Hasta mediados de junio pidió plazo el Ejecutivo para introducir ajustes a la reforma constitucional, enviada en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que consagra el agua como “bien nacional de uso público”.

Esta iniciativa había sido frenada por el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, el actual presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Ricardo Rincón (DC) puso esta reforma nuevamente en tabla de discusión.

Así, el pasado 15 de abril en la Comisión de Constitución de la Cámara, expuso el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien apoyó la reactivación de este debate, mientras el gobierno elabora un informe sobre la escasez de agua en Chile. Esta tarea está a cargo del delegado presidencial sobre recursos hídricos, Reynaldo Ruiz de Valdés.

“Tiene que quedar claro en la Constitución que las aguas son de todos los chilenos, por eso queremos un bien de dominio público, que el Estado pueda disponer de las aguas y no pagar por ellas, determinar los usos prioritarios, considerar los caudales sociales”, dijo Undurraga a La Tercera.

El ministro planteó que una reforma debe “reconocer y constituir” derechos, pero también debe dar facultades al Estado para “extinguir” esos derechos. “Eso es necesario, debe reflejarlo la ley respectiva. Pero tiene estar primero en la Constitución, por eso nos parece importante seguir con este trabajo, más allá que la redacción de la reforma pueda tener cambios”.

En esa línea Undurraga dijo que si bien el gobierno apoya este debate, van esperar el informe del delegado sobre recursos hídricos.

El diputado Rincón dijo que, si bien este un tema que será incorporado en la propuesta constitucional de la Presidenta Bachelet, se puede adelantar trabajo. “Hay ciertas temáticas que son muy importantes para el país. Podemos ir adelantando la discusión, recibiendo opiniones y, tal vez, anticipando conclusiones para zanjar el tema”, expresó.

Reforma debatida

A fines de 2009 e inicios de 2010, la reforma del agua generó un intenso debate al interior del Ejecutivo de Bachelet. Un sector del gobierno apostaba por colocar temas en discusión que marcaran diferencias entre las candidaturas Piñera y Eduardo Frei. Así finalmente se impuso la visión de los ministros de OO.PP. Sergio Bitar y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, quienes firmaron la iniciativa.

No obstante, en el período de Piñera este cambio constitucional fue frenado. Incluso en mayo de 2010 el ministro Cristián Larroulet recomendó su rechazo y entregó un informe crítico que advierte un impacto en el mundo agrícola.

El proyecto en cuestión ratifica que el agua tiene calidad de bien nacional de uso público. Si bien este principio estaba en el Código Civil y en el Código de Aguas, al no tener rango constitucional, a juicio de ciertos juristas, permitía interpretaciones sobre su propiedad.

Esta reforma, sin embargo, va un poco más allá y permite extinguir derechos, es decir expropiar o “nacionalizar”. Esta iniciativa, además, entrega facultades a las autoridades para reservar caudales de agua.

En el Ejecutivo adelantan también que se estudia la posibilidad de ingresar una indicación para endurecer los conceptos y darle al agua la calidad de bien nacional de “dominio público”.