El pasado 16 de abril, las compañías eléctricas E-CL, Minera Collahuasi, IC Power -anteriormente conocida como Inkia, propietaria de la ex central Tierra Amarilla- y la Concesionaria PPP, empresa perteneciente a la intermediaria South Andes Capital, debieron firmar los contratos que los acreditaban como adjudicatarios del último proceso de licitación de terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, nada de esto se concretó.
Unos días antes que se cumpliera este plazo para estampar la firma, llegó a los adjudicatarios una carta informando sobre la revisión del proceso, con el fin de revisar y complementar los contratos que permitirían a las compañías tomar posesión de los paños fiscales para levantar termoeléctricas.
Según fuentes conocedoras del proceso, en la secretaría de Estado, liderada por Víctor Osorio, no cayó nada de bien que el proceso de licitación realizado en la administración Piñera culminara sólo unos días antes de la asunción del nuevo gobierno.
“En el ministerio no estaban de acuerdo con la premura del proceso de licitación de terrenos, por eso se encuentra en revisión el proceso”, expresa una fuente ligada a una de las compañías.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales sostienen que la idea de congelar la firma de los contratos obedece a establecer si en el procesos hubo visos de ilegalidad. El objetivo, según comentan, es “blindarse frente a cualquier eventual irregularidad en el proceso anterior y por eso se realizó una prórroga de un mes”.
¿Y ENDESA CHILE?
Otro de los adjudicatarios en el proceso liderado por el ex ministro Rodrigo Pérez Mackenna, es la filial chilena de Enersis.
La compañía que se adjudicó un terreno en Mejillones fue la única en firmar el contrato de adjudicación en el gobierno anterior, por ende, la licitación que vincula a la eléctrica controlada por ENEL no correría riesgos. Es más, en Endesa ya realizan los estudios para proyectar el desarrollo de una central térmica de 400 MW.
Cabe recordar que el lanzamiento de la licitación fue desarrollada en enero de este año por el gobierno de Sebastián Piñera. La idea fue ofrecer concesiones a 50 años de paños entre las regiones de Tarapacá y Atacama.
Uno de los requisitos principales para el adjudicatario es que éste tendrá la obligación de levantar una central eléctrica de al menos 350 MW en ese lugar, los cuales podrían ser desarrollados eventualmente por terceros.
Una ventaja competitiva que tienen los oferentes a su haber es la existencia de un informe firmado por la Conadi, en el cual se constata que no hay afectación indígena en los terrenos.
Las zonas escogidas son siete: una ubicada en la Región de Tarapacá (Caleta Chica), dos en Antofagasta (Tames y Cobija Sur) y cuatro en Atacama (Caleta Obispo, Totoralillo Norte, Totoralillo Sur y Caldera), que permitirían cubrir la demanda futura proyectada principalmente por proyectos mineros que se instalarán en esa zona.
