Tras la reunión que mantuvo con una delegación paraguaya, el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, informó que la instalación de la mesa de negociaciones para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá se llevará a cabo en Buenos Aires, en junio próximo y no en mayo, tampoco en Ayolas, como se anunció en principio. “Quieren hacer pesar la localía”, según técnicos del sector.
El canciller nacional, Eladio Loizaga, quien se encontraba fuera del país, debe responder esta semana a la nueva propuesta argentina de iniciar las negociaciones sobre Yacyretá en la primera semana de junio próximo.
Así lo indicó el embajador Fernando Ávalos, quien encabezó la delegación paraguaya que se reunió en Buenos Aires con el ministro De Vido. De acuerdo con la información recogida de la reunión bilateral, también participó el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Arq. Óscar Thomas, no así el titular paraguayo, Juan Schmalko.
En opinión de especialistas del sector, esta nueva dilación de Argentina para iniciar la revisión del Anexo C del tratado indica que nuestros vecinos “dan por descontado que jugarán de locales”. Para el Ing. Ernesto Samaniego, la reunión con De Vido resulta muy sugestiva y, a la vez, demuestra la actitud que tienen los argentinos respecto a la entidad binacional.
Cuestión de soberanía
Por su parte, el Ing. Germán Escauriza, director de la organización Sociedad y Desarrollo, considera una aberración y una falta de respeto a nuestra soberanía el cambio de fecha y lugar para el inicio de la revisión del Anexo C. “No es lo más conveniente para el Paraguay hacer esa reunión en Buenos Aires. Objetamos totalmente esa claudicación de parte de nuestras autoridades, puesto que se complican innecesariamente las cosas”, afirmó Escauriza.
El especialista recordó que toda la documentación a ser analizada por los organismos de control se encuentra “secuestrada” en la capital argentina.
“Esos papeles deben estar en la sede de la central hidroeléctrica, que es un territorio binacional, a libre disposición de los socios; en este caso, nos corresponde por derecho el acceso a toda la documentación contable”, insistió el exasesor de la Cancillería.
Asimismo cuestionó “la postura entreguista” que asumieron los funcionarios de la Cancillería paraguaya y señaló que hace tiempo ya se hubiera iniciado la revisión de los documentos contables para la clarificación de las cuentas de la EBY como pregona el Gobierno.
Transparencia
Insistió en que “el Estado paraguayo, copropietario del 50% de Yacyretá, encomendó a la ANDE integrar el capital accionario” y, por tanto, le corresponde a esa entidad el acceso a toda la documentación sobre las cuentas de la EBY.
A propósito, la ANDE ya remitió una nota a Yacyretá en la que solicita los detalles requeridos por la comisión especial del Senado que tiene a su cargo el seguimiento de las negociaciones para la revisión del Anexo C.
En 1997 la Ley Nº 1161 autorizó a la Contraloría y al Poder Legislativo a recabar de la ANDE, como parte constitutiva paraguaya de las binacionales Itaipú y Yacyretá, información y documentación referentes a la administración y el régimen contable y financiero de las mismas. Dispuso, asimismo, que igual obligación tenían los directores y consejeros paraguayos de ambas binacionales.
El senador Carlos Amarilla mencionó ayer que la renegociación de Yacyretá en su Anexo C con la Argentina debe consentir indefectiblemente una auditoría internacional previa constituida por un conglomerado de empresas prestigiosas dedicadas al tema. También plantea el apoyo de organismos especializados como el Banco Mundial.
El integrante de la bancada liberal en la Comisión Especial para el Estudio del Tratado de Yacyretá de la Cámara Alta, que preside el senador Arnoldo Wiens, indicó que lo primero que se debe consensuar es si la deuda que se reclama a Yacyretá es veraz y si la suma es la que Argentina pide.
“Existe duda sobre la veracidad y la pertinencia de la suma que la Argentina reclame y lo conveniente sería que una instancia independiente. En estos casos generalmente se encargan auditoras de primer nivel en el mundo que nos pueden acerca a la verdad”, manifestó el legislador.
Agregó que para estos casos de controversia se requiere de un análisis independiente y de auditoría seria, por lo que pidió confiar el trabajo a un “pool” de cinco empresas que se dedican al tema.
Entre ellas nombró a Price Waterhouse Coopers (PwC).
También mencionó que el Ejecutivo, que finalmente tiene a su cargo la renegociación del Tratado que en el pasado mes de marzo conmemoró 40 años de su firma, puede optar por organismos especializados dentro del Banco Mundial
Por otra parte, para el senador liberal la intención manifestada por autoridades argentinas, de que finalmente la negociación para la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá se lleve en Buenos Aires y en el mes de junio es totalmente secundario.
Manifestó que ante estas pretensiones se debe hacer más fuerte y consolidada la posición paraguaya de transparentar todo lo que ocurre en Yacyretá sobre la base de “clarificar las cuentas internas y esclarecer lo contable, lo cual no sucedió en 40 años de Tratado, y luego abordar los emprendimientos previstos en Añá Cuá y Corpus”, mencionó.
Comisión especializada
En la última reunión fijada con Cancillería, la Comisión Especial del Senado había señalado que los números que se maneja sobre la EBY debían de ser claros y no sujetos a cualquier auditoría. La controversia está en clarificar si corresponde la deuda total de Yacyretá de unos US$ 6.168.275.000.
En la ocasión, el ministro Eladio Loizaga había ratificado que para Paraguay será fundamental transparentar la deuda de la binacional, el arreglo de la deuda a lo que realmente debe ser, y posteriormente deben ser considerados los demás temas pendientes, tal como la maquinización de Añá Cuá con la instalación de tres turbinas adicionales
