Desde hace algunos años ha tenido visibilidad internacional la situación de comunidades gravemente afectadas en sus derechos humanos por el avance de proyectos extractivos a gran escala y de infraestructura en sus territorios. Estos proyectos, realizados generalmente sin participación, consulta previa e, incluso, con oposición de las comunidades afectadas, han generado serios cuestionamientos. El contraste entre la promesa de empleo, desarrollo y prosperidad para las comunidades, por parte de gobiernos y empresas, y la situación de pobreza, graves daños ambientales y violación de derechos humanos en la que se encuentran aquellas exige reflexión y la adopción de medidas que permitan superar esa situación.

La situación se expone en el informe encargado al —en ese momento— Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, en 2008. El documento destacó que la extracción mineral es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos.

En el 2010, un grupo de siete organizaciones no gubernamentales decidió formar el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, con la finalidad de reflexionar y plantear estrategias comunes frente a los efectos de la actuación de las empresas trasnacionales en la región y la consiguiente violación de los derechos humanos en perjuicio de las comunidades donde operan tales empresas. En el marco de su trabajo, el grupo identificó la presencia mayoritaria de empresas mineras canadienses en la región, así como el impacto de sus actividades en las comunidades en cuyos territorios desarrollan proyectos extractivos.

La base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registraba, a la fecha de elaboración del informe, cerca de 198 conflictos activos por causa de la mega minería en la región. De esos conflictos, 26 se presentaban en Argentina, 20 en Brasil, 34 en Chile, 12 en Colombia, 29 en México y 34 en Perú. En ese último país, la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148 conflictos socio-ambientales. En todos esos países operan empresas mineras canadienses.

La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá,  al punto que este país ha sido calificado como “una potencia minera”. En el 2012, un 57% de las empresas mineras a nivel global estaban registradas en la Bolsa de Toronto y el 70% de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX8.

Las compañías mineras listadas en noviembre de 2013 en el TSX y en TSX Venture eran aproximadamente 1.6199. Del total de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Toronto, cerca de la mitad realizaban operaciones, para el año 2012, fuera de Canadá.

De los 4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica, 1.197 en Estados Unidos, 652 en África, 339 en Australia, 313 en Asia y 295 en Europa. Los países americanos donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares), Chile (19.000 millones de dólares) y Estados Unidos (17.000 millones de dólares)

Entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses.

Los casos que incluye el informe están relacionados con proyectos de exploración o explotación minera a gran escala, por lo menos trece de ellos a cielo abierto y otros en socavones de gran profundidad con métodos de procesamiento también a cielo abierto.

Como consecuencia de este modelo, en los casos seleccionados se han denunciado graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales, así como vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo.