Una asociación de consumidores informó hoy que denunció a la Barrick Gold ante la Afip por su intención de cobrar $3500 millones por devolución anticipada de IVA.

"Depredaron el ambiente, abandonaron la mina Pascua Lama, echaron a todos los trabajadores y pretenden cobrar $ 3500 millones por Devolución Anticipada de IVA que pagaremos todos los argentinos”, explicó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño.

Mediante un comunicado, la entidad anunció que se formuló una denuncia y un reclamo administrativo previo ante la AFIP contra la empresa Barrick Gold y sus vinculadas en Argentina, por violación manifiesta del contrato de concesión minero del proyecto Pascua Lama y la pretensión de la empresa de exigirle al Estado Nacional el cobro de $ 3500 millones bajo el Régimen de Financiamiento y Devolución Anticipada del IVA (según dispone la ley Nº 24.402).

“La Barrick, en el emprendimiento minero compartido entre Argentina y Chile, ha depredado el ambiente, por la caída del precio del oro ha cerrado la mina (entre otros motivos) y ahora va por el dinero de los argentinos al pretender hacerse de la devolución del IVA, como consecuencia de un régimen de promoción que violó”, detalló Blanco Muiño.

“En nuestra denuncia le pedimos a la AFIP que, dado el abandono de la explotación minera, declare la caducidad y exclusión de Barrick de todos los regímenes promocionales que la beneficiaron en estos años y, adicionalmente, promueva una auditoría que establezca la suma de dinero que la empresa deberá devolver al Estado argentino, más sus intereses y actualizaciones, todo ello por el manifiesto, público y notorio abandono material, con suspensión de todos los trabajos y despido masivo de obreros que produjo la empresa canadiense en San Juan”, agregó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina .

Por último, Blanco Muiño recordó que “más de 6000 trabajadores, todos consumidores, y decenas de PyMEs proveedoras del proyecto Pascua Lama han quedado en la calle y es impensable que ese impacto social y económico no sea tenido en cuenta ante cualquier posible reclamo de la empresa de querer cobrar lo que no le corresponde”.