En una movida quizás animada por el deseo de complacer a la Presidenta, un grupo de diputados oficialistas acaba de presentar un proyecto que deja sin subsidios a quienes compren más de 1.000 dólares mensuales para ahorro. Pero si el objetivo no es satisfacer una idea que Cristina Kirchner ya dejó picando, la iniciativa presenta, en un lado y en el otro, tantos agujeros que ponen en duda su verdadera utilidad.
Para empezar, el punto de referencia son las ventas de divisas canalizadas a través de la AFIP. Y ahí salta la primera inconsistencia.
Entre enero y el 16 de abril, el organismo validó poco más de un millón de operaciones por un total de US$ 611 millones. En tres meses y medio, el resultado canta un promedio de 568 dólares para cada una.
Es obvio que hubo quienes pudieron comprar más que otros, porque el límite de la AFIP llega a 2.000 dólares. Aunque el mismo promedio ya deja al descubierto que fueron contadísimos los casos de 1.000 dólares y, de seguido, que si el objetivo de la ley consiste en podar subsidios el impacto será muy pobre.
Luego, queda un ancho espacio de maniobra para quienes quieran zafar de la guadaña. Bastará con prorratear las operaciones en el tiempo, de modo de que todas estén siempre por debajo de los 1.000 dólares mensuales.
Dicen los legisladores en los fundamentos del proyecto: “Creemos que aquellos usuarios con suficiente capacidad de ahorro como para destinar parte de sus ingresos a adquirir mensualmente al menos 1.000 dólares, se encuentran seguramente en condiciones de afrontar el pago pleno de servicios como el gas natural, la energía eléctrica y el agua potable”.
El argumento parte del supuesto de que una compra de 1.001 dólares, unos 10.000 pesos, es prueba de “suficiente capacidad de ahorro”. Y sólo una, porque el proyecto no habla de varias.
Si los diputados hubiesen consultado a la AFIP, habrían podido advertir, además, que el 90% de las ventas autorizadas desde enero corresponde a trabajadores en relación de dependencia. No se trata, entonces, de suficiente capacidad de ahorro, sino de gente que intentaescaparle a la desvalorización del peso y a la desvalorización de sus ingresos.
Otra explicación que han dado es que, así, “pueden corregirse algunas inequidades provocadas por la urgencia con que hubo que adoptar” la política de subsidios.
Inequidades al por mayor hubo y hay en los subsidios al gas, la luz y el agua, porque sobran evidencias de que benefician más a las capas de mayores recursos que a las de abajo, pero eso de la urgencia suena a demasiado: ¿de cual urgencia podría hablarse ahora, si el sistema ya lleva nueve años y pico?
Sólo en 2013, las subvenciones a la energía le costaron al Estado 81.400 millones de pesos y 7.100 millones las de AySA, o sea, 88.000 millones entre ambas. Esto es, una factura enorme e insostenible.
¿Creerán los legisladores K que su proyecto puede tener algún impacto sobre semejante montaña de plata o que sería capaz de hacerle mella a una cuenta que este año avanza al 60%? Desde luego, la respuesta debiera ser un no rotundo.
Y la alternativa de amedrentar a los compradores de dólares es tan escasa como que queda limitada al 90% de los trabajadores en relación de dependencia. Clarísimo: las divisas no se filtran por el canal de la AFIP, sino a través de otros medios que perforan la cerrada trama que creó el Banco Central.
Las bancadas oficialistas cuentan con número suficiente para aprobar el proyecto, pero los resultados lucen tan magros que muy probablemente su destino sea un cajón. Y si todo consiste en darle un gusto a la Presidenta, podrían haber elegido un método bastante más elaborado.
Entre los firmantes figura la diputada ultra kirchnerista Diana Conti, que viene de otro paso en falso. Con la misma intención de satisfacer una idea que Cristina Kirchner lanzó en la apertura de las sesiones del Congreso, Conti también le puso su sello a un régimen destinado a frenar las protestas sociales: en medio del batifondo que se armó, incluso entre los propios, ayer la Casa Rosada terminó de despegarse de ese proyecto.
Está visto que a veces Conti no acierta, aunque ponga mucho esfuerzo en sus emprendimientos. O se trata, simplemente, de globos de ensayo que la Presidenta lanza y pincha apenas ve los efectos.
Por lo demás, la apertura del cepo a través de la AFIP ha probado ser lo que se suponía desde el principio: un operativo de distracción sin ninguna consistencia real. Y no es por culpa de Ricardo Echegaray, sino de la escasez: durante el mismo período en que autorizó vender apenas US$ 611 millones, al Banco Central se le fueron US$ 2.800 millones.
Juan Carlos Fábrega, el jefe del BCRA, tiene retenido un paquete de permisos para cancelar importaciones ya concretadas que ascendería a unos US$ 4.000 millones, porque todo el tiempo le salen pagos impostergables. Ayer mismo debió hacer malabares con los US$ 230 millones de un bono de la deuda.
“Que lo están pensando, lo están pensando, pero de allí a que se atrevan media una distancia muy grande”. Eso opina un ex director del Central, a propósito de un runrún que aún suena en el mercado financiero: la posibilidad de que el Gobierno entreabra el verdadero cerrojo cambiario.
“Sería un fuerte golpe político”, dice, y también lo que cualquiera sabe de sobra; esto es, que un dólar a 8 pesos dejaría exhausta la caja del Central. O forzaría a poner un tipo de cambio financiero similar al turista de 10,8. Demasiado riesgoso, demasiado complejo: más vale pensar, entonces, en convivir con el cepo o conformarse con la AFIP.
