Tras vencerse el plazo para la formalización de mineros informales, comienza hoy una nueva etapa de consolidación de esta tarea, en coordinación más estrecha entre el Ejecutivo, gobiernos regionales y las bases mineras, dijo el alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, Daniel Urresti.

"Pasamos ahora a la etapa de saneamiento. En los primeros 120 días vamos a reunirnos el Ejecutivo, las direcciones regionales y dirigentes para dialogar, analizar donde se está flaqueando y proponer mejoras para la consolidación del proceso", remarcó.

Según indicó a la Agencia Andina, desde el Gobierno existe la disposición de mejorar las normas y allanar obstáculos que puedan afectar esta labor, y se espera de los mineros el compromiso claro y contundente de querer formalizarse.

Con ello, añadió, se podrá establecer metas precisas respecto a cuantos informales podrán formalizarse por año y por regiones.

"Se establecerá un cronograma donde se fijarán las metas anuales de formalización, que será competencia directa de las direcciones regionales de Energía y Minas. El Ejecutivo acompañará este trabajo", añadió.

A la fecha, recordó que existen 70,000 declaraciones de compromisos de formalización; y que aquellos informales que no presentaron este documento hasta ayer, 19 de abril, deberán seguir un régimen ordinario si tienen la voluntad de cambiar.

"Los que no se inscribieron no podrán seguir trabajando hasta que no tengan el permiso, es la gran diferencia respecto a los que sí lo hicieron; lo que no implica que no se puedan formalizar, pero será por el régimen ordinario", comentó.

Urresti refirió que con la formalización se podría recaudar en impuestos lo equivalente al 12 por ciento de lo que paga actualmente la minería formal.

"El Estado podrá fiscalizar y lograr que se realice una pequeña minería con técnicas que aseguren una mayor productividad y que no se contamine, se mejorará estilo de vida, serán sujeto de créditos y podrán crecer", agregó.

Respecto a la minería ilegal, insistió en que estos serán interdictados con megaoperativos ya planificados en regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco, que forman un triángulo donde se concentra la actividad ilegal en el país.

Solo en Madre de Dios, estimó, hay 60,000 hectáreas depredadas; y en Puno, en la parte alta de la cuenca del río Ramis y Suches, la cifra llega a 94,000.

Paralelamente, dijo, continuará la destrucción de plantas donde se procesa el oro ilegal, labor que se ha desarrollado a la fecha en las regiones Ica y Arequipa.