La conducción de la CGT oficial, que lidera Antonio Caló, convocó para este jueves a los secretarios generales de todos los gremios nucleados en la organización a participar de una jornada de reflexión y análisis. En la práctica reactivará la estrategia de presión de la central sobre el Gobierno ante la falta de respuestas por el reclamo de la rebaja de la carga del impuesto a las Ganancias sobre los salarios y el aumento en el reparto de fondos a las obras sociales.

El clima del encuentro, que se realizará en la sede porteña del sindicato de peones de taxis, no será el más propicio en los términos de la relación de la central oficialista con la Casa Rosada. Y no es para menos: aún dentro de la entidad que encabeza Caló persisten algunos resabios de malestar por el reciente conflicto generado a partir de la polémica resolución de la Superintendencia de Salud (ahora suspendida) que los gremios interpretaron como un claro intento de avance del Ejecutivo sobre el manejo de las obras sociales administradas por sus sindicatos.

A ello se suma la creciente preocupación sindical por el futuro del empleo en actividades clave, como la industria automotriz y autopartista, y cierta bronca acumulada por la demora oficial para anunciar la suba del mínimo no imponible de ganancias, que Caló esperaba que se concretara antes del pasado 1º de mayo, según las promesas que el metalúrgico afirmó haber recibido del Gobierno.

“La intención es definir un poco hacia dónde vamos y articular estrategias para contener hacia adentro y presionar por definiciones”, indicó un referente de la cúpula cegetista respecto de los objetivos de la jornada de reflexión. Otro gremialista ubicó el encuentro en los términos de una necesidad política de “mostrar algo de gestión” frente a la ofensiva de confrontación planteada por el sindicalismo opositor, enrolado con las figuras de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Tras el contundente paro nacional del 10 de abril ese sector convocó a una marcha para el próximo 14 de mayo con el propósito de reforzar sus reclamos laborales y exigir medidas contra la inflación y la inseguridad. De esa protesta, al igual que ocurrió con la huelga de abril, también tomarán parte los gremios de La Fraternidad y la UTA, que en lo formal siguen integrando la CGT oficial, lo que alimenta el temor de Caló sobre la posibilidad de que otros sindicatos de la entidad decidan acercarse al moyanismo ante la falta de avances en el diálogo del metalúrgico con el Ejecutivo.

En su primera entrevista como presidente, Néstor Kirchner admitió ante este diario la necesidad de una reforma impositiva seria con el fin de darle a la política económica un carácter más equitativo, o progresista, para utilizar un término que entonces empezaba a gastarse. Y agregaba, con sentido realista, que un cambio de esa naturaleza necesitaba de tranquilidad y consenso previos, para evitar efectos de inseguridad e imprevisibilidad en un tema sensible. No ocurrió nada siquiera parecido a una reforma y, por el contrario, se agudizaron los aspectos más negativos. Ahora, con las cuentas del Estado comprometidas y frente al fuerte ajuste de salarios por vía de la inflación, Olivos demora modificaciones de Ganancias que reclaman hasta los suyos, aunque de manera parcial. A su visión regresiva, el Gobierno agrega una lentitud en las decisiones que sólo se explica por las necesidades fiscales y cierto ensimismamiento presidencial frente a cualquier demanda.

Ese último punto no es un dato político menor. Cristina Fernández de Kirchner se ajusta al criterio según el cual no debe tomarse ninguna medida que parezca una cesión. Y ocurre que en este terreno la iniciativa fue tomada por el sindicalismo opositor, con un añadido: la cerrazón oficialista dio suficiente tiempo para que la mayoría de las fuerzas de la oposición impulsara el debate desde el Congreso.

Las organizaciones sindicales socias del Gobierno también intentan hacer su juego, algo que genera malestar en el círculo más cercano a la Presidenta. Consideran que se trata de movimientos orientados a la interna, en una competencia que tuvo su pico con el exitoso paro convocado por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli. En esa lógica, el próximo desafío es la marcha que realizarán a mediados de la semana que viene los gremios que responden al camionero y al gastronómico.

La CGT Balcarce necesita algún resultado concreto como beneficio visible de su alineamiento, según dejan trascender sus dirigentes. Esta necesidad entra en cortocircuito cada vez más a menudo con la decisión oficial de no aparecer actuando bajo los efectos de ningún reclamo. El capítulo más ruidoso sobre Ganancias lo produjo el trascendido gremial que hablaba de una promesa personal de la Presidenta: fue desmentido con dureza por Carlos Tomada, en general de perfil bajo y de escaso poder de influencia en el circuito de Olivos.

De todos modos, el ministro volvió a escuchar a la CGT Balcarce. Los jefes sindicales, encabezados por Antonio Caló, se habrían ido sin respuestas, pero ratificaron su planteo: el mínimo no imponible para Ganancias debería ser elevado alrededor del 30 por ciento. Y eso tendría que ocurrir sin mucha más demora, porque están en riesgo aumentos salariales acordados en paritarias.

Al margen de de la competencia entre Moyano y Caló, también Hugo Yasky salió a reclamar que el tema sea resuelto en las próximas dos semanas, junto con la actualización de la Asignación por Hijo. Yasky, de probada fidelidad kirchnerista, considera como la mayoría del sindicalismo oficialista que la actualización del piso de Ganancias debería aproximarse al 30 por ciento, sin entrar en la discusión de las escalas establecidas para la aplicación del impuesto sobre los salarios.

Por boca del desgastado jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el Gobierno pasó del silencio a la aceptación de que el tema está en estudio, aunque sin precisiones. Hubo, sí, una respuesta a las presiones de sus socios sindicales: se los amenazó con meter mano en el control de las obras sociales. La medida quedó formalmente en suspenso, pero la señal fue enviada.

Esa advertencia, como algunas conversaciones más reservadas, apuntaron hacia el interior del sindicalismo, sin atender a la realidad externa al poder. Lejos de los tiempos en que imponía y cambiaba el temario político, el Gobierno se expone lento, condicionado por las necesidades financieras y económicas.

Con ese margen a favor, la oposición también salió a tomar el tema, que parecía restringido al ámbito sindical. El frente que lidera Sergio Massa presentó su propio proyecto. El macrismo también anunció su iniciativa y el Frente Amplio UNEN decidió empujar para esta semana una sesión especial en Diputados.

El Gobierno elude por ahora la polémica. Tuvo que dejar de lado por lo menos dos argumentos de otras épocas. El primero, más coyuntural, se basaba en la lógica de atemperar la poda salarial por Ganancias para alentar el consumo. El segundo, más de fondo, se emparentaba aunque lejanamente con la idea de hacer menos regresiva la carga del impuesto. Pero el ajuste manda y proyecta frente a la inflación un retoque parcial, además de demorado.

La decisión de subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias ya está tomada. Tal como había anticipado este diario, antes de la liquidación de los salarios de junio (que incluyen el medio aguinaldo), la actualización sobre la presión del tributo estará definida y será seguramente anunciada por cadena oficial y a través de un mensaje presidencial. Sin embargo, aún dentro del Gobierno no hay una decisión final tomada sobre la "letra fina" de la suba. En el oficialismo se enfrentan dos posiciones: una fiscalista que busca que la suba sea prudente y concentrada casi únicamente en los salarios menores alcanzados por el impuesto; y otra, política, que presiona para que el incremento sea sustancial e importante.

En el primer caso, la propuesta es que el nuevo mínimo suba la presión de Ganancias a un nivel de entre los 17.000 y los 18.000 pesos mensuales; y que luego vaya reduciendo el beneficio para los que cobran hasta 25.000 pesos, para luego permanecer igual que hasta ahora. La justificación para esta posición, que en general defiende todo el equipo económico, es doble. Por un lado se menciona que en realidad sólo el 15% de los trabajadores en relación de dependencia está alcanzado por el impuesto (el dato es anterior a la aplicación de los nuevos aumentos salariales, fruto de las paritarias 2014) y que una mejora llevando el nuevo mínimo a 19.000 pesos o más representaría una pérdida en la recaudación de no menos de 4.000 millones durante el resto del año. En un ejercicio fiscal complicado y de déficit irreversible, ese dinero es considerado fundamental.

Gobernabilidad

Desde el "ala política" hay menos visión económica, pero sí consideraciones sobre "la gobernabilidad". Se afirma que si no hay una mejora sustancial e importante en Ganancias, llevando el nuevo mínimo a no menos de 19.000 pesos de salario bruto mensual (lo que implicaría una mejora del 30%), será muy difícil sostener la alianza sindical con la CGT oficial de Antonio Caló. Se menciona que hay gremios como bancarios, metalúrgicos, terminales automotrices, alimentos y autopartistas que están dentro de la central cercana al Gobierno, cuyos afiliados están casi en su totalidad alcanzados por el impuesto, lo cual genera situaciones de efervescencia dentro de las plantas. Se habla además de que la aceptación de aumentos salariales en paritarias con no más del 30% de incremento se debieron a la promesa oficial de una mejora importante en la presión de Ganancias. En el mundo sindical oficial se afirma también que Hugo Moyano y su CGT rebelde tendrían una excusa formidable para comenzar a atraer más gremios y presionar por nuevas marchas y jornadas de huelga en contra del Gobierno, si el tributo continúa afectando a gran cantidad de empleados en relación de dependencia. Se recordaba que gremios como camioneros, petroleros, aceiteros y mineros militan en la CGT rebelde y están fuertemente alcanzados por el impuesto a la renta.

Tiempos electorales

El "ala política" habla también de la cercanía de los tiempos electorales y del hecho de que la oposición (especialmente Sergio Massa) haya tomado la presión de Ganancias como bandera, con cierto éxito.

La decisión final la tomará personalmente Cristina de Kirchner, que de todas maneras ya definió que habrá una suba antes de junio. Se lo transmitió personalmente la jefa de Estado a dos dirigentes sindicales, al bancario Sergio Palazzo y a Armando Cavalieri, de Comercio, el martes 9 de abril pasado, cuando los dos sectores se reunieron en la quinta de Olivos para presentar ambas paritarias. Eran testigos los ministros Carlos Tomada y Axel Kicillof junto con banqueros como Claudio Cesario (ABA), Carlos Heller y Juan Ignacio Forlón (Abappra) y Jorge Brito (ADEBA), además de los representantes del comercio Carlos de la Vega de la CAC y Osvaldo Cornide de CAME.