Luego de la inspección ocular al complejo minero Sierra Pintada llevada adelante en la semana por el juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, quien estuvo acompañado por representantes de diversos organismos y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el marco de la causa impulsada por la Multisectorial del Sur por la remediación de los pasivos, desde diversos organismos se manifestaron en contra en relación a la posible puesta en marcha de la planta. 

Se controlaron temas referidos a la futura construcción de diques de cola, y el tratamiento de los residuos sólidos. En tanto que la CNEA debe proponer un método de tratamiento de los residuos contaminantes y los pasivos ambientales, lo cual será sometido a análisis de acuerdo lo determina la ley y así ver el impacto ambiental, ya que para ello –argumentan- hay que poner en marcha parte del complejo minero uranífero. 

Ante la posibilidad de que reactiven parte de la mina de uranio, desde distintos sectores hicieron oír sus voces. En este sentido, todos coinciden en la no reactivación de Sierra Pintada. 

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de intercambio, discusión y acción integrada por asambleas vecinos autoconvocados y organizaciones autónomas, señalaron que “no vamos a permitir que se re-instale Sierra Pintada, y antes de especular con eso exigimos la remediación de los pasivos contaminantes”.

Por su parte, desde la Asamblea Popular por el Agua, cuyo objetivo es el de oponerse a la megaminería y luchar por un cambio social, también afirmaron que “no vamos a permitir que se instale Sierra Pintada en San Rafael”.

Asimismo, desde otros sectores manifiestan comentarios coincidentes con los anteriores, como que “aún no han remediado Sierra Pintada y ya programan su re apertura”; o bien que “en Mendoza llevamos 15 años esperando que el Estado Nacional remedie el daño en Sierra Pintada causado por la explotación de uranio”.