En plena puja entre YPF y GyP, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, salió a aclarar que el gobierno nacional no propiciará ninguna ley hidrocarburífera que perjudique los derechos de las provincias.
Luego de que el gobierno neuquino frenara la reforma que iba a determinar el traspaso de todas las concesiones a GyP una vez que vencieran los contratos actuales, el funcionario nacional descartó de plano que haya intenciones de avanzar contra la Ley Corta, impulsada por Néstor Kirchner y sancionada en 2006.
De Vido dijo que el Gobierno "jamás propiciará" una norma "contraria al federalismo y los recursos hidrocarburíferos", y apuntó contra el diario La Nación, que había publicado que asesores del ministro de Economía, Axel Kicillof, impulsaban una nueva ley de hidrocarburos que limitaría el poder de las provincias.
"Luego del gigantesco esfuerzo que realizó la Presidenta para recuperarla, YPF tiene que estar perfectamente alineada con las empresas y gobiernos provinciales; cualquier desalineamiento que se produzca es favorecer al interés extranjero contra el nacional", apuntó el ministro.
El titular de Planificación insistió en que "eso no significa en absoluto que el gobierno nacional propicie una ley que vaya contra el federalismo, ni mucho menos de los recursos hidrocarburíferos, por los cuales Néstor, en gran parte, dejó su vida en esa pelea".
Pese a los dichos de De Vido, el conflicto entre YPF y las provincias, sobre todo Neuquén, se hizo público en los últimos días. El Ministerio de Energía neuquino ya tenía redactada la reforma que fortalecería GyP, cuyo borrador se “filtró” a principios de esta semana, y que al final fue frenada ante el rechazo de la petrolera conducida por Miguel Galuccio.
Según fuentes del sector, la puja se saldaría de forma más diplomática. La idea es aplicar una nueva regulación del sector para unificar los criterios de las licitaciones y las concesiones, al igual que las cargas impositivas, sin vulnerar los derechos de las provincias.
De esta forma, Neuquén seguiría controlando las áreas petroleras pero debería tener las mismas condiciones que el resto de las provincias productoras. Eso permitiría más previsibilidad a los inversores, reglas de juego claras y, como reclama YPF, igualdad de condiciones en la competencia entre las petroleras.
Pero el principal objetivo es que GyP no se quede con las concesiones una vez que venzan y que esa política no se contagie al resto de las provincias.
Costo político
El gobernador Jorge Sapag reconoció que pagó un “costo político alto” por aprobar el acuerdo de YPF con Chevron.
“A mí me importaba que se pusiera en marcha el primer cluster de petróleo y los resultados están a la vista. Neuquén frenó la caída de gas y aumentó la producción de petróleo”, indicó.
