Estos conceptos la presidenta CFK los defiende a capa y espada. La licitación de Chihuidos I confronta con ellos y con el conjunto de leyes del Compre Argentino vigentes (la 5340 de Compre Argentino; 18.875 de Contrate Nacional y 25.551 de Compre Trabajo Argentino). Por esas normas, la licitación debería ser nacional, donde se autoriza la participación de empresas extranjeras asociadas (en este caso, en el 70 por ciento).
Ferrer también mencionó que “es imposible avanzar hacia la frontera tecnológica, en un sistema hegemónico de filiales de empresas del exterior, en el cual la actividad local no incluye nunca la innovación tecnológica endógena. No se construye el EA con filiales. En todos los países exitosos, el protagonismo de la transformación descansa en el Estado y las empresas nacionales. El Estado crea las condiciones necesarias para la inclusión social, el desarrollo científico-tecnológico y la apertura de espacios de rentabilidad que movilicen la capacidad de innovación y creación de riqueza de las empresas nacionales”. Además de la apelación de Ferrer para la conversión industrial argentina en general, sus conceptos son claves para una central hidroeléctrica como Chihuidos I
* Miembro del IESO. Instituto Energético Scalabrini Ortiz.
** Miembro del CEEN Central de Entidades Empresarias Nacionales.
