El empresario Cristóbal López busca demostrar que sufre “persecución política” por parte del gobierno de Santa Cruz, en el marco del juicio iniciado contra la provincia hace dos años; por eso, ingresó la semana pasada a la Legislatura provincial, un oficio donde se solicita que se informe sobre cualquier iniciativa que exista o que vaya a ingresar sobre algún posible aumento a los impuestos al juego que afecte a su Casinos Club.
El empresario kirchnerista. por medio de su abogado patrocinante Ángel Vázquez, quien trabajó antes con Natalia Mercado (hija de Alicia Kirchner) en la Fiscalía de Estado, pide que se informe si existe en la Legislatura algún nuevo proyecto de ley para gravar la actividad del Casino con el impuesto a los ingresos brutos con una alícuota superior al 5%. En caso de ser así, la defensa de López pide que se aclare el porcentaje al que se pretende llevar dicho impuesto y que se detalle el origen de la iniciativa (en caso de existir), especificando si es iniciativa del Gobierno o de los diputados.
El pedido fue calificado como “improcedente”, según fuentes del gobierno provincial. Plantearon que López “busca victimizarse y conseguir que le prorroguen un año más la cautelar para evitar que se le retiren las áreas petroleras definitivamente”, explicó un funcionario santacruceño. En octubre de 2012, el Instituto de Energía provincial decidió sacarle la concesión que la operadora de Cristóbal López “Oil M&S” tiene sobre las áreas Gran Bajo Oriental y Sierra España desde 2007. En el marco de esa causa (Expediente N° 24806/AC) que lleva la carátula de “Oil M&S C/Provincia de Santa Cruz y otros s/Sumarísimo”, es que se solicitó la información que pudiera afectar los impuestos que López paga por los tres casinos que tiene en la provincia (Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate) y las tres salas de juego con tragamonedas (Las Heras, Puerto Deseado y Pico Truncado). El objetivo de López es demostrar que existe la “persecución política” como planteó ante la Justicia al solicitar la cautelar que impida que el gobierno de Daniel Peralta le quite el negocio petrolero. En septiembre podría solicitar otra prórroga de la medida cautelar bajo el argumento nuevamente de “persecución”.
La última reforma tributaria que impulsó Peralta en 2012, elevó al 5% la alícuota por los servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar, apuestas, bingos, quinielas y 15% para los casinos. Ésta iniciativa abarcaba también el cobro de un canon al apostador que se calculaba sobre la ganancia obtenida, que en 2013 no se aprobó porque La Cámpora no dio su voto favorable en la Legislatura.
Cristóbal López tributó en 2012 $40.465.129 en concepto de canon, eso arroja un promedio mensual de $3.372.094 suma calificada como “muy baja” por el Estado Provincial.
