El alza de los costos de la energía, el acceso al agua, la falta de capital de trabajo y la pérdida de la competitividad, son algunas de las aristas que la minería ha apuntado como problemáticas en los últimos tres años. A este sombrío escenario, dicen en el rubro, se suma hoy el proyecto de reforma tributaria, impulsado por el gobierno.

Si bien desde el Consejo Minero -gremio que agrupa a las principales compañías del sector- comparten la necesidad de disponer de mayores recursos para mejorar la educación en Chile, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, detalla el porqué la iniciativa afectará al país como un destino atractivo para la inversión.

“La reforma tributaria impacta a nuestro sector al aumentar la carga tributaria, lo que naturalmente afecta la competitividad de Chile como país atractivo para la inversión en minería”, advierte.

Asegura que más allá de la derogación del DL 600, a la minería -como a otros sectores- “le están eliminando el FUT y le están subiendo los impuestos del 20% al 25%, con retención del 35%”. A ello suma el hecho de que la minería ya paga un royalty, “que la lleva a tener tasas efectivas que superan el 40% en regímenes anteriores al transitorio que tenemos hoy, llegando casi al 50%”.
En ese sentido, advierte que la estabilidad es un incentivo “clave” para atraer inversiones, y argumenta que en los últimos años se han incrementado los impuestos en más ocasiones que las aconsejables.

Mediano plazo

Si las alzas en el impuesto a la renta tocará a la minería en el corto plazo, indirectamente también se verá afectada en el mediano plazo de la mano de los llamados “impuestos verdes”.

Según el análisis de Villarino, estos tributos “se van a traducir en el mediano plazo en una energía más cara y eso afecta a la competitividad de la minería”.

Por otro lado, añade, “los proveedores verán incrementados sus impuestos a 35%, se les va a eliminar el FUT y eso se transformará en un mayor costo para el sector. Si analizamos los problemas de competitividad que tenemos hoy, ahora estamos sumando un tema más”, alerta.

En cuanto a la alternativa que propone el gobierno con la depreciación instantánea, Villarino aseguró que no está destinada a una industria minera que invierte en el largo plazo.

Por otro lado, también lamentó el tratamiento que se dará a los gastos rechazados. “Tener como gasto rechazado todos los destinados a inversión social y de responsabilidad social, que hoy son gastos necesarios para producir la renta, tampoco es buena noticia”, indicó.

Hasta ahora, las mineras han dialogado con las autoridades y han sugerido algunas alternativas que, a su juicio, mejorarían la competitividad de la industria en este nuevo escenario tributario.

Villarino especificó sobre la depreciación instantánea que lo ideal sería que fuera otorgada por cuatro años. Agregó que también se debería clarificar que el gasto por depreciación pueda ser utilizado contra impuestos finales y contra el impuesto específico a la minería.

En otro tema, señaló que se aconseja incorporar una norma de excepción que permita que los gastos de rentabilidad social, cumpliendo con estrictos requisitos, sean aceptados tributariamente como gastos necesarios para producir la renta, ya que en la práctica son necesarios para la instalación de proyectos.

Otro de los puntos para analizar, dice, tiene que ver con la derogación del DL 600. En este caso, señala que en la minería están de acuerdo con su modernización, pero aclara que antes de ello, sería bueno conocer cuál será su reemplazo. Por eso, sugiere que no sea derogado hasta contar con una alternativa.