Promueve una ley para acotar el poder de los gobernadores sobre la actividad; quiere atraer inversiones. Por su parte, Nagel dijo que a la petrolera nacional se le están por vencer permisos porque no presenta planes de inversión, "y todavía quiere más áreas".
Los asesores de la presidenta Cristina Kirchner en temas energéticos no tienen ningún cuidado en decirlo: después de la estatización de YPF , consideran fundamental sancionar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la situación actual del millonario negocio petrolero, aunque eso implique acotar el poder que hoy tienen los gobernadores sobre la actividad.
El objetivo, dicen los que alientan la medida, es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Pero la iniciativa llevaría a una dura puja política, ya que intentará colocar en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo. La paradoja es que esas compañías fueron especialmente estimuladas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Una guerra de posiciones comenzó a desarrollarse en las últimas semanas. El propio Miguel Galuccio, presidente de la empresa estatizada, se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se sancione una nueva ley. Lo hizo como respuesta a un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez caducadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.
El texto cayó de la peor manera en YPF. Sus allegados consideran que si esa norma fuese aprobada, se terminaría el negocio petrolero en la Argentina, dado que las inversiones requieren un horizonte de seguridad jurídica para ejecutarse, como suelen decir los barones del crudo.
Galuccio le pidió a Sapag hace más de un mes que no mande un nuevo proyecto de ley a la Legislatura. Luego se enfrío el diálogo entre ambos. El presidente de YPF cree que las provincias deben obtener regalías por el desarrollo de los proyectos petroleros y beneficiarse con la inversión de las empresas, pero no aparecer como intermediarios "innecesarios" en el camino.
Sapag, de buena relación con Cristina Kirchner, demoró por el momento la iniciativa y puso paños fríos a la discusión la semana pasada. Sin embargo, mantiene en estudio varios borradores de una futura ley provincial y mantuvo contactos con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para avanzar en un nuevo marco legal.
Al mismo tiempo, sus hombres avanzan en iniciativas para fortalecer a GyP. Hoy por la mañana, su ministro de Energía y Servicios Públicos, Guillermo Coco, comenzará un peregrinaje en el Hilton de Houston, la meca petrolera mundial, para verse las caras con 50 empresarios, entre ellos banqueros y gestores de fondos de inversión. Les ofrecerá asociarse a la petrolera provincial en 11 áreas de la formación Vaca Muerta, el mismo atractivo que utiliza Galuccio para sumar socios internacionales.
Antes de su partida a Houston, Coco habló con LA NACION. "YPF es una empresa y nosotros, un Estado. No siempre los objetivos son los mismos", explicó. Remarcó que la gobernación de Sapag acompañó el convenio con Chevron (lo cerró YPF y es el mayor anuncio privado de inversión en años), lo consideró "un buen acuerdo" y sostuvo que todos los días la provincia trabaja con la petrolera nacionalizada. Pero defendió su gestión en GyP, de la cual es presidente: "Hoy tenemos activos por US$ 1400 millones, trajimos inversiones de Wintershall, de Exxon y de Shell. Ellos [por YPF] nos ven como un competidor, pero nosotros, no", explicó.
La senadora Lucila Crexell, del partido de Sapag pero opositora a su gestión y crítica de GyP, sostuvo que la empresa provincial "tiene una legislación hecha a su medida para recibir las áreas por decreto y esquivar controles del Estado. Es una YPF en chiquitito, pero con el privilegio de la normativa jurídica. YPF no tiene esos beneficios", argumentó.
También reconoció que hay discusiones, incluso con la oposición, para "avanzar en la armonización de ciertas normas. Hay marcos regulatorios en las provincias que muchas veces obstaculizan la inversión", dijo.
Otras provincias petroleras tienen esquemas similares a Neuquén. Chubut cuenta con Petrominera, y Santa Cruz, con Fomicruz, una firma que fue puesta como ejemplo de desarrollo por Kirchner y De Vido. Todas mantienen asociaciones o intentan cerrarlas con empresas privadas. La propia Enarsa siguió ese camino, con malos resultados.
YPF advirtió sobre las consecuencias negativas para su negocio que tendría esa actitud en el formulario F-20 que envió a fines de marzo a la SEC (el ente regulador del mercado de capitales en Estados Unidos). Sostiene: "Enfrentamos una competencia intensa en las licitaciones de áreas de petróleo y gas", informó. Y completó: "Algunas provincias, como La Pampa, Neuquén y Chubut, crearon compañías provinciales para desarrollar actividades en la industria. Como resultado, las condiciones a través de las cuales podemos acceder a nuevas áreas exploratorias y productivas podrían verse afectadas adversamente".
En 2006, el Congreso aprobó la "ley corta" de hidrocarburos, una vieja promesa de Kirchner a los gobernadores. "No existía Vaca Muerta", dicen. El Gobierno considera que hoy el contexto cambió, por lo que hay que darles seguridad jurídica a las inversiones petroleras para favorecer el crecimiento de YPF, de la cual también son dueñas las provincias. "Es molesto llevar en sociedad a una empresa que no aporta nada, que además transfiere propiedad de la provincia a manos privadas, porque GYP está en la Bolsa. Las provinciales pueden competir por áreas, pero de igual a igual", explicaron fuentes oficiales.
PELEA POR EL MODELO
Miguel Galuccio. Presidente de YPF
Considera que la proliferación de empresas estatales provinciales les quita posibilidades a las compañías privadas, capaces de atraer grandes inversiones al país
Jorge Sapag. Gobernador de Neuquén
El mandatario intenta darle mayor dinamismo a la empresa provincial GyP, que ya es socia de Shell, Exxon y Wintershall. Busca la llegada de capitales para formar sociedades mixtasJ
Julio De Vido. Ministro de Planificación
Julio De Vido junto con Néstor Kirchner fueron los grandes promotores de las sociedades entre empresas provinciales y privadas. El modelo fracasó con Enarsa.
El artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Dominio no es lo mismo que jurisdicción, por lo que el gobierno nacional puede establecer leyes que regulen el ejercicio de ese dominio y así lo ha hecho en el caso de los hidrocarburos. Sin embargo, la legislación vigente en este campo es confusa por la enorme cantidad de modificaciones, no siempre coherentes, que ha sufrido a lo largo del tiempo. Algunas constituciones provinciales contienen provisiones sobre recursos naturales y sus gobiernos pueden legislar sobre los aspectos no contemplados por las leyes nacionales.
La principal legislación vigente en el orden nacional es la siguiente:
Tras las críticas de los últimos días, el gerente general de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Gustavo Nagel, presentó ayer en la Fiscalía un escrito para ponerse a disposición de quienes ponen en duda la transparencia de la empresa provincial. Además, sumó un capítulo más a la disputa con YPF por el manejo de las áreas.
Nagel contestó a las acusaciones del intendente Ramón Rioseco y de la senadora nacional por el MPN Lucila Crexell, quienes cuestionaron las contrataciones y licitaciones de GyP.
"Yo esperaría de senadores o funcionarios públicos de la provincia resolver los problemas que tenemos de importación, de insumos, de logística, temas que sumarían al desarrollo de la industria hidrocarburífera neuquina y nacional", dijo el directivo.
Y agregó: "No han leído correctamente los contratos, ni las licitaciones ni la forma en que GyP está trabajando y publica toda la información, ya sea a través de los balances, a través de la Bolsa".
Crexell respondió ayer con un pedido de informe acerca de la compra de un avión Beechcraft King Air B200 que hizo la empresa provincial.
Pelea con YPF
Acerca de la puja entre YPF y GyP, Nagel señaló que la empresa nacional tiene “12 mil km2 en la cuenca, que por sí sola no puede explotar, y se preocupa por los 18 mil km2 que tenemos nosotros”. Dijo que “se les están por vencer varias áreas exploratorias donde no han presentado planes de inversiones y todavía quieren más”.
Destacó que GyP, “con apenas 40-45 empleados”, tiene en marcha 54 sociedades con empresas como Exxon, Shell, Total, América Petrogas y EOG, que llevan a cabo la campaña exploratoria más grande de los últimos 30 años en la provincia.
Indicó que con esas UTE, donde la empresa provincial mantiene entre el 10 y el 50% de los bloques sin realizar desembolsos, el Estado neuquino obtiene una mayor parte de la renta ya que no sólo recibe regalías sino también participa de las ganancias.
Mencionó que el economista Nicolás Gadano asesora a YPF y cuestiona la propiedad de los recursos de las provincias y la creación de las empresas como GyP.
En esa línea, el intendente Horacio Quiroga defendió ayer a la compañía neuquina, aunque pidió que las áreas se otorguen por licitación pública para garantizar una competencia transparente.
“GyP es la herramienta para garantizar que Neuquén haga valer sus derechos sobre los recursos hidrocarburíferos. No se puede permitir que el gobierno nacional quiera seguir despojando a los neuquinos, porque durante los años que ellos pomposamente llaman la década ganada le hicieron perder a la provincia casi $40 mil millones por la imposición caprichosa de los valores en boca de pozo”, expresó Quiroga.
“Los roles están bien diferenciados y hay que respetarlos: el Congreso Nacional fija las normas por las que debe regirse la actividad; las provincias detentan el dominio originario de los recursos naturales; la Secretaría de Energía de Nación fija la política energética -que durante el kirchnerismo ha sido desastrosa-; la Subsecretaría de Energía de Neuquén es autoridad de contralor y de aplicación; y GyP e YPF son empresas que deben respetar las normas existentes, sin privilegios”, agregó.
Si alguien creía que la estatización de YPF sería la panacea para resolver la cuestión petrolera en la Argentina, se equivocó por completo. Los meses pasan y el milagro aún no se produce.
Por eso, el gobierno impulsa una nueva ley que afectará a Mendoza y otras provincias y que traerá polémica: allí se busca acotar el poder que hoy tienen los gobernadores sobre la actividad.
El objetivo, dicen los que alientan la medida, es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Pero la iniciativa llevaría a una dura puja política, ya que intentará colocar en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo. La paradoja es que esas compañías fueron especialmente estimuladas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Según diario La Nación, una guerra de posiciones comenzó a desarrollarse en las últimas semanas: el propio Miguel Galuccio, presidente de la empresa estatizada, se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se sancione una nueva ley. Lo hizo como respuesta a un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez caducadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.
El texto habría caído de la peor manera en YPF. Sus allegados consideran que si esa norma fuese aprobada, se terminaría el negocio petrolero en la Argentina, dado que las inversiones requieren un horizonte de seguridad jurídica para ejecutarse, como suelen decir los barones del crudo.
