La Universidad Nacional de Cuyo, particularmente la Facultad de Ingeniería, mantiene bajo siete llaves un informe sobre la autenticidad o no y las condiciones técnicas en las que la casa de altos estudios hizo una certificación de reservas del yacimiento Cerro Dragón, en la provincia de Chubut, durante las negociaciones de la prórroga de concesión de los pozos más ricos del país, hasta el año 2047. La participación de la universidad mendocina fue importante porque habría certificado reservas en existencia sólo por ocho años, de acuerdo a exposiciones que funcionarios provinciales de entonces hicieron a la legislatura de Chubut en 2007, cuando se hicieron estas negociaciones. En esas condiciones, la certificación de la universidad cuyana habría servido para mejorar la negociación en favor de Pan American Energy, la empresa petrolera argentina que entonces pertenecía en un 60 % a la Bristish Petroleum y un 40 % a Carlos y Alejandro Bulgheroni, y que en definitiva explotará Cerro Dragón por 34 años más.

El debate por Cerro Dragón se reavivó semanas atrás, cuando se supo que la empresa British Petroleum, principal accionista de Pan American Energy, hizo una autodenuncia por pago de sobornos para acceder a la prórroga del contrato del yacimiento, ante la Security Exchange Commission, una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos que controla la transparencia de las operaciones bursátiles. Aquella denuncia de BP desencadenó un escándalo político en la Argentina, que involucra de manera transversal a dirigentes del oficialismo y del peronismo opositor, y también a funcionarios y ex funcionarios. El principal es el ministro de Planificación Julio De Vido. El ex gobernador chubutense Mario Das Neves –enfrentado al gobierno nacional- y varios de sus ex funcionarios también, y salieron a defender la transparencia del contrato. Sin embargo ya hay seis denuncias penales por los supuestos sobornos. Dos de ellas, de Das Neves y de Vido, son autodenuncias. Hay una más del gobierno provincial de Chubut, otra de la oposición en la misma provincia, y una de Elisa Carrió en la que denuncia a funcionarios por cohecho. Además, está la investigación administrativa de la SEC en los Estados Unidos, y un sumario administrativo en la UNCuyo para deslindar responsabilidades por la sospechada certificación de reservas.

Aquí puede verse parte de la documentación de la UNCuyo sin firmar, y donde explica que las posibilidades de exploitación del yacimiento van del 10 al 55 %.

Ayer, autoridades de la Facultad de Ingeniería se reunieron para analizar el informe que fue pedido por los senadores nacionales radicales Laura Montero y Mario Cimadevilla. Pero no lo difundieron, aunque ya está terminado. “Se lo vamos a entregar el lunes al rector de la Universidad, Arturo Somoza, porque a él se lo han pedido los senadores” dijo a este diario el ingeniero Daniel Fernández, vicedecano a cargo de la conducción de la Facultad. Ante la insistencia por los resultados del informe, aludió a la “confidencialidad entre las partes”. La elusión del Ingeniero Fernández es extraña. La certificación de reservas que la UNCuyo hizo de Cerro Dragón está en un expediente público de la provincia del Chubut, en la justicia de aquella provincia en un caso resuelto sin secreto de sumario, y circula generosamente. Cualquiera que lo necesite puede pedirlo. Además, lo que se trata aquí es de dilucidar si el informe es auténtico o no. El senador nacional Mario Cimadevilla ha denunciado, por ejemplo, que la certificación “no tiene firmas”, algo que se puede ver en las copias autenticadas del expediente de PAE.

La actividad en Cerro Dragón pasó a los grandes titulares nacionales y a la cobertura mediática plena en junio de 2012, cuando un desprendimiento gremial de la UOCRA y de Petroleros llamados “Los Dragones” tomaron el yacimiento durante semanas y provocaron destrozos terribles

En este yacimiento se producen unos 100.200 barriles diarios de petróleo, el 17 % del crudo nacional. Para reprimir esa rebelión el gobierno nacional envió gendarmes, y 9 de ellos y tres civiles murieron en un terrible accidente en la Ruta Nacional 3, regresando del yacimiento.

Como sea, parece que el rector Somoza –que ya era el titular de la UNCuyo cuando se hizo la certificación de reservas- tendrá el informe el lunes. A pesar del incomprensible hermetismo sobre datos que deben ser públicos y transparentes, alguna información se ha filtrado. El diario patagónico “El Chubut” publicó la semana pasada que “…una fuente de la universidad les habría dicho informalmente a los senadores (Montero y Cimadevilla) que en el caso de Cerro Dragón, la certificación pudo haber sido firmada por la universidad, pero los peritos habrían sido propuestos por el Ministerio de Planificación” que conduce Julio De Vido. El ministro es uno de los funcionarios sospechados y fue denunciado penalmente por Elisa Carrió en este caso.

En la compulsa a la universidad, los senadores querían acceder a toda la información documentada sobre la certificación de reservas de Cerro Dragón. Los legisladores nacionales solicitaron a la UNCuyo el nombre de los profesionales que intervinieron, las condiciones de la contratación, los fundamentos técnicos y “toda información que resulte pertinente; en virtud que dicho emprendimiento corresponde a una concesión investigada por la justicia y denunciada por la British Petroleum ante la “Security and Exchange Commission” (SEC)” dijeron en un comunicado días atrás. Los Senadores Nacionales manifestaron que “la finalidad del pedido de informes es aportar claridad y transparencia para despejar dudas en el accionar de la Universidad”.

El informe de certificación de reservas que hizo la universidad en 2007 tiene algunas curiosidades. Además de que sus hojas no están firmadas –algo que debería haber ocurrido folio a folio, según una fuente de la Facultad de Ingeniería, parte del trabajo lo firma el Ingeniero Jorge Valdez Rojas, un profesional ampliamente conocido en el mundo del petróleo, pero que no trabajó nunca en relación de dependencia para la universidad ni habría hecho otras certificaciones para la UNCuyo. Las iniciales de Valdez Rojas aparecen en parte del informe. Otra firma del expediente es del ex decano Eduardo Manfredi, quien se jubiló poco después. El ingeniero Manfredi no recordó aquella certificación ni haber participado de los trámites, según la consulta realizada por MDZ Online.

Habrá que esperar el largo feriado de Samana Santa. La Universidad debe decir quiénes fueron los ingenieros que participaron, si efectivamente se los cedió, impuso o propuso el ministerio de Julio De Vido, cuáles fueron las reservas certificadas y por qué hubo tanta diferencia con la enorme explotación petrolera producida después. Deben explicar además si la universidad cobró por aquella certificación y cuánto, cómo fueron seleccionados los ingenieros que participaron, y –finalmente- si los datos con los que trabajó el ingeniero Valdez Rojas eran propios o fueron proporcionados por la propia PAE. La duda además es cómo el ingeniero Valdés Rojas que no estuvo siquiera contratado por la UNCuyo en esa época, apareció firmando la documentación técnica del informe.

Es clave dilucidar las dudas, toda vez que el contrato en su totalidad está sospechado de sobornos de acuerdo a la denuncia de Bristish Petroleum en la SEC. Y debe demostrarse con exactitud el rol que le cupo a la universidad en aquella prórroga de concesión.

La certificación de la UNCuyo no es la única “pata mendocina” del caso. En el marco de este caso, la British también denunció ante la SEC una “triangulación” de áreas petroleras, en la que participaron empresas del grupo Vila-Manzano. Básicamente, un consorio presidido por José Luis Manzano le vendió a Pan American Energy unas áreas marginales por las que PAE pagó 47 millones de dólares, aunque luego se demostró que allí no había petróleo de valor comercial en cantidad suficiente. PAE pagó, pero se deshizo de las áreas poco después. En su autodenuncia, BP supuso que esta triangulación tuvo que ver en el circuito supuesto de los sobornos, si es que existieron, algo que se investiga en la SEC y en media docena de juzgados, aunque la petrolera ha negado todo tipo de irregularidad, al igual que todos los funcionarios que poarticiparon.

Por lo pronto, el lunes se sabrá qué rol le cupo a la UNCuyo en el proceso de concesión, cuando se conozca el informe elaborado por la Facultad de Ingeniería. Es importante aún si fuese intachable de legalidad, porque las dudas de los legisladores son severas. Los folios sin firmar, los datos que no resultaron certeros y la participación de ingenieros que no trabajaban para la UNCuyo alentaron las sospechas.