El difícil capítulo de los ya famosos 15 minutos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue el detonante que faltaba. Hasta antes de esa tensa jornada, el pasado lunes 7 de abril, la dirigencia empresarial pensaba que el camino tomado para entrar en el debate por la reforma tributaria era el mejor, el más dialogante, pero se encontró con que, en la contraparte, las cosas estaban siendo interpretadas de otra manera. Por eso, tras el episodio, marcado por la petición que debió hacer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, de más tiempo para exponer su opinión sobre el proyecto, los privados decidieron cambiar la estrategia.

Tras llegar a la convicción de que el gobierno no declinará en su intento por aprobar la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), uno de los artículos de la reforma más controversiales para sus intereses, pero también que concita apoyo pleno en la Nueva Mayoría, la CPC decidió encargar dos nuevos estudios para ser presentados cuando el proyecto llegue al Senado. El trabajo fue encomendado nuevamente al abogado tributarista Ricardo Escobar, ex director de Impuestos Internos durante el primer gobierno de Bachelet y anterior jefe directo de quien hoy lidera la institución, el economista Michel Jorratt. A Escobar se suma un equipo de expertos conformado por Carlos Boada, Soledad Recabarren y Juan Manuel Baraona.  

Según altas fuentes empresariales, se trata de dos informes que tienen un perfil no sólo económico, sino también legal. El primero es una revisión completa del proyecto de ley y una propuesta con perfeccionamientos y cambios a los aspectos técnicos que pudieran complicar su aplicación práctica cuando la reforma sea ley. Esto, indican las fuentes, con el fin de que se transforme en un aporte del sector privado a una política de Estado, lo que les permitirá también avanzar en revertir la mala evaluación que tienen hoy los empresarios por parte de la ciudadanía (ver entrevista en página 6).  

El segundo se centra en la eliminación del FUT. La idea de la CPC es que, asumido el hecho de que dicho registro contable se terminará, el estudio pueda proponer un nuevo mecanismo que incentive y facilite el ahorro por parte de las empresas para financiar sus proyectos de inversión. Este punto es clave en el trabajo que ya comenzó a preparar Escobar, pues el argumento central con que el empresariado ha defendido la validez del FUT es que éste ha sido y es el mejor instrumento para apoyar la inversión de las empresas chilenas, y que su eliminación pone en duda el emprendimiento privado.

Por eso, conocedores de las gestiones de la multigremial precisaron que el estudio y la propuesta están orientados en dos direcciones. La primera busca incorporar nuevos mecanismos de incentivo al ahorro de las personas.

Pero es en la segunda dirección donde radica la clave para enfrentar uno de los mayores impactos que el empresariado prevé con el término del FUT: el perjuicio en la caja de las compañías. 

Lo advirtió esta semana el propio presidente de CMPC, Eliodoro Matte. “El flujo de caja nos va a bajar. Estamos copados en cuanto a la necesidad de endeudamiento y hay una presión por repartir mayor cantidad de dividendos, porque se acaban los estímulos a la inversión”, aleró en la junta de accionistas del martes pasado.

La propuesta que trabaja el empresariado pasaría por diseñar algún mecanismo que permita a las empresas reinvertir utilidades, pero limitando esta opción sólo a empresas “con chimenea”; es decir, impidiendo que estos fondos retenidos sean finalmente aprovechados por sociedades de inversión aguas arriba. Esta práctica es la que ha sustentado la argumentación de quienes defienden el término del FUT.

No obstante, desde el interior del equipo que liderar Escobar -quien esta semana estuvo fuera de Chile, pero los demás integrantes siguieron trabajando en las propuestas- se sostiene que no es fácil hacer la separación entre empresas de bienes y servicios y sociedades de inversión. 

Para estos propósitos tendrían algún camino avanzado con integrantes del Senado. De hecho, en el gremio leyeron con optimismo las declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, a La Tercera: “Creo que el proyecto va a poder ser mejorado en el Senado, por lo que es muy probable que tenga un tercer trámite constitucional y vuelva a la Cámara (...). Voy a hacer mis mejores esfuerzos para tener una discusión que permita espacio a todas las opiniones. Mi predicamento es que se trata de un proyecto tan estructural, que tiene que generar consenso y tener la más amplia mayoría posible”.

Y con ese espíritu es que el propio Lagos Weber se reunirá el próximo martes con el comité ejecutivo de la CPC, en la tradicional casona de Monseñor Sótero Sanz. La visita del senador es clave para la dirigencia, pues lo que busca es que la propuesta que está confeccionando el ex jefe del SII pase toda prueba de blancura en el Senado y, en especial, en los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría.

En el encuentro, las seis ramas de la confederación expondrán no sólo su opinión. También su interés de asegurar un buen espacio de debate cuando sean invitados a la Cámara Alta. Por eso, le informarán sobre los estudios que prepara Escobar. La mesa que preside Santa Cruz espera que el senador dé alguna señal de que esos informes puedan ser considerados como insumos para la discusión.

Pavimentar el camino

Tras la polémica visita de la CPC al Congreso y el endurecimiento del discurso oficial del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y su equipo para desestimar las críticas que ha recibido el proyecto, dentro y fuera del Congreso, la cúpula empresarial está poniendo todas sus fichas en la tramitación del texto en el Senado.

“Hasta ahora no ha habido reciprocidad al diálogo en la Cámara de Diputados, creo que ahí ya no se puede hacer más. Pero sí vemos que hay ciertos sectores de la Concertación, no de la Nueva Mayoría, en especial de la DC, que están intentando jugar un rol más responsable en este tema, más serio, de mitigar los efectos de algunos puntos de la reforma, y ese espacio esperamos que podamos aprovecharlo mucho mejor en el Senado”, afirma el presidente de la SNA, Patricio Crespo.

Su postura, de hecho, es que en la Cámara Alta hay que buscar espacio no sólo para que la CPC exponga la perspectiva del empresariado respecto del impacto de la reforma, sino que las ramas o los sectores productivos también logren un espacio en la agenda. “Mi postura es clara: no es que no se quiera poner las lucas, lo que queremos es minimizar los daños, y eso es lo que estoy haciendo yo por lo menos. Si el gobierno es sensible a eso, porque el ministro ha escuchado algunos planteamientos, debemos ser más claros aún en el Senado y buscar el entendimiento de sectores sensibles a nuestra problemática”, explica Crespo.

Los otros contactos

Si el calendario trazado por Teatinos 120 se cumple, la iniciativa estaría llegando a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta en las semanas siguientes al mensaje de la Presidenta Bachelet al Congreso, el 21 de mayo próximo.

Mientras eso ocurre, la actitud más abierta de la Comisión de Hacienda ya tiene otros hechos concretos que trascienden al titular del grupo parlamentario. Los otros senadores del grupo también han sido contactados por empresarios de diversos tamaños y sectores para preparar el camino a la tramitación del proyecto en la sala.

El senador UDI Juan Antonio Coloma, de hecho, comenta que “en la Comisión de Hacienda estamos creando un ambiente mucho más amparado en la lógica de la reflexión que de la aplanadora. Por lo menos, estamos en la postura de no hacer esta ley mordaza que sí se vio en la comisión de la Cámara de Diputados; de asegurar que acá sí serán escuchadas las distintas opiniones, y con el tiempo y el espacio que corresponde”.

Coloma, de hecho, precisa que ya se ha reunido con algunos empresarios y dirigentes sectoriales, pero también con economistas y expertos tributarios, para ampliar la base del debate que esperan hacer cuando llegue el proyecto. “Acá hay una voluntad más evidente de escuchar, debatir, de analizar esta reforma, que es una cosa compleja y sobre la cual no hay un criterio común en ningún sector, ni siquiera en la Nueva Mayoría. Yo no tengo ningún problema en decir que he conversado de esto con empresarios, desde los grandes hasta las cooperativas agrícolas, y entiendo que esto también ha pasado con los otros senadores, incluso del oficialismo”, asegura Coloma.

Y aunque dice que no ha sostenido reuniones formales con representantes privados, el senador RN José García, también integrante de la comisión, coincide en que el tema sí está en encontrar una buena solución de reemplazo a los efectos que dejará terminar con el FUT.

“Las declaraciones del senador Lagos Weber encienden una luz de esperanza sobre cómo podemos atenuar el daño que significa terminar con el FUT y cómo mantenemos el principio de que la reinversión de utilidades no pague impuestos. Que no se llame FUT no importa, el punto es que el principio de que la reinversión de utilidades es clave para generar crecimiento y empleo es lo que debemos asegurar en la reforma, y en la comisión tenemos la voluntad de recoger todas las ideas en esa dirección”, asegura el senador García Ruminot.