La minería ilegal no es un problema de informales que encuentran en ella una forma de ganarse la vida, sino de organizaciones con recursos abundantes que se aprovechan de la pobreza de esas personas para sus fines ilícitos. Aun cuando la reciente Ley de Criminalidad Organizada excluyó a la minería ilegal de su ámbito, queda claro que quienes están detrás de este negocio son bandas que, comportándose como auténticas empresas criminales, tienen además puestos los tentáculos en otros delitos graves.
A la fecha, la UIF ha enviado al Ministerio Público informes con indicios de lavado de activos vinculados a la minería ilegal, por más de US$ 1,500 millones. Si se suma esta cifra a las manejadas por otros organismos, así como a los efectos de los delitos vinculados a ella, se podrá concluir que el impacto de esta actividad es enorme. En ese contexto, hay que mirar con atención realidades como la colombiana, donde las organizaciones criminales más violentas se han relacionado rápidamente con la minería ilegal, dadas las altas ganancias que esta representa.
Ponerle un alto a esta nefasta actividad es, pues, urgente, y a eso ciertamente apuntan las medidas de formalización e interdicción, así como la lucha contra la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Que, a pesar de las evidencias, no haya un solo detenido o procesado por estos delitos (o por otros casos de lavado seriamente documentados), constituye un serio cuestionamiento al sistema en su conjunto, que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones y la legitimidad de la ley.
No obstante la importancia de estos esfuerzos, es necesario ampliar la estrategia que se emplea contra el crimen organizado. Es eficiente generar denuncias, procesos y condenas, pero más necesario aún es atacar la fuente de financiamiento de la actividad criminal. Seguir la pista del dinero es una eficaz manera de identificar a los cabecillas de las organizaciones y, vía los mecanismos legales, hacer que su patrimonio revierta al Estado y contribuya a retroalimentar el combate contra la criminalidad. Ejemplos de éxito de estas acciones los encontramos, internacionalmente, en la captura en México del “Chapo” Guzmán, debido en parte al seguimiento que se hizo de sus operaciones financieras; o, en el plano nacional, en la creación de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, con financiamiento proporcionado por la Comisión Nacional Administradora de Bienes Incautados.
En ese sentido, es imprescindible que el Congreso apruebe de una vez el proyecto de ley que faculta a la UIF a acceder a la información cubierta con secreto bancario y tributario. Existen varios antecedentes de leyes aprobadas otorgando esa atribución a otras instituciones (SMV, SBS para fines de supervisión) y es claro que una UIF necesita de esta información para elaborar informes completos para la Fiscalía. Hoy, cuando se recibe un reporte de un banco, no se puede acceder a la información de cuentas de otros bancos, ni a su información tributaria, lo cual limita seriamente la investigación. Plantear que se acceda a través de un juez o fiscal no es una solución, sencillamente porque se trata de otras fases en el desarrollo de un caso.
Es urgente dar ese paso porque el Perú está incumpliendo una recomendación internacional en la materia que ha sido resaltada por GAFI y el FMI y por lo cual ya se recibió un llamado de atención que podría incluso derivar en sanciones (GAFI exige que las UIF tengan acceso a esta información). Pero, sobre todo, porque no hacerlo es darle una inexcusable ventaja a los lavadores de dinero y a las bandas criminales para las que trabajan, con la consiguiente afectación de la seguridad pública y la tranquilidad social.
