La inclusión de los denominados “impuestos verdes” en el proyecto de reforma tributaria -principalmente a las emisiones contaminantes desde fuentes fijas- ha generado una fuerte crítica desde las generadoras eléctricas. Los privados acusan que esto tendrá un impacto en los precios de la energía.

Según fuentes del sector, tanto las generadoras como otros actores le han hecho llegar a la autoridad su opinión sobre el tema y la necesidad de “corregir” algunos aspectos que hoy no estarían claros en la ley y que podrían aumentar la incertidumbre que ya existe en el sector, afectado por la paralización de algunos proyectos de inversión.

Representantes de las eléctricas ya se han comunicado de manera privada con los ministros de Energía, Máximo Pacheco, y de Medio Ambiente, Pablo Badenier, los que se habrían comprometido a analizar precisiones al proyecto. Badenier dijo ayer que la iniciativa buscaba hacerse cargo de las externalidades negativas que provocan las emisiones de diversos contaminantes en las comunidades.

Fuentes señalan que el gobierno estaría preparando indicaciones en esta materia, las que se ingresarían una vez que el proyecto pase a ser visto por el Senado, lo que podría suceder la semana del 21 de mayo.

Una de las modificaciones apuntaría a resolver la falta de claridad, estiman en la industria, respecto de los parámetros para fijar quién debe pagar impuesto por emisión de contaminantes locales, como SO2, NOx y Material Particulado (MP).

El proyecto estipula que se cobrará US$ 0,10 por tonelada emitida en los contaminantes locales mencionados, indicando que con posterioridad a esto será el Ministerio de Medio Ambiente -con el concurso de Salud y Hacienda- el que determinará las concentraciones de estos contaminantes a partir de lo cual se cobrará el impuesto. En el sector privado estiman que esto sería inconstitucional, ya que dichos parámetros deben quedar definidos en la ley.

Otro cambio se referiría al cobro del impuesto por emisiones, que debería abarcar todas las fuentes fijas y no sólo a las “calderas y turbinas”, con una potencia mayor a 50 MWt, como estipula el proyecto. Una tercera abordaría el impacto del gravamen en el costo marginal, ámbito en el que considera faltaría mayor claridad.