La comisión técnica y legislativa, conformada por los cooperativistas y el Gobierno, que está encargada de redactar los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de ley de Minería y Metalurgia, se reunió este sábado y determinó declararse en sesión permanente hasta llegar a consensuar una redacción final, informó el presidente del Senado Eugenio Rojas, que es parte de este grupo de trabajo.
El ministro de Minería, César Navarro, expresó su interés en que el proyecto de ley esté concluido y sea tratado el próximo miércoles o jueves en el Senado.
En la reunión participan las autoridades del Gobierno, de la Asamblea Legislativa y representantes de las cooperativas mineras.
Según la información la mesa de trabajo está tratando el artículo 151 del proyecto de ley, porque en los otros dos artículos, se han encontrado consensos básicos y sólo se espera una redacción final para aprobarlos. El 29 de marzo pasado la Cámara de diputados aprobó en sus estaciones grandes y en detalle el proyecto de ley de Minería y Metalurgia con 25 modificaciones, entre estas observaciones están los tres artículos que según criterio de los asambleístas contradicen a la Constitución.
Estas reformas fueron rechazadas por los dirigentes cooperativistas que iniciaron un bloqueo de caminos que duró cinco días y costó la vida de dos de sus afiliados, y después de varios intentos de negociación aceptaron la oferta del Gobierno.
Expertos y analistas consideran que el nuevo proyecto de Ley de Minería y Metalurgia profundiza la privatización del sector, mantiene en manos extranjeras la explotación del recurso y no privilegia la industrialización.
Además, sostienen que no se establecen medidas para el resguardo del medio ambiente y se reduce al mínimo de importancia la consulta a pueblos indígenas.
El martes 22 se realizó en el Paraninfo de la UMSA la VII Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz para abordar la temática "Nueva Política Minera para el Desarrollo Nacional”.
Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), señaló que el debate del proyecto se redujo al artículo 151, "pero lo que no se dice es que se permitirá utilizar al Estado para capitalizar al sector privado”.
De hecho, la participación estatal en la minería va en descenso. En 2011 era del 9%, en 2012 bajó a 9% y el año pasado a 6%.
Recordó que incluso la nacionalización de la mina Huanuni no fue tal debido a que durante la gestión del expresidente Jorge Quiroga, los trabajadores ya habían logrado que la empresa volviera a estar bajo la tutela de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
En 2007 el Gobierno promulgó la Ley 2400, la cual sostiene que Comibol participa de toda la cadena productiva pero "ya no se menciona el Cerro Rico, ni los residuos, ni las plantas de propiedad de la estatal”, ni que ésta deberá intervenir cuando haya contratos manejados de forma corrupta o ineficientes. "La ley 2400 concluye con la siguiente frase, que es la clave de la política del MAS: ‘se respetan los contratos suscritos por la Comibol’ y que después se convierte en ‘se respetan derechos preconstitutuidos y se respetan derechos adquiridos’, es decir, no se cambia nada de lo que hizo el neoliberalismo”, aclara Villegas.
Con respecto al actual proyecto de Ley de Minería, según el analista una de las cuestiones más graves es la perpetuidad de las concesiones para las cooperativas y el plazo de 30 años de los contratos con las transnacionales, fácilmente renovables a 30 años más. "El neoliberalismo también fijó las concesiones a perpetuidad y una de las promesas del MAS y de las demandas del pueblo era que esto cambie”, cuestionó.
Otra observación es que el país básicamente produce y exporta concentrados, un 79% en el caso de la plata, 100% en el zinc y el plomo 100%.
Carlos Arze, del CEDLA, coincidió en que la aprobación del proyecto de ley acentuará más el rol del país como productor de materias primas sin que se abandone su naturaleza rentista.
Medio ambiente
Sobre el resguardo al medio ambiente, Villegas dio cuenta que el artículo 12 del proyecto indica que "el Estado incentivará y promoverá la exploración y explotación de los yacimientos minerales detríticos, aluviales, glaciales y fluvioglaciares”, en contradicción con la Constitución Política del Estado, según la cual las aguas fósiles, glaciares, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación y protección.
Arze, del CEDLA, destacó el hecho de que el proyecto de ley convierte en irrelevante el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas al eliminar el carácter público de las audiencias que son sustituidas por reuniones de representantes y al conferirle al Ministerio de Minería la facultad de decidir en último término sobre la realización de los proyectos mineros.
Héctor Córdova, expresidente de la Comibol, recordó que pese a que se declaró el territorio como reserva fiscal para que la estatal escoja áreas de interés, esto no fue posible por carencias técnicas.
Por eso fue que se determinó que todo operador minero que quisiera un área para explotar debía ir a la Comibol y si a ésta no le interesaba la transfería mediante un contrato, lo cual perjudicó mucho a la empresa.
En 2012 la estatal minera anunció las áreas de su interés: 33.000 cuadrículas en todo el territorio y el resto quedaba libre para que los operadores ingresaran donde quisieran y ello debía ser administrado por la autoridad jurisdiccional.
Urge una política de largo plazo
Héctor Córdova, expresidente de la Comibol, opinó que para poder rescatar la minería en favor del Estado, el Gobierno debe elaborar una política para los próximos 20 años.
Según la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, la empresa estatal debe participar, controlar y ejecutar en todos los eslabones de la cadena minera. "El Estado debe determinar qué mineral se extrae (ahora se extrae lo que el operador decide) a dónde se destina y generar condiciones de energía y de carreteras para que el Estado obtenga los principales beneficios”, precisó. Pablo Villegas, del CEDIB, considera que hay una ausencia de planificación que impulse la industrialización. No se priorizan nuevas fundiciones.
