El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; su par de Jujuy, Carlos Navarro; el intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, y el empresario José Palopoli, de la constructora Beton firmaron el viernes pasado el contrato de ejecución de un anfiteatro para 2.500 personas y un Centro Polideportivo en Abra Pampa, obras que integran la segunda etapa del plan de remediación ambiental que lleva adelante el gobierno nacional en la mencionada localidad jujeña.
La firma del documento fue realizada en una reunión a la que asistieron periodistas, en la cual el secretario Mayoral y el secretario ejecutivo de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), Daniel Ibañez, descalificaron duramente el reciente artículo de Clarín, según el cual los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para la remediación ambiental no fueron utilizados.
Mayoral subrayó que las obras, que comenzarán en mayo, forman parte del Plan de Remediación Ambiental de las aéreas impactadas de la ex fundidora Metal Huasi, que dejo de funcionar en l990, sin hacerse cargo de su pasivo ambiental.
“Beton SRL se adjudicó la obra en una licitación pública en la que 16 empresas compraron pliegos y sólo cuatro presentaron proyectos técnicos y económicos. Las obras de estas obras es de 31.851.000 pesos y el plazo de entrega de las mismas está previsto para agosto de 2015”.
El uso de los fondos para estos cometidos han sido criticados por la oposición jujeñas y por la Auditoría General de la Nación. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el financiamiento para la ejecución del primer programa de gestión ambiental minera.El BID aporta el 80 por ciento de los recursos y pone las condiciones para los procesos a ejecutar y el 20 por ciento restante lo aporta el gobierno nacional.
Además de Abra Pampa, los otros dos distritos donde Argentina debe remediar pasivos ambientales de la minería son San Antonio Oeste, en Río Negro, donde hay residuos de la vieja fundición de la ex Mina Gonzalito, y Calingasta, en San Juan, donde se deben remover los cúmulos de las antiguas sulfateras de aluminio, última prioridad del programa, según Mayoral ya que éstas sólo suponen un impacto visual negativo en la villa calingastina.
Mayoral, cuestionó tras la firma del contrato una publicación del diario Clarín del 11 de abril pasado, que titulaba "El Gobierno desechó 50 millones para descontaminar Abra Pampa". "Intentaban poner un manto de sospecha sobre el grado de compromiso que los estados parte -Nación, provincia, municipios- que sumaron voluntades para llevar adelante este proceso de remediación que comenzaron en 2005", remarcó.
El funcionario destacó que este programa contó con la colaboración de la comunidad de Abra Pampa, autoridades, pueblos originarios, centros vecinales y representantes religiosos, se definieron las obras y los seguimientos de los trabajos a realizar.
Según el responsable de este proyecto ambiental, Luis Ferposi, “en la primera fase se priorizó la remoción y traslado de 16.000 m3 de escorias contaminadas con plomo a una celda de seguridad para su deposición final en la localidad de El Aguilar. Las instalaciones y equipos que estuvieron expuestos a los compuestos de plomo fueron neutralizados con cal y luego desmontados y demolidas las estructuras”.
“La segunda etapa, que comienza ahora, comprenderá la construcción de obras comunitarias en un anfiteatro con capacidad para 2.500 personas y un complejo polideportivo, con pista atlética, otra de patinaje, parque infantil, zona para los más pequeños, cancha de fútbol en un predio de 6 has”, precisó el funcionario.
Mayoral, Ibañez, Coca Cola y Mining Press: Todo va mejor con Abra Pampa
“Beton SRL se adjudicó la obra en una licitación pública en la que 16 empresas compraron pliegos y sólo cuatro presentaron proyectos técnicos y económicos. Las obras de estas obras es de 31.851.000 pesos y el plazo de entrega de las mismas está previsto para agosto de 2015”.
El uso de los fondos para estos cometidos han sido criticados por la oposición jujeñas y por la Auditoría General de la Nación. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el financiamiento para la ejecución del primer programa de gestión ambiental minera.El BID aporta el 80 por ciento de los recursos y pone las condiciones para los procesos a ejecutar y el 20 por ciento restante lo aporta el gobierno nacional.
Además de Abra Pampa, los otros dos distritos donde Argentina debe remediar pasivos ambientales de la minería son San Antonio Oeste, en Río Negro, donde hay residuos de la vieja fundición de la ex Mina Gonzalito, y Calingasta, en San Juan, donde se deben remover los cúmulos de las antiguas sulfateras de aluminio, última prioridad del programa, según Mayoral ya que éstas sólo suponen un impacto visual negativo en la villa calingastina.
Mayoral, cuestionó tras la firma del contrato una publicación del diario Clarín del 11 de abril pasado, que titulaba "El Gobierno desechó 50 millones para descontaminar Abra Pampa". "Intentaban poner un manto de sospecha sobre el grado de compromiso que los estados parte -Nación, provincia, municipios- que sumaron voluntades para llevar adelante este proceso de remediación que comenzaron en 2005", remarcó.
El funcionario destacó que este programa contó con la colaboración de la comunidad de Abra Pampa, autoridades, pueblos originarios, centros vecinales y representantes religiosos, se definieron las obras y los seguimientos de los trabajos a realizar.
Según el responsable de este proyecto ambiental, Luis Ferposi, “en la primera fase se priorizó la remoción y traslado de 16.000 m3 de escorias contaminadas con plomo a una celda de seguridad para su deposición final en la localidad de El Aguilar. Las instalaciones y equipos que estuvieron expuestos a los compuestos de plomo fueron neutralizados con cal y luego desmontados y demolidas las estructuras”.
“La segunda etapa, que comienza ahora, comprenderá la construcción de obras comunitarias en un anfiteatro con capacidad para 2.500 personas y un complejo polideportivo, con pista atlética, otra de patinaje, parque infantil, zona para los más pequeños, cancha de fútbol en un predio de 6 has”, precisó el funcionario.
Primera Fase: USD 1.026.622
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El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo el financiamiento para la ejecución del Primer Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN).
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Junto al Gobierno de la provincia de Jujuy se puso en marcha la primera obra de remediación ambiental de un antiguo pasivo industrial minero, en la localidad de Abra Pampa, en plena puna jujeña, que cuenta con una población de alrededor de 10 mil habitantes.
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En aquella ciudad funcionó hasta la década del `80 la planta de la ex fundición Metal Huasi. En esos años, la implantación de tecnologías de la época y la aplicación de normas de protección ambiental poco adecuadas, generaron el pasivo ambiental.
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Con el compromiso social de acudir a los reclamos de la población de Abra Pampa, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal encomendó a la Universidad Nacional de Jujuy la realización de un estudio detallado sobre las escorias de plomo de Metal Huasi y aportó científicos del Servicio Geológico Minero Argentino para analizar la calidad del aire, agua y suelos.
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La evaluación detallada identificó CINCO sitios con suelos impactados con plomo en el predio de la ex fundición, el Barrio 12 de octubre, Tabladitas I, Tabladitas II y el Cruce de la ruta nacional 9 y la línea férrea.
La disposición final de las escorias contaminadas en celdas de seguridad permitió asegurar la estabilidad física, hidrológica y química de este proceso, y consecuentemente la protección de la salud, seguridad pública y el medio ambiente.
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El programa de remediación ambiental cuenta con la activa participación de la comunidad de Abra Pampa. Autoridades, pueblos originarios, centros vecinales y representantes religiososse unieron en comisión para acompañar en cada una de las actividades y realizar un seguimiento sobre los avances del plan de trabajo.
El vínculo con las comunidades se fortalece con convocatorias a audiencias públicas, talleres abiertos decomunicación para informar sobre cada una de las etapas de desarrollo del programa de remediación ambiental y los avances en las tareas. En esa instancia la comunidad manifestó la propuesta de dar un nuevo uso a los terrenos remediados de la ex planta de fundición proponiendo para ello la construcción de un anfiteatro y de un polideportivo.
En ese marco, la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación dispuso la donación de un espectrómetro de alta complejidad para el análisis y determinación de constituyentes inorgánicos en sangre. El mismo se materializó a instancias del Ministerio de Salud provincial y fue instalado y puesto en funcionamiento en el Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia, previa capacitación de los recursos humanos.
El programa elaboró un documento con lineamientos generales para un Plan de salud en la localidad de Abra Pampa.
Segunda Fase: USD 4.700.000
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El día 18 de diciembre de 2013 se firma en la Provincia de Jujuy, entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Minería de la Nación un acta de compromiso para continuar con la segunda fase del Programa de Remediación Ambiental y dar comienzo al proceso licitatorio para la ejecución de las obras que competen a dicho período.
La segunda fase del programa de remediación comprende:
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El desmantelamiento final de la ex fundición Metal Huasi
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La construcción de obras de uso para la localidad
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La rehabilitación final de zonas impactadas
La construcción de las obras de uso para la comunidad consiste en un anfiteatro en las instalaciones de Metal Huasi y un predio polideportivo en los terrenos aledaños al Barrio 12 de Octubre.
Fundamental resulta destacar que las obras de uso fueron elegidas por la comunidad abrapampeña en una de las tantas audiencias públicas que se realizan a lo largo del cumplimiento del Programa.
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El día 12 de Marzo de 2014 en la Secretaría de Minería de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realiza el apertura de sobres con las propuestas. Las ofertas presentadas resultan ser 4, pertenecientes a las firmas BSD INGENIERIA Y SERVICIOS DE RAMON SARROUF, BETON S.R.L., ANDATI SOLAZZI Y CIA S.A., e ING. PEDRO MARIO CAMPOS S.R.L.
La oferta más baja resultó ser la de la empresa BETON S.R.L. por un monto de $ 31.852.566,38 + IVA.
Durante los días siguientes, ingenieros de la Secretaría de Minería de la Nación y de la provincia de Jujuy, analizaron las respectivas ofertas y elevaron el correspondiente informe al BID para la aprobación.
Con fecha 04 de abril de 2014 el BID envía la no objeción a la adjudicación propuesta a la firma BETON SRL y autoriza la firma del contrato de adjudicación. (AUN NO SE PUEDE INFORMAR PORQUE ESTAMOS ESPERANDO LA FIRMA DEL CONTRATO DE ADJUDICACION)
La semana próxima, cumplido el plazo para las posibles impugnaciones, y no habiendo objeción, se procederá a la firma del contrato. A partir de ese momento, el adjudicatario tiene 15 días para tomar posesión del área y comenzar los trabajos contemplados para la segunda fase.
El plazo estimado de ejecución de las obras es de 16 meses.
- Resulta importante agregar que la obra contempla el constante seguimiento por parte de un equipo de técnicos conformada por profesionales de la Provincia de Jujuy y de la Secretaría de Minería de la Nación.
CONTAMINACIÓN EN SAN ANTONIO OESTE: HACEN LUGAR A AMPARO Y ORDENAN CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS URGENTES
ADN
La Defensora General del Ministerio Público, Rita Custet Llambí, a partir de un informe remitido por el Ministerio de Salud de la Nación, y la necesidad de adoptar en forma urgente las medidas allí sugeridas, consideró oportuno que se dicte sentencia haciendo lugar al amparo interpuesto.
Indicó que “tal se expone del informe mencionado, varios organismos han intervenido, incluso el Poder Judicial, sin que hasta la fecha se haya podido dar una solución concreta al grave problema que ha dejado la fundición de materiales procedentes de la ex Mina Gonzalito.”
Consignó en tal sentido que “de esta manera, dejar transcurrir el tiempo, corroborado el riesgo inminente en la salud y la vida de la población, atenta contra los intereses y los derechos del sector que represento. Por lo que debe hacerse lugar a la acción de amparo y consecuentemente ordenarse a la demandada (Provincia de Río Negro y Municipio de San Antonio Oeste) a través de los organismos pertinentes, el cumplimiento de la totalidad de las medidas sugeridas en el informe del Ministerio de Salud de la Nación.”
Por ello consideró que “debe hacer lugar al amparo, ordenando:
- Al Municipio de San Antonio Oeste: que constate, controle y prohíba las actividades desarrolladas en cercanías a las pilas y zonas contaminadas, tal como las actividades recreativas y/o de esparcimiento.”
“Asimismo, -añadió-, resultando que la ingesta es la principal vía de exposición, deberá ordenarse a cargo del Municipio, el control estricto de la comercialización de los productos alimenticios (huertas, criaderos, peces, moluscos) que provengan de las zonas contaminadas; como así también, el control y limitación de acceso y tránsito de personas en la zona y/o movilización de suelos, a efectos de evitar la dispersión del material contaminante y consecuente exposición y absorción indirecta de los metales. “
Expresó que “en el mismo sentido, la suscripta ha solicitado, en función de las amplias facultades otorgadas por la ley 3266, a la autoridad de aplicación (art. 29), la adopción por parte del Municipio de acciones positivas y concretas, destinadas a mitigar, preservar y proteger el medio ambiente con el objetivo de minimizar los riesgos ambientales que se susciten. No obstante, en virtud de que a la fecha V.E. no se ha expedido ordenando medida judicial alguna, solicito se incorpore a la sentencia de amparo los puntos anteriormente solicitados.”
La Defensora General requirió se ordene a:
“-A la Provincia de Río Negro y al Municipio de San Antonio Oeste, para que a través de los organismos competentes arbitren todos los medios necesarios tendientes a reubicar a las familias que habitan en las zonas de mayor riesgo y analizar las medidas que deberán adoptarse respecto a las que habitan en zonas vulnerables durante la realización de los trabajos de remediación”.
“-A la Provincia de Río Negro, para que mediante intervención de sus organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Salud de la Provincia: que cumpla con lo que surge de fs. 60/61 del Anexo de autos, en tanto deberá contar con la historia clínica completa y examen físico detallado, hemograma, con evaluación neuroconductal y psicológica de todos los niños que habitan en las inmediaciones de la zona. Asimismo, deberá realizar la reevaluación médica cada 6 y 3 meses a los niños de acuerdo a los valores de plomo hallados en sangre. Por último, deberá llevar a cabo la evaluación integral a través de un equipo interdisciplinario con especial énfasis en el área neuroconductal y psicológica para detección, tratamiento y rehabilitación de las patologías asociadas a la existencia de plomo en sangre (fs. 35/41 del Informe)”.
Asimismo solicitó que:
“-Al Municipio de San Antonio Oeste y a la Provincia de Río Negro, para que mediante la intervención de sus organismos competentes instrumenten las medidas pertinentes para la urgente remediación del sitio contaminado en un plazo máximo de 12 meses (plazo en el cual deberá encontrarse totalmente finalizado el proceso de remediación), con garantía de una correcta evaluación ambiental, la eliminación y/o control de las fuentes de exposición a la misma, con informe periódico de avances de las etapas comprendidas.”
La Dra Custet LLambi precisó que “todo ello, sin perjuicio de que cada organismo, conforme su competencia, deberá dar curso a todas las acciones sugeridas que tengan como fin resguardar el derecho a la Salud de los niños, niñas y adolescentes de San Antonio Oeste.”
Asimismo realizó la siguiente “Aclaración: Se deja expresamente asentado que cuando esta parte refiere a sitio y/o zonas contaminadas, cercanias a las pilas, etc., se lo hace teniendo como referencia las áreas caracterizadas como tales por el informe de la consultora URSS. Es decir no se limita las zonas cercadas en virtud de que se encuentra demostrado en autos por el informe referido que las zonas contaminadas exceden las mismas. “
Opinó la Defensora General que “resulta relevante en este aspecto señalar que, a causa del transcurso del tiempo y la demora que han generado los informes obrantes en autos, la salud de la población se encuentra en un evidente y preocupante estado de vulnerabilidad, encontrándose agravado el riesgo a la salud e integridad psico-física de manera irreversible, lo que contraría el orden constitucional y convencional citado oportunamente al inicio de las presentes actuaciones(arts. 41 y 43 de la Const. Nac., arts. 41, 59 y 84 Const. Pcial., Ley 25.675, Ley 25.612, Ley 24.550, art. 22 Ley K 4199, arts. 3, 6 y 24 de la Convención de los Derechos del Niño, Observación General Nº 4 del Comité de los Derechos del Niño, Ley 25675, Ley 25612, Ley 24550, art. 8 Ley 2779, art. 2 sgtes. y cctes. Ley M 2631, Ley M 3266.).”
Puso de relieve que “es esencialmente por ello, que entiendo que la presente causa no admite más dilaciones.”
Expresó además que “por todo lo expuesto, solicito una pronta resolución de esta causa, requiriendo a VE que en el caso de considerar que existen otras medidas a ordenar a efectos de una mejor resolución en el caso, las dicte conforme su mejor saber y entender.”
“Ello conforme el juez del amparo en este tipo de causas cuenta con dichas facultades en tanto como lo sostiene amplio sector doctrinario y parte de la jurisprudencia actual, el rol del juez en las causas ambientales debe ser el de un juez activo, con compromiso social. En el mismo sentido, el Dr. Eduardo Pigretti (becario del Conicet en temas de Derecho Minero Internacional y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en cuestiones agrarias, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental y del Tribunal Internacional de Salto Grande), sostiene que, en estos casos no se puede evitar que el Juez sea parte, “…El Juez es siempre un Juez interesado, dado que tiene un interés ambiental humano, que es ínsito a su condición…”, consideró la Dra. Custet Llambí.
“Sumado a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mendoza” ha dicho que “La mejora o la degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”. Todo lo cual autoriza a V.E. a dictar las medidas que considere pertinentes más allá de las peticionadas por esta parte, “ concluyó la titular del Ministerio Público de la Defensa.
