La Corte Suprema de los Estados Unidos limitó hoy la acción de los fondos buitre que buscan embargar bienes de la Argentina en el exterior, al señalar que los activos de carácter militar y diplomático deben quedar fuera de eventuales acciones para obtener el pago de títulos en default.

Así lo indicaron este mediodía los portales norteamericanos especializados, que dieron cuenta de la audiencia que tuvo lugar en Washington en el marco de la causa denominada ’Discovery’, que refiere al fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa que ordenó a los bancos informar sobre los activos que Argentina tiene en el exterior, para que los acreedores puedan embargar y cobrar así sus deudas.

De la audiencia participaron por la Argentina el abogado Jonathan Blackman, el representante del gobierno de Barack Obama, Edwin Kneedler, que actuó como amicus curiae, y Theodore B. Olson por el demandante fondo NML Capital.

La causa Discovery, intenta que la Justicia del país del norte obligue al Estado a mostrar bienes potencialmente embargables. Se trata de una pelea de semifondo, ya que la Corte todavía no se expidió sobre si acepta la cuestión más importante, vinculada al pago de la deuda en default. Pero la causa tomó tanta relevancia que hasta la administración de Barack Obama pidió participar en la audiencia, en apoyo al gobierno de Cristina Fernández.

Mediante la orden de discovery, el fondo litigante NML Capital busca obligar a Argentina a informar cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos y otros países de los cuales cobrarse una eventual sentencia a su favor por sus bonos de deuda en default. Se trata de una causa anexa a la principal, por la cual NML Capital, del magnate Paul Singer, reclama u$s 1.330 millones por los títulos impagos en su poder. En ambas causas, el juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, y la Corte de Apelaciones de ese distrito fallaron a favor de los holdouts.

La audiencia comenzó a las 11 de la Argentina y se extendió por una hora y media aproximadamente. Contó también con la presencia del secretario Legal, Federico Thea y el integrante de la unidad de Restructuración de Deuda Matías Isasa. También estuvo,además de la embajadora Nahón, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos. El ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo ausente.

Por primera vez en casi 12 años de conflicto con los fondos buitre, la Argentina obtuvo un guiño de parte de dos jueces norteamericanos. Y no se trata de un apoyo menor, sino de dos de los más importantes miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el presidente del tribunal, el republicano John Roberts, y la demócrata Ruth Bader Ginsburg. El primero limitó severamente los reclamos del fondo Elliott de Paul Singer sobre el pedido de información de los activos financieros que el país tiene en ese país. La segunda se convirtió ayer el primer magistrado que habló en contra del accionar de la acción de los buitres.

Estas fueron las principales victorias que ayer obtuvo la Argentina en la audiencia clave en Washington, donde la misión fundamental fue la intención de convencer a los ocho integrantes de la Corte norteamericana para que el máximo referente del Poder Judicial de EE.UU. acepte tratar el "Juicio del Siglo" de la Argentina contra los fondos buitre. Habrá que esperar para conocer si el objetivo estuvo logrado. Los jueces les aclararon a los representantes legales de ambas partes que hasta la útima semana de junio o comienzos de julio no se conocerá la decisión final de la Corte, sobre si acepta que este caso sea uno de los 85 sobre los que fallará en el ejercicio judicial 2014- 2015. Si la respuesta es positiva, la Argentina habrá ganado más que el tiempo necesario para poder emprender una solución negociada con los fondos buitre y los "hold-outs". Si la decisión es negativa, el país tendrá un severo revés ya que los fallos negativos de primera y segunda instancia quedarán firmes y la Argentina se encaminará a un seguro "default técnico".

Hubo igual ayer algunas derrotas. Especialmente durante la intervención de la jueza demócrata Elena Kagan, que manifestó que el pedido de los fondos buitre para que se conozcan las posiciones financieras en los Estados Unidos podría analizarse, y "de una manera extrema y abierta".

La audiencia de ayer ante la Corte representó además el debut del "Top Gun" contratado por la Argentina, Paul Clement, uno de los mayores conocedores de los resortes del Tribunal y la persona que ideó la estrategia que ayer comenzó a aplicarse por primera vez en el juicio. Este exprocurador de los Estados Unidos durante el Gobierno de George W. Bush fue quien terminó de convencer a su exoficina, ahora manejada por la administración de Barack Obama, para que se presente en la audiencia de ayer a defender la posición de la Argentina. Así se hizo, y el procurador general adjunto, Edwin Kneedler, se presentó ayer personalmente a respaldar la posición del país, siendo además quien más preguntas recibió de parte de los jueces. De hecho, de la obligación primaria de exponer durante no más de 10 minutos, Kneedler expuso a favor de la Argentina por más de 25 minutos. En particular argumentó alertando a los jueces sobre el "peligro" de sostener la posición de los fondos buitre, tanto por las consecuencias "negativas que puede tener en el sistema financiero internacional" como por los efectos negativos "en los mercados financieros locales". Puntualmente, el hombre del Gobierno de Barack Obama mencionaba elípticamente las consecuencias que podría tener el sostenimiento del fallo a favor de Elliott y el resto de los fondos buitre sobre el negocio de la colocación de deuda soberana de países en desarrollo en Wall Street, un mercado que anualmente maneja unos u$s 25.000 millones anuales; y que quedaría jaqueado si la Corte decide no tomar el caso o, si lo toma, fallar en contra del país. Igualmente Kneedler no la pasó bien ayer. Los jueces fueron particularmente duros en la interpretación que el Gobierno de Obama hace sobre el pedido de "apertura" (discovery) de las cuentas de la Argentina en los Estados Unidos, y la "prevención" que el funcionario les pidió a los jueces. "Creí que la ley sobre la que estamos hablando era, justamente, para librarnos de este tipo de interferencias", le contestó el juez republicano Antonin Scialia, uno de los más duros y técnicos al momento de realizar preguntas. Scalia además no se privó de deslizar críticas contra la Argentina al preguntarse (y contestarse) por qué en el caso de "discovery" no había países que que hubieran escrito a favor. "Quizá porque también le deben plata", desatando sonrisas entre los representantes de los fondos buitre y los "holdouts". Aún más irónico fue el magistrado demócrata Stephen Breyer, que le aclaró al funcionario que "no estamos para autorizar embargos de bifes", desatando la única carcajada de la hora de sesión de ayer.

Paul Clement no habló, sino que lo hizo el representante del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Johnathan Blackman, quien además abrió el fuego ante la jueza demócrata Sonia Sotomayor, quien no iba a participar, pero finalmente concurrió. Para algunos observadores esto representaría un buen síntoma, ya que demostraría el interés que el caso tiene para la Corte. En definitiva, es lo que la Argentina busca: que el Tribunal tome el caso porque lo considera importante. Sotomayor fue dura contra la Argentina, y le deslizó a Black-man que Antonin Scalia y Sonia Sotomayor sugirieron que los bancos pueden ser obligados a proporcionar detalles sobre los activos argentinos en todo el mundo por el proceso legal de "descubrimiento". Según el juez, el pedido de Elliot "no iría más allá de lo que permite la ley".

A favor del país actuó al menos en parte (por lo que se desprendió de sus preguntas), el presidente de la Corte, el republicano John Roberts. Éste les impuso límites concretos a los pedidos de embargos de los fondos buitre, al aclarar que el reclamo (avalado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York en su momento) de obligar a la Argentina a que exponga absolutamente todas sus posiciones financieras en Estados Unidos, es "bastante intrusiva". Roberts le aclaró al abogado del fondo Elliott que la Corte podría, como mínimo, recortar la orden de Thomas Griesa de primera instancia (que luego avaló la Cámara) sobre el derecho de obtener información sobre los recursos financieros destinados para actividades militares y diplomáticas, cuestión que "está dentro de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de EE.UU." y que haría que estén "exentos de la posibilidad de embargos". Si bien la frase le colocó límites al pedido de los buitres, Roberts dejó abierta la alternativa de revisar qué sucede con el resto de los fondos que la Argentina mueve en los Estados Unidos, incluyendo los pagos de servicios de intereses, honorarios a profesionales y activos financieros con fines de ahorro. El pedido de Elliot incluye, además, las cuentas de compañías y empresarios que recibieron pagos del Estado argentino (como Lázaro Báez) y hasta posibles activos inmobiliarios de ex residentes.

Al final habló la jueza demócrata Ruth Bader Ginsburg (nombrada por Bill Clinton y de origen "liberal"), que directamente opinó que la acción de los fondos buitre era "extrema" ya que "la mayoría de los tenedores de bonos aceptó las condiciones establecidas por la Argentina". Ginsburg se convirtió así en el primer magistrado de los 13 que ya trataron el caso contra los buitres que más criticó a los fondos y, al menos en parte, mencionó la aceptación del 93% de los canjes de 2006 y 2010.

La buena noticia final, luego de más de una hora de sesión ante la Corte, es que probablemente se haya logrado el objetivo de interesar a los jueces del tribunal para que tomen el caso. La mala es que, según se desprende de las preguntas y posiciones, ya habría asegurados no menos de cuatro votos en contra (Scaglia, Sotomayor, Breyer y Kagan) y uno a favor (Ginsburg). Restaría conocer los de Roberts y de los republicanos Samuel Alito y Clarence Thomas; este último, el único que ayer no habló.

“Si Argentina tuviese una carnicería en Italia, ¿pueden sus acreedores (léase los fondos buitres) exigir información sobre esa carnicería a los bancos para poder embargar sus famosos y sabrosos bifes?”.

Palabras mas, palabras menos, esta pregunta del juez John Breyer fue la que mejor definió el tema en discusión ayer durante la audiencia en que los fondos buitre y la Argentina tuvieron su primer cara a cara ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y en la que la administración de Barack Obama se pronunció por primera vez oralmente en favor de la Argentina.

Lo que estuvo en juego es si los fondos buitre pueden exigir al Bank of América y al Banco Nación información sobre los activos que Argentina tiene el exterior para poder cobrarse los fallos por más de 1.300 millones de dólares que tienen a su favor.

Al final de la audiencia fue difícil establecer quién fue el ganador. Hubo muchos indicios de que los jueces buscan un compromiso entre la posición de los fondos buitres que quieren información sobre absolutamente todos los activos que tiene Argentina en el exterior y la posición del país que no quiere dar ningún tipo de información.

Esto significa que el fallo que anunciarán en junio podría ser mixto. La Corte permitiría que los fondos buitre tengan acceso a cierta información sobre los activos comerciales argentinos en el exterior pero pondrá restricciones y excluirá propiedades diplomáticas, militares y otras relacionadas con la seguridad nacional, como también la “propiedad de un ex presidente”.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Argentina, Jonathan Blackman, afirmó que exigir a los bancos que revelen la existencia de la hipotética carnicería de Breyer o de cualquier otro activo argentino en el exterior viola el Acta de Inmunidad Soberana.

El representante del Procurador general de EE.UU., Edwin Kneedler, coincidió diciendo que el gobierno de Obama estaría “muy preocupado si tribunales de otros países ordenaran decir a sus acreedores extranjeros los bienes que tienen en el mundo”.

El abogado de los buitres, Ted Olson, insistió sin embargo con que Argentina renunció a la inmunidad cuando firmó el contrato de venta de los bonos en default que hoy poseen los fondos.

Los nueve jueces que conforman la Corte Suprema cuestionaron duramente los argumentos de los tres abogados. Actuando como verdaderos “abogados del diablo”, buscaron establecer quién tiene razón ametrallando con preguntas y comentarios súper críticos. Fue llamativo cuánto sabían del tema. Como es su costumbre el único que permaneció en silencio fue el republicano Clarence Thomas. “Nunca interviene durante la audiencias”, explicó a Clarín un funcionario de la Corte Entre los demás jueces, los más activos fueron los demócratas Ruth Ginsburg y Stephen Breyer. El más pícaro e irónico fue el republicano Antonin Scalia. Por ejemplo, cuando Edwin Kneedler dijo que varios países le habían expresado al Departamento de Estado su preocupación, Scalia reaccionó con virulencia: “Y si esto es tan horrible como usted dice, no tendríamos que haber tenido algunos documentos (léase amicus curiae ) de esos países”. De hecho, de los tres abogados, Kneedler demostró ser el menos preparado para los zarandeos de los jueces y no ayudó mucho a la causa argentina.

Blackman también padeció el mismo trato cuando insistió sobre la preocupación de los gobiernos soberanos. Scalia repitió que consideraba “extraordinario que no haya ningún amicus curiae de los países extranjeros, los presentan todo el tiempo. A lo mejor Argentina les debe plata” disparó.

Ted Olson fue muy articulado. Pero cuando sugirió que si Argentina no hubiese renunciado a su soberanía en los contratos nadie compraría los bonos, el Presidente de la Corte John Roberts le preguntó: “¿Qué tiene que ver eso con este caso?”.

La Corte Suprema de los EEUU indicó este lunes que los acreedores de la Argentina deberían tener un acceso limitado a la información sobre los activos que tiene el país fuera de Estados Unidos, en el marco de una de las causas que mantiene con los fondos buitre, conocida como “discovery”.

Durante la tensa sesión de carácter técnico que se extendió durante una hora para escuchar los argumentos del caso, en el que el fondo de cobertura NML Capital Limited busca información para realizar embargos con vistas al repago de bonos en default, al menos dos de los magistrados del tribunal estadounidense consideraron que los acreedores "tienen derecho" a conocer, parcialmente, la existencia de activos de la Argentina pasibles de ser embargados, sin violar la legislación.

Mientras tanto, otros jueces sugirieron que los activos militares o diplomáticos no deberían ser revelados, aunque la discusión dejó abierta la posibilidad de ir contra flujos de divisas financieros provenientes de operaciones de pago de deuda, o bienes comerciales del estado argentino, entre otros.. Esta visión reduciría el alcance del futuro fallo final de la Corte, ya que dejaría fuera de la cuestión potenciales activos a ser embargados.

Mientras la mayoría de los miembros de la Corte Suprema parecían mostrarse comprensivos con la postura de NML, varios señalaron su voluntad de limitar la solicitud a los activos comerciales, informó Reuters.

En un momento, el presidente del tribunal, John Roberts, le dejó en claro al abogado de NML, Theodore Olson, que el largo historial alrededor del litigio no tendrá relevancia a la hora de que el organismo tome su decisión. "Me parece que el contexto es totalmente irrelevante", dijo Roberts, quien describió el pedido de NML como "bastante extraordinario" porque podría hasta implicar que los acreedores se enteren de "cuántos aviones de combate tiene Argentina".

El juez Anthony Kennedy, cuyo voto suele influir entre los nueve miembros de la corte, también pareció apoyar la fijación de límites.

Sin embargo, el juez Stephen Breyer dio una pista del tipo de propiedad comercial que NML podría ir detrás. El ironizó sobre la "maravillosa carne vacuna argentina" en una carnicería en Italia, acaso insinuando que los fondos buitre podrían ir detrás de los activos externos que tengan las empresas en las que el estado tiene una participación mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas, o Aysa.

Es que, según el ex Secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, "hay efectivamente nada" de activos argentinos en el exterior que pertenezcan al estado. De ahí que el ataque de NML podría dirigirse a las compañías que controla el gobierno.

“Sería difícil argumentar para el gobierno que no es miembro de esas empresas, porque hasta aparecen en el Presupuesto”, reflexionó un abogado que sigue de cerca el juicio, en diálogo con LPO.

De ser así, en caso de que la Corte termine ejecutando un embargo, podrían incautarse los vuelos internacionales que haga Aerolíneas, o el petróleo que exporte YPF, por citar sólo dos posibilidades.

Esta causa en la Corte es secundaria de otra más relevante en la que el tribunal deberá decidir más adelante si acepta revisar una apelación argentina contra una sentencia que obliga al país a pagar unos u$s1.330 millones a los fondos, que la han demandado por su masiva cesación de pagos del 2002.

En la audiencia expusieron por la Argentina, el abogado Jonathan Blackman, el representante del gobierno de Barack Obama, Edwin Kneedler, quien actuó como "amicus curiae" de la Argentina y Theodore Olson, el letrado por el demandante fondo NML Capital.

Por el ministerio de Economía, estuvieron presentes el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea y la embajadora ante los Estados Unidos, Cecilia Nahón.

Los abogados de la Argentina plantearon como defensa el principio de "inmunidad soberana" y tuvieron el acompañamiento de Kneedler quien sostuvo que ofrecerle a los acreedores ese tipo de información viola ese principio.

Además, éste advirtió sobre los efectos que puede en el sistema financiero un fallo adverso a la Argentina.

Los magistrados Antonin Scalia y Sonia Sotomayor sugirieron puntualmente que las entidades financieras podrían "estar obligadas" a proporcionar detalles sobre los activos argentinos en todo el mundo.

Scalia dijo no ver una orden de un tribunal inferior que "impida a los bancos cooperar" con la información, "más allá de los límites" de esa ley federal.

En tanto, otros magistrados mostraron una posición tendiente a limitar el suministro de información, impidiendo que sean revelados los activos militares y diplomáticos del país.

Por su parte, la jueza Elena Kagan afirmó que interpretó el texto de la ley de manera diferente. Ella y otros magistrados, coincidieron en que "en el caso de un acusado privado, un juez podría requerir la revelación de activos en todo el mundo".

"Lo que diría el texto de la Ley es que no estamos bajo esa regla", razonó Kagan.

En tanto, las crónicas señalaron que el único integrante de la Corte que no pronunció palabra en la audiencia fue el juez Edward Thomas.