Resuelto el pago a Repsol, Miguel Galuccio comenzó una silenciosa pero dura disputa con los gobernadores de las provincias petroleras para que colaboren en el pago de la indemnización a la petrolera española y que ahora se trasladó al control de las áreas a explotar.

La primera en hacerse sentir fue Neuquén, donde esta semana, ni bien se sancionó el acuerdo con Repsol, el gobernador Jorge Sapag hizo circular un borrador de un proyecto de ley para regular las concesiones que podría condicionar la tarea de YPF en la provincia de Vaca Muerta, el mega yacimiento del shale oil presentado como el principal activo de la petrolera estatal.

Sorpresivamente, el texto incluyó entre sus propuestas que finalizados los contratos las áreas concesionadas recaigan en Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), la empresa controlada por la Gobernación, según informó el diario La Mañana de Neuquén. Esto restaría cualquier privilegio a YPF y menores posibilidades de conseguir inversores a largo plazo.

Quienes siguen la dinámica petrolera neuquina creen que la amenaza no hizo más que traslucir la dura convivencia entre los técnicos de YPF y los de G&P, cuyo titular, Guillermo Coco, sale a buscar inversiones aún con mayor frecuencia que Galuccio.

Idas y vueltas

La pelea desnuda las idas y vueltas de la política petrolera del kirchnerismo. Es que fue Néstor Kirchner quien en 2006 aprobó lo que en la jerga llaman “ley corta”, que es la reglamentación de la potestad que las provincias tienen sobre las áreas petroleras según el artículo 124 de la constitución, en su reforma de 1994.

La ley no sólo confirma los derechos de todos los permisos de exploración y concesión de la explotación de hidrocarburos, sino que en le confiere a las provincias “la autoridad de aplicación y la función de contraparte”.

Con esta norma, desde 2006 los gobernadores de las provincias petroleras cerraron jugosos contratos con petroleras de todo el mundo.

A Galuccio no le simpatiza la libertad con la que se manejan y lo dejó claro en el decreto reglamentario de la ley de expropiación de YPF, que plantea un contralor compartido entre Nación y provincias.

Cuando se conoció, los gobernadores salieron al cruce y el petrolero Guillermo Pereyra, ahora senador del Movimiento Popular Neuquino, se alejó del Directorio de YPF.

En la última sesión, Alicia Comelli, diputada del MPN y habitual aliada del kirchnerismo, apoyó el acuerdo con Repsol pero repudió ese decreto:

“En su momento dejamos claro que pretendía avanzar sobre determinadas cuestiones, como el régimen sancionatorio, que de acuerdo a la ley nacional no es de competencia de la Nación”.

La jugada de Sapag

La silenciosa disputa entre YPF y las provincias es por la renovación de concesiones. En principio, el proyecto de Sapag pretende regular eso para las explotaciones no convencionales, eje de los planes de Galuccio.

“Buscamos que las empresas que ya tienen concesiones hasta 2027 puedan tener otra para explotar el no convencional por 35 años en clusters productivos, ya que es el tiempo necesario para esperar resultados. YPF y G&P son socios porque el bien escaso son los inversores”, afirmó a LPO Luis Sapag, legislador de Neuquén, primo del gobernador y presidente de la Comisión de Hidrocarburos.

Pero en el mismo borrador se planteó que todas las áreas que venzan en 2026 y 2027 pasen inmediatamente a manos de GyP. O sea, no tendrá prioridad ninguna empresa que ya haya administrado concesiones, ni siquiera YPF.

Con estas restricciones, Galuccio o quien lo suceda no podrá planificar inversiones a largo plazo sin pedirle permiso al gobernador.

La restricción marcaría un duro antecedente para las otras provincias: la mayoría ya está armando empresas provinciales similares a GyP.

Fuentes de la gobernación neuquina aseguraron a LPO que esta parte del borrador no formará parte del proyecto de ley. Pero la duda es quién lo escribió y cuál fue el objetivo de hacerlo trascender.

Por si fuera poco, a YPF se le vencen este año varios permisos exploratorios obtenidos en las primeras rondas de G&P y debería devolverlos si no anuncia descubrimientos. Cerca de Sapag creen que no faltarán ofertas de otras empresas.

El rumor más fuerte es que el borrador fue una respuesta sutil al acuerdo con Repsol firmado por Galuccio, que dejó atónitos a los gobernadores al enterarse que las provincias deberán pagar su parte de los 5000 millones de dólares cuando los españoles quieran vender sus bonos.

Neuquén tiene más del 10% de la petrolera y Sapag ya avisó que Neuquén nunca lo pagará en efectivo.

La ley no especifica cómo las provincias cancelarán su parte y consultado en el Senado Carlos Zannini sugirió que, llegado el momento, podrán canjear esa deuda por concesiones de áreas petroleras.

Como relató LPO, en su última reunión con diputados del kirchnerismo, Galuccio esquivó esa pregunta y aprovechó para hacer saber su furia por las áreas que, según su parecer, algunos gobernadores otorgaron a precios bajos.

Es que las concesiones les permiten a los jefes provinciales cobrar un monto inicial y un canon especial, además de las regalías mensuales. Un acuerdo que puede ser más jugoso con un privado que con YPF, aunque no esté a tono con la política energética de Cristina Kirchner.

Intimado, Galuccio no se quedo de brazos cruzados e hizo llegar a los oídos de Sapag la amenaza de derogar la “ley corta”. Fuentes de la petrolera se lo negaron a LPO, prueba de que, por ahora, la sangre no llegó al río.

Unos 165.000 millones de barriles de petróleo y 1,2 billones de pies cúbicos de gas. Una decena de los yacimientos más importantes del país. Una veintena de permisos de exploración. Y, fundamentalmente, la llave de ingreso a Vaca Muerta.

Todo eso es lo que está en juego en la acalorada disputa que mantiene Neuquén con YPF y que ahora tiene como escenario de batalla a la petrolera provincial GyP. El protagonismo de la compañía local molesta en las oficinas de Puerto Madero, donde la ven como una "gerenciadora privada de áreas". Y el punto de mayor discordia está en las futuras concesiones.

Los diez bloques más importantes que la empresa que conduce Miguel Galuccio tiene en Neuquén vencen en el 2027 y no hay posibilidad de extender contratos. Se cuentan allí Loma La Lata, Chihuido de la Sierra Negra y El Portón, entre otros. El proceso natural, a la luz de la normativa actual, sería que se renegocien unos diez años antes. Pero la Provincia parece tener otros planes.

El proyecto de nueva ley de Hidrocarburos, que por estas horas está bajo análisis del gobernador Sapag, contempla en uno de sus puntos que todas las áreas cuyos contratos se terminen volverán a la provincia y ésta las cederá a GyP. Es decir que quien quiera continuar en el juego deberá asociarse a la empoderada firma provincial.

Los del 2027 serían los primeros vencimientos de la historia bajo este andamiaje legal. Es decir que no hay antecedentes para contrastar cuál es el mejor esquema. Lo cierto es que la Provincia, amparada por la Ley Corta, busca sacar una tajada mayor de la renta a partir de su petrolera quedándose con esos bloques.

Desde YPF, en tanto, lo ven como un problema. Es que todas las carpetas que Galuccio entrega a los potenciales inversores en el mundo deben contener la salvedad de que en 13 años todo puede cambiar. Y Vaca Muerta parece haber alterado los tiempos de la industria: ya no se puede concebir un proyecto shale sin un horizonte de 25 ó 30 años. Cada limitación temporal es una herida de muerte contra el negocio. Y por eso la falta de certidumbre sobre qué pasará con esas áreas mantiene en vilo a la petrolera más grande del país.

Para el gobierno provincial, en cambio, el modelo GyP será aún más market friendly. Aseguran que una compañía que opera bajo el derecho privado es mucho más abierta que un Estado. Se acabarían las engorrosas licitaciones públicas –que en la práctica nunca se realizaron– para pasar a modelos de contratos directos o a lo suma compulsas cerradas. "Todas las compañías están aceptando esto, menos YPF", sentenció una fuente que trabaja en el proyecto de ley.

Detrás de todo están los números. Las áreas que YPF ve en riesgo tienen reservas probadas por 165 millones de barriles de petróleo y 1,2 billones de pies cúbicos de gas. Eso, sin contar Vaca Muerta, que apenas está incluida en los libros de reservas. También existe una veintena de permisos de exploración que, de no haber proyectos, caerán en la próxima década y también pasarán a manos de GyP.

Para YPF, el modelo de empresa provincial es una molestia. Ya lo declararon públicamente a sus accionistas, tal como lo reveló este medio, y siguen haciéndolo por lo bajo. Lo asocian con el fracaso que tuvo Enarsa a la hora de licitar el off shore: "Hay una confusión total entre quién es la autoridad de aplicación y la dueña de los derechos", explicó una fuente de la compañía.

El esquema que propone GyP –el que utilizó en todas sus sociedades y volverá a repetir ahora con esta nueva compulsa– es el de carry. La firma "se sube" al contrato con un 10 ó 15% sin poner un solo peso. Con las ganancias repaga su cupo de inversión hasta quedar en cero y luego comienza a facturar.

Desde YPF critican que GyP no se proponga como una empresa más del sector, sino que se convierta en una administradora de áreas que antes repartía el Estado. Razonan que este tipo de esquema no existe en ningún lugar del mundo.

Pero la Provincia avanzará de cualquier manera con la bandera de GyP. Los argumentos –que Coco expone en un artículo en este suplemento (ver página 5)– buscan apelar al federalismo y a la neuquinidad.

LA LLAVE A VACA MUERTA

Entrando en el juego de las ucronías, este debate pudo haber sido intrascendente hace 5 ó 6 años. Hoy, Vaca Muerta cambió el escenario. Con recursos recuperables por un billón de dólares, promete ser el negocio del siglo y es una pieza geopolítica y económica estratégica para el desarrollo argentino. Quien tenga la llave de ingreso a la formación será un actor privilegiado en el juego del poder. Mientras el partido se jugaba entre el Estado provincial y las operadoras privadas, todo parecía en cierto equilibrio, con un mecanismo al menos aceitado. La irrupción de la nueva YPF y ahora de GyP altera el tablero y le da un final incierto a este debate, del cual depende buena parte del futuro del país.

Extraños giros da la política. Cuando Axell Kicillof, entonces viceministro de economía, quedó a cargo de la poderosa comisión de energía que comenzó a marcar el paso de la nueva política, llovieron críticas puertas adentro del gobierno provincial. Inclusive, le cuestionaron la falta de modales en el vertiginoso proceso de recuperación del 51% de YPF y la expulsión de Repsol.

Pero ahora, Kicillof atiende a Sapag casi todas las semanas y parece ser el interlocutor más permeable de la Casa Rosada en materia energética. Hacia él se dirigieron las observaciones sobre la caída en la curva de gas y ahora el reclamo para que se quiten los impuestos a las refinerías más chicas, afectadas por una crisis de rentabilidad.

También se aceitó como nunca el vínculo con Enarsa, uno de los principales socios de GyP. La firma estatal es controlada por hombres de La Cámpora, luego de haber desplazado a Exequiel Espinoza, hombre de Julio de Vido.

No falta quien, ante este escenario, asegure que el gobierno provincial busca meterse por la grieta de la supuesta interna que hay entre Kicillof y Miguel Galuccio. El CEO de YPF siempre mantuvo perfil bajo pero tiene la extraña cualidad de cosechar elogios de casi todos los sectores políticos, algo atípico en la era kirchnerista.

"El mago" también goza de buena imagen en los mercados internacionales e inclusive hay quienes trabajan para su continuidad, sin importar el signo del próximo gobierno.

La tirante relación entre la provincia e YPF salió a la luz esta semana, pero tiene varios meses de cruces. Uno de los escenarios principales es el propio directorio de la compañía, donde Neuquén tiene un representante. Ese representante, una curiosa ironía, es Gustavo Nagel, director y hombre fuerte de GyP.

Las reuniones del directorio son herméticas, pero desde el acuerdo con Chevron trascendieron varios episodios en los que Nagel votó en contra en alguna medida solicitada por Miguel Galuccio.

Otro escenario de debate es el ambiental. YPF se quejó por lo bajo en reiteradas ocasiones por la clausura de equipos sin motivos aparentes y las inspecciones insistentes. También hubo un cruce tácito cuando este medio reveló, hace dos semanas, de la existencia de puntos críticos en la zona del Río Colorado, con pase de facturas incluido.

Antes que eso, una pelea por las regalías del nuevo precio del gas mantuvo paralizado durante varios meses el proyecto de shale gas de El Orejano. También la compleja triangulación que hizo YPF para cederle la mitad de Loma Campana a Chevron, una condición de la sociedad que firmaron ambas compañías para el piloto no convencional más importante del país.

Todo hace prever que esa tensión podría mantenerse en el futuro con temas muy caros para la petrolera nacional. Un ejemplo es el acuerdo con la malasia Petronas para lanzar un piloto en el área La Amarga Chica. La negociación avanza a paso lento, pero se entiende que podría prosperar para 2015, una vez despejadas las dudas sobre la continuidad del gobierno nacional. La cesión de derechos que contemplará la sociedad deberá contar con el aval de la provincia, al igual que la presentación de proyectos.

Otro ámbito de disputa parece ser el Congreso. Por eso no es llamativo haber escuchado críticas hacia GyP de los senadores Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, enfrentados a Sapag también en la interna partidaria.