Dos temas sacudieron la modorra política provincial. El intento por endeudar a la provincia para el pago de otras deudas a tiro de decreto revolucionó al oficialismo y la oposición. Se vienen días de denuncias fuertes y la política se asoma a su fracaso. Los mineros, por otro lado, denunciaron que la actividad se ha muerto en la provincia y la volvieron a colocar en la agenda pública. La provincia del ni, la de ni una cosa ni la otra.

En la interminable novela por la búsqueda del presupuesto de la provincia y las formas, normas y caminos que se utilizarán hacer uso de los recursos para este año, el gobierno de Francisco Pérez cree haber encontrado la jugada maestra, ese as en la manga que cualquier jugador espera para largar en medio de una partida de pícaros, bravucones y especuladores.

Como lo que vemos es lo más parecido a un juego entre fulleros, tramposos y mañosos, la carta de Pérez se ha impuesto a todas las que estaban sobre la mesa y amenaza con hacer terminar la partida de manera abrupta, con escándalo incluido, pero que pone en tela de juicio el futuro de una provincia que no gana para sustos y esa institucionalidad de la se ha mostrado siempre orgullosa.

El martes a la noche, el gobernador sorprendió a todos en la Legislatura enviando un proyecto de ley para modificar la Ley de Contabilidad de la provincia, para lo que ha pedido una sesión especial que se realizará el lunes, justo el día en el que junto a su mujer, Celina y a sus dos hijos, esté pasando sus primeras horas en Roma, preparándose para ser recibido por el Papa Francisco, en una cita prevista para el miércoles. Pese al clima que seguramente lo envolverá al gobernador en una de las ciudades más bellas de Europa y a varios kilómetros de Mendoza, no podrá abstraerse totalmente de lo que aquí ocurra, como consecuencia directa del envío de aquel proyecto.

Pérez les pide a los legisladores lo que nunca antes se había hecho en los últimos treinta años de democracia: que le aprueben una serie de modificaciones a la Ley de Contabilidad para que, a tiro de decreto, pueda usar los fondos públicos como así lo elija y disponga su propio criterio. Esto es, entre otras cosas, usar el endeudamiento que la Legislatura le aprobó en el Presupuesto del 2013, de unos 1.800 millones de pesos, pero para el 2014, año en que esa posibilidad le viene siendo negada por los sectores de la oposición.

En buen romance, si esto llega a ser aprobado lo que es muy factible porque sólo se necesita mayoría simple y el oficialismo, para eso, puede conseguirla en ambas cámaras, el actual gobernador podría decidir endeudar a la provincia en una suma que si lo quiere podría superar lo que él mismo ha solicitado en el proyecto de presupuesto de este año.

A esta técnica, extraordinaria, novedosa e inédita, el gobierno le llama “reconducción del presupuesto” y reclama que esa facultad extraordinaria –una suerte de superpoderes con difuso control–, se le otorgue con carácter retroactivo al 1 de enero del 2014.

El proyecto habla del uso a criterio del Ejecutivo de las partidas ordinarias, es decir de aquellos “recursos o gastos habituales y necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Estado”. Eso sí, excluye a las consideradas partidas extraordinarias: “Los recursos y gastos atípicos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio”.

Para este proyecto de “presupuestos reconducido”, Pérez pide incluir las autorizaciones y los recursos provenientes del uso del crédito público legalmente autorizado por el presupuesto reconducido (el del 2013). Y agrega que el total del financiamiento (que obtendrá a partir de ahora) sólo podrá destinarse para hacer frente al pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública.

Acá viene lo complicado y sorprendente del nuevo escenario que ha creado Pérez con esta carta novedosa. Se trata de una segura judicialización de las decisiones políticas tomadas desde el propio Ejecutivo, porque los radicales ya adelantaron que no sólo rechazarán la maniobra, sino que llevaran a juicio el caso, con lo que Mendoza se enfrentará de lleno a un nuevo fracaso, de esos absurdos, de esos que limitan el crecimiento, detienen la marcha y lo que es peor, la hacen retroceder.

De aprobarse el proyecto, es difuso el control sobre lo que haga Pérez con la plata de los mendocinos. Y esto sin siquiera abrir un juicio de valor previo a lo que tenga en mente el gobernador. Se trata simplemente de la presencia un escenario en donde se verán resentidas todas aquellas herramientas que apuntan al respeto de las normas, a la transparencia y a la credibilidad de un sistema que está sostenido por las instituciones republicanas a las que ha elegido someterse la sociedad.

Pero también abre interrogantes sobre lo que viene en cuanto a la administración de los recursos, porque se cree que la situación inflacionaria y como consecuencia de la reciente devaluación, los recursos crecerán hasta en unos posibles 7 mil millones de pesos, no presupuestados.

Y si el Estado contará con recursos extra –independientemente de los gastos que también se incrementarán–, no son pocos los que se están preguntando por estas horas si no ha llegado la hora de hacer un uso responsable de los fondos cuando todo el mundo comienza a ajustarse los cinturones frente a un año que viene torcido.

Otra vez la minería y la historia de la provincia ni, ni una cosa ni la otra. 

Así como la discusión eterna sobre todo lo descrito arriba, los días previos al fin de Semana Santa confirmaron, una vez más, que Mendoza no ha resuelto hacia dónde quiere ir en verdad sobre su proyección económica y el desgaste evidente de su matriz productiva. Y la minería, uno de los karmas de todos los gobiernos, se coló abruptamente en acalorados mítines sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Un asunto que Pérez quiere tener resuelto y terminado para el 1 de mayo, cuando enfrente a la Asamblea Legislativa en su discurso anual.

Algunos festejarán y otros lo lamentarán y, quizás, pueda que exista un tercer grupo que se pregunte cuál es el destino de los principales temas de Mendoza en un clima de idas y vueltas, de marchas y contramarchas y, muy especialmente, de un festival de dobles discursos.

La explotación minería, como tal, está absolutamente muerta en Mendoza. Y lo estará, cuando menos, hasta la finalización del mandato de la administración Pérez. Que la minería no esté en agenda para una provincia que parece tenerlo todo al alcance de la mano es un problema grave. Pero no lo sería tanto si el gobierno les hubiese dicho a los mendocinos con absoluta claridad que la minería no estaba en sus planes, lo que hubiese ahorrado miles de enfrentamientos, inútiles, y por sobre todo, un nulo interés de parte de inversores, nacionales y extranjeros, que han seguido atentos al ir y venir del gobierno y al nivel de confusión con que el tema se ha venido abordando. Hubiese sido más honesto.

La explotación minera en Mendoza ha sido una cuestión vergonzante para el Ejecutivo. Y generadora de un doble discurso innecesario. Mientras en el exterior se ha ofrecido a la provincia como un campo fértil para potenciales inversiones del sector, hacia adentro se ha venido manteniendo una actitud distinta.

El gobierno no da pie con bola con el asunto. No sabe cómo decirle a la sociedad que es necesaria la explotación minera por pura sobrevivencia económica, por el temor de que los grupos ambientalistas le hagan la vida imposible. Pero tampoco quiere que los potenciales inversores dejen de poner el ojo en la provincia. Por lo bajo, su estrategia es alentar a los mineros –incluso seduciendo a capitales con intenciones de invertir y fogoneando la llegada de nuevos actores para proyectos inconclusos, como es el caso de San Jorge en donde una empresa rusa ya ha invertido cerca de 40 millones de dólares con la esperanza de relanzar el proyecto biprovincial que incluye a San Juan–. Y por otro lado, pretende darles garantía a los grupos no mineros autoconvocados y varias ONG ambientalistas para tranquilizarlas con la promesa de que nada cambiará la famosa ley “antiminera”, la 7722.

La conducta oficial, a dos puntas, ha llevado al ministro de Energía, Marcos Zandomeni, a fundar la Mesa Minera, la que viene deliberando desde hace un mes. Allí están sentados el sector minero y el gobierno con Zandomeni a la cabeza. El ministro ha escuchado fuertes reclamos del sector, un sector que está convencido de que le mienten deliberadamente. En tanto, Zandomeni se hace un ocho para explicar lo inexplicable y para que los mineros no se levanten del ámbito dando un portazo.

El ala del gobierno que mantiene vivo el impulso a la minería a fuerza de discursos nada más, tiene problemas para hacerse creíble frente a tantos indicios que le juegan en contra. Y son varios. Como la actuación de la Asesoría de Gobierno en donde opera con entusiasmo Aldo Rodríguez Salas, un abogado que supo ser funcionario de la gestión de Arturo Lafalla y declarado hombre antiminero. A Rodríguez Salas se le atribuyen todas las maniobras que hace el Ejecutivo en las causas abiertas en la Suprema Corte de Justicia por la constitucionalidad de la ley 7722, sancionada en época de Julio Cobos y con la que el ex gobernador radical frenó las críticas a su gestión por los sectores contrarios al desarrollo minero.

Los mineros de la Cámara Minera (CAMEN), la de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMSA), el gremio de los trabajadores mineros (AOMA) y los geólogos, entre otros técnicos, creen ver en Rodríguez Salas al asesor que más influye en la Corte para que la ley sea ratificada como constitucional. Los mineros, desde ya, reclaman la inconstitucionalidad lisa y llana.

El otro indicio contrario a la proliferación de la minería, que da pie a lo del doble discurso, es la acción que lleva adelante el ministro de Tierras y Ambiente, Guillermo Elizalde. Hace menos de una semana, los mineros que participan de la Mesa Minera creada por Zandomeni, casi se van a los golpes en una discusión que mantuvieron con Elizalde. Al ministro lo cuestionan de no haberlos hecho partícipes del proyecto de ley de ordenamiento territorial, ni de haberlos invitado a la audiencia pública. Elizalde no conforma con sus respuestas.

Es más, el sector minero está convencido de que quien influye en es el diputado nacional Guillermo Carmona, flamante autor de un proyecto de ley para declarar área protegida y parque nacional a unas 400 mil hectáreas de tierras en Malargüe, en una de las zonas más ricas en cuanto a potencial minero y petrolero que tiene Mendoza.

Los dos intendentes del sur más interesados en el desarrollo minero, Juan Agulles de Malargüe y Emir Félix de San Rafael, están que trinan con Carmona, a quien en privado le destinan los peores epítetos jamás escuchados. Pero nadie frena el andar decidido del diputado miembro de la organización ultra K, Unidos y Organizados.

Carmona y los mineros han discutido fuerte en los últimos días. La resolución de esa contienda verbal de tono encendido ha dado como resultado que Carmona agudice su avanzada. Les ha adelantado que lejos está de retirar el proyecto de la Cámara Baja nacional, y se ha defendido diciendo que no tiene por qué consultar al sector en un proyecto de semejante envergadura.

Quizás con sorna, o con una buena dosis de cinismo, el diputado que en medio de las discusiones subidas de tono con los mineros les juró que jamás permitirá la entrega del territorio a capitales extranjeros “para un mero objetivo de extractivismo” y mucho menos vinculados con la minería, les adelantó que prepara otro proyecto de tintes sorprendentes: el de la creación de una empresa nacional de minería, al estilo YPF de los hidrocarburos.

El asunto no va ni para adelante ni para atrás. Los mineros denuncian la inconsistencia de las políticas oficiales y en especial de la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo; hablan de discriminación; de mentiras deliberadas; de acciones sin sentido y de la parálisis de la Dirección de Minería, denunciando su desmantelamiento.

Es la historia de una Mendoza que no camina en ningún sentido. Es la historia de una Mendoza que inexplicablemente no despega y que se llena la boca de proyectos y discusiones sobre el cambio de su matriz productiva para los próximas 30 o 50 años. Es la historia de una decadencia en todos los frentes. La historia de una provincia de la cultura ni, ni una cosa, ni la otra.